EDITORIAL

La seguridad y un complejo escenario

Son días complicados para el gobierno de la provincia. La detención del jefe de Policía, Hugo Tognoli, sospechado de supuestos vínculos con el narcotráfico, representa un verdadero impacto político para la gestión de Antonio Bonfatti.

A estas alturas, lo ocurrido permite sacar algunas pocas conclusiones: no hay sospecha sobre relaciones de corrupción entre la policía y el poder político. Ni siquiera los más acérrimos opositores han planteado la probabilidad de que funcionarios gubernamentales pudieran estar involucrados en los presuntos delitos que investiga la Justicia Federal. Sí hay una extendida reacción del justicialismo motorizada por la oportunidad de sacarle provecho político a la situación.

El caso, que estalla en un terreno de creciente complejidad delictiva, deja a la intemperie al gobierno santafesino, pero también desnuda la inexistencia de un plan nacional de lucha contra el narcotráfico. Es que el flagelo azota al país entero, un país de fronteras permeables y un espacio aéreo que sigue adolesciendo del adecuado control por radar; también de una Dirección de Migraciones vaciada de voluntad de control, actitud que se traduce en el ingreso constante de personas con antecedentes delictivos que abandonan sus países de origen para relanzar o secuenciar sus actividades ilícitas en la Argentina, fenómeno que, además, genera fuerte contaminación en sectores de las fuerzas de seguridad, de la Justicia y la política.

Por lo tanto, el cuadro de situación es muy grave. La capacidad de cooptación de los narcotraficantes es tan grande como su abultada billetera. Y el personal policial, en general está mal pago y tiene poco respaldo del poder institucional, aspectos que, asociados, han ido erosionando su adhesión a un sistema legal en el que han dejado de creer. Ese proceso de disolución interior de su formación como agentes de seguridad, los expone en la calle a los cantos de sirena de la ilicitud, que están a la vuelta de cada esquina.

A su vez, la obscena secuencia de casos de corrupción con dineros públicos que emergen a la superficie y con demasiada frecuencia son volatilizados en los vericuetos de los procedimientos judiciales, no sólo han quebrado la confianza de la ciudadanía en las instituciones, también ha mellado las convicciones de los agentes y el respeto a sus superiores.

El problema, por lo tanto, excede la circunstancia de un gobierno. Tiene amplitud nacional y amenaza a la sociedad en su conjunto. La ocasión, es cierto, se presta en Santa Fe a una toma de ganancia política por parte de la oposición. Pero nadie debería olvidar que este problema requiere de una solución concertada por las fuerzas que aun creen que el reino de la ley es mejor que la inmanejable experiencia de la jungla.

Hoy al gobierno le cabe la responsabilidad de encontrar una respuesta que restaure, al menos en parte, la confianza pública. Y a la Justicia, la de tramitar con agilidad procesal un caso cargado de connotaciones políticas. La sociedad merece saber lo que en verdad ocurrió con Tognoli.