Editorial
Más recursos, mayor responsabilidad
No fueron meses de espera, sino años. El primer planteo del socialismo sobre la necesidad de reformar el esquema tributario de la provincia se produjo durante la gestión de Hermes Binner como gobernador. Sin embargo, aquellos intentos resultaron inútiles por distintos motivos. Entre otros, porque aquel gobierno no se caracterizó por establecer un diálogo fluido con la oposición y con sus socios del Frente Progresista.
Cuando Antonio Bonfatti asumió la primera magistratura de la provincia, manifestó su intención de cambiar el rumbo y mantener contacto directo con cada uno de los actores de la escena política y social. De hecho, durante los primeros días de su gobierno, se reunió personalmente con los principales referentes sindicales, políticos y de entidades intermedias.
La necesidad de mostrar un estilo diferente de gestión era evidente, sobre todo a partir de un nuevo equilibrio de fuerzas: el oficialismo se había convertido en minoría en ambas Cámaras legislativas.
Bonfatti relanzó la idea de una reforma tributaria, en un contexto difícil. No sólo por la debilidad del oficialismo en la Legislatura, sino porque, además, la situación económica del país se complicó en cuestión de semanas, sobre todo luego de las elecciones presidenciales de octubre.
Lo que en principio fue presentado como un proyecto tendiente a modificar desde la raíz el esquema tributario provincial, haciéndolo más equitativo y progresista, terminó convirtiéndose en una cuestión de urgencias.
Los gastos se habían multiplicado, pero los ingresos -propios y por coparticipación- sintieron el freno de la economía.
Según la oposición, el socialismo había incrementado los gastos del Estado de manera irresponsable, sobre todo debido al nombramiento de personal político en distintas áreas de la Administración Pública. Según el gobierno, dichas designaciones resultaban necesarias y apenas representan el 0,4% del Presupuesto Provincial. Como suele ocurrir en estos casos, lo más probable es que ambas partes tengan algo de razón.
Lo cierto es que, en la Legislatura, el tratamiento del proyecto de reforma tributaria desató toda clase de enfrentamientos. El primero y previsible, entre oficialistas y opositores. Los otros, dentro del mismo Frente Progresista y en el seno del peronismo.
Luego de este largo y desgastante proceso que involucró nada menos que a dos gestiones de gobierno, la provincia cuenta al fin con un nuevo esquema impositivo. Seguramente tiene defectos, no es tan equitativo y progresista como imaginó el socialismo, ni productivista como reclamaban los actores económicos. Sin embargo, representará un alivio para las arcas del Estado, permitirá al gobierno saldar deudas, reanudar obras públicas paralizadas y auxiliar a municipios y comunas urgidos de fondos.
Ahora es momento de exigirle al gobierno que administre con prudencia; a la oposición, que controle sin resentir la gobernabilidad; y a los gremios estatales, que actúen con sensatez y comprendan que la discusión salarial no debe ser reabierta hasta principios del año próximo.
