editorial

Los recursos del fondo soja

Con un fuerte empuje de justicialistas y radicales, la Cámara de Diputados votó un proyecto de ley estableciendo cómo se deberán distribuir los dineros girados por la Nación por el llamado Fondo Federal Solidario, comúnmente llamado Fondo Soja, dándole mayores recursos a los municipios y comunas en detrimento del Poder Ejecutivo provincial.

En caso de que el Senado sancione el texto sería una ley que entrará en juego con una serie de decretos que dieron origen al cobro de retenciones a la soja y sus derivados, luego a la decisión del Poder Ejecutivo nacional de girar parte de esos recursos a las provincias y, por último, del gobernador santafesino de distribuirlo entre los municipios y comunas.

El 20 de marzo de 2009, la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, mediante un decreto de necesidad y urgencia creó este fondo con el 30 por ciento de lo recaudado por las retenciones a la exportación de soja y derivados. Su objetivo: “financiar en provincias y municipios obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes”.

El entonces gobernador Hermes Binner dictó enseguida el decreto 0486 que dispuso que los recursos que llegan a la provincia por este concepto quedarán así distribuidos: un 70% en manos del Poder Ejecutivo, y el 30% entre municipios y comunas de acuerdo con los índices vigentes de coparticipación.

Los recursos del fondo soja fueron y son un paliativo importante, y en momentos de estrechez económica le permitieron tanto al Estado provincial como a los diversos municipios y comunas seguir adelante con la obra pública. El presupuesto del corriente año prevé 750 millones, de los cuales 97 terminarán en Santa Fe y Rosario; 80 entre las 50 municipalidades restantes y 46 entre las más de 300 comunas.

Legisladores justicialistas y radicales con proyectos diferentes entienden que el reparto debe hacerse por mitades y las diferencias surgen a la hora de la distribución secundaria, ya que muchos opositores pretenden cambiar los parámetros de coparticipación tomando variables como cantidad de hectáreas de los distritos o de habitantes. En algunos casos los argumentos son entendibles, pero afectan a las ciudades de Santa Fe y Rosario hoy en manos de administraciones del Frente Progresista.

El debate es saludable en una de las principales provincias productoras de soja y cuyos aportes al fisco nacional son millonarios. Pero sería interesante que con el mismo ímpetu puesto en sacarle recursos al Ejecutivo, la dirigencia política santafesina -de todo el arco político- gestionara cambios en el sistema de reparto del gobierno nacional. En especial en retenciones a productos agropecuarios, tributo impuesto en forma provisoria -en medio de la crisis de 2002- pero que parece transformarse en permanente debido a las necesidades de caja de los gobiernos de turno.