Tras su condena por fraude fiscal

Berlusconi no deja la política

El ex presidente italiano anunció hoy su deseo de intentar “reformar la actual Justicia”, después de que un Tribunal de Milán lo declarase culpable en una causa relacionada con su consorcio mediático Mediaset.

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Para Berlusconi esta es su cuarta condena en primer grado de un total de 33 procesos, aunque no cuenta con ninguna sentencia en firme. Foto: Agencia EFE

 

Agencia EFE

El ex presidente del gobierno italiano Silvio Berlusconi anunció hoy su intención de permanecer en la política “para reformar la actual Justicia”, después de que un Tribunal de Milán le condenase a 4 años de reclusión por un fraude fiscal en su consorcio mediático Mediaset.

Berlusconi había anunciado esta semana que no se presentaría como líder de su partido el Pueblo de la Libertad (PDL) a las próximas elecciones previstas para abril de 2013.

“Me siento obligado a seguir en política para reformar el planeta justicia, para que a otros ciudadanos no les pase lo que me ha pasado a mí”, dijo Berlusconi en una entrevista al canal televisivo “Canale 5”.

Berlusconi, que esta semana anunció que se organizarán unas primarias para elegir el candidato del PDL a las próximas elecciones generales, no especificó que papel mantendrá en la política y en su partido.

La causa

El tres veces presidentes del gobierno fue condenado ayer a 4 años de cárcel y a entre 3 y 5 años de prohibición del desempeño de distintos cargos por un delito de fraude fiscal en la compraventa de derechos de películas en el llamado caso Mediaset. italiano.

El político y empresario, de 76 años y quien el pasado miércoles anunció su renuncia a presentarse para ser elegido de nuevo primer ministro en los comicios de la próxima primavera, fue conminado además a pagar de modo provisional 10 millones de euros al Fisco italiano.

Berlusconi se beneficiará de la ley sobre indultos 241 de 2006, por la que se le condonarán tres de los cuatro años de prisión y la inhabilitación para cargos a la que ha sido condenado no empezará a contar hasta que la sentencia sea firme, tras una eventual tercera instancia.

En concreto, el ex primer ministro fue inhabilitado durante tres años para cargos en entidades jurídicas y empresas y se le prohibió el contacto con la administración pública durante el mismo periodo, mientras que son cuatro los años de inhabilitación en materia de asistencia tributaria y cinco en cargos públicos oficiales.

Este caso se refiere a la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de Mediaset (el grupo audiovisual de Berlusconi) entre 1994 y 1999, bajo la sospecha de un aumento artificial del precio real de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero. Los magistrados cifran además en 17.500 millones de liras en 2000, en 6,6 millones de euros en 2001, unos 4 millones de euros en 2002 y unos 2 millones de euros en 2003 la cantidad de dinero objeto de esta “evasión muy considerable” en la que participó Berlusconi.

La adquisición de los derechos por valor de 470 millones de euros para el grupo empresarial Fininvest al que pertenece Mediaset se realizó a través de dos sociedades extranjeras, la Principal Network Communication y la Principal Network, y de otros intermediarios, entre ellos Agrama.

Los jueces estiman que este sistema permitió a Mediaset, el grupo audiovisual italiano al que se le vendieron después esos derechos comprados a las productoras estadounidenses, inflar los costes, creando así “fondos ocultos” con que evadir al fisco italiano.

Decenas de procesos

Este era uno de los tres procesos que Berlusconi tenía abiertos junto al del llamado caso Ruby (abuso de poder e incitación a la prostitución de menores) y al de la publicación de escuchas telefónicas de procedencia ilícita en el diario “Il Giornale”. Para Berlusconi esta es su cuarta condena en primer grado de un total de 33 procesos, aunque no cuenta con ninguna sentencia en firme, y se ha beneficiado de la prescripción de los delitos de los que se le acusaba en seis casos, el último el pasado febrero en el caso Mills por corrupción en acto judicial.