Enfrentamiento en el Consejo de la Magistratura
Medios: la Corte en el fuego cruzado
Luego de que el gobierno nacional involucrase ayer a la Corte Suprema en el conflicto desatado en el Consejo de la Magistratura por la designación de un juez que debe resolver sobre la Ley de Medios, desde la oposición se denunció la existencia de un “apriete” del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
La nueva embestida del gobierno, en manos del ministro de Justicia Julio Alak, se generó en el medio de las reuniones que las propias autoridades de la Corte Suprema de Justicia habían motorizado con los tres jueces que integran el órgano encargado de elegir y destituir magistrados. Si bien en un primer momento se había especulado con una reunión conjunta entre esos consejeros y las autoridades de la Corte, los jueces Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco recibieron primero al camarista Ricardo Recondo, acusado por Alak de demorar el nombramiento de magistrados, y luego a los dos jueces más cercanos al oficialismo, Mario Fera y Alejandro Sánchez Freytes.
Mientras oficialmente sólo se indicó que las autoridades de la Corte habían sido “informadas” por los consejeros de la situación, trascendió la “preocupación” del Tribunal por la “falta de resolución” en la designación de los jueces entre ellos el que debe resolver la Ley de Medios y el pedido de los magistrados para que “se llegue a una solución”.
En tanto, el ministro Alak involucró al máximo organismo de Justicia y a la Procuración General de la Nación ante lo que consideró un “bloqueo injustificable” en la designación de jueces en la Cámara Nacional Civil y Comercial de la Capital Federal.
Alak informó que se reclamará a la Corte “en su rol de cabeza” del Poder Judicial que “resuelva esta irregularidad” y que declare “la nulidad del mecanismo rotatorio establecido para designar jueces suplentes o subrogantes”.
El ministro habló de una “demora deliberada en la cobertura (por parte) de la minoría en el Consejo de la Magistratura, de los representantes de la UCR, de los representantes de los abogados y al juez (Ricardo) Recondo” para designar a un juez que resuelva “la medida cautelar” que, dijo, vence el 7 de diciembre.
En ese sentido, aseguró que le pedirá a la Procuración General de la Nación, a manos de Alejandra Gil Carbo, que se investigue si alguno de los consejeros pudo haber incurrido en delitos por este “injustificado bloqueo” al concurso 258, que designaba a un juez para resolver sobre la inconstitucionalidad del artículo 161 de la ley de medios.
Recondo prefirió llamarse a silencio, al igual que sus pares del Consejo más allegados al oficialismo -Fera y Sánchez Freytes- que habían estado reunidos con la Corte.
Se espera que el próximo miércoles se conozca qué pasará con el concurso 258 -que debe fijar un juez para la causa por el llamado 7D- porque ese día se reunirán los miembros de la comisión de Labor del organismo para definir los futuros pasos.
Pero fueron los propios consejeros considerados opositores los que salieron a rechazar las afirmaciones de Alak y denunciaron que se estaba tratando de “apretar” al Poder Judicial para que el gobierno “pueda poner a dedo” un magistrado en la causa por la Ley de Medios.
