EDITORIAL

Bajo alerta institucional

La secuencia de actos del Partido Justicialista que desembocó en plantear la posibilidad de una intervención federal a la provincia, provoca vértigo por la velocidad con que se desarrolló, pero también por la pavorosa liviandad con que se llegó a una sugerencia de tal extremo de gravedad e implicancias institucionales.

La cada vez más evidente debilidad de la causa judicial contra el ex jefe de Policía Hugo Tognoli fue compensada, en la escena pública, con una verdadera campaña de explotación y exacerbación política de los escasos datos del expediente: imputaciones de tenor cada vez más alto sobre la indolencia o “complicidad” del gobierno provincial con el narcotráfico, derivación del asunto a un supuesto descontrol y corrupción generalizada de la policía, portazo de los legisladores nacionales justicialistas al gobernador, acuñación y festejo del término “narcosocialismo” en el Congreso, sanción de una emergencia en seguridad tendiente a condicionar al Ejecutivo y, finalmente, casi como derivación natural de una escalada acompañada con declaraciones furibundas y pintadas callejeras, la idea que el gobierno nacional pudiera desplazar a las autoridades santafesinas. Una línea de lectura que no puede ser minimizada por las posteriores aclaraciones del presidente del PJ, o la pretensión de que sus dichos -vertidos a la salida de una reunión partidaria- debían ser tomados a título personal.

En rigor, y si no fuese en este contexto y como corolario de la secuencia expuesta, nadie podría tomarse en serio la sola mención de la intervención federal. Así resulta del más elemental sentido común y una valoración honesta de la realidad política de la provincia, pero también de las causales taxativas que, en su artículo 6, establece la Constitución Nacional para dar pie a este remedio de excepción: la necesidad de “garantizar la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades que hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasiones de otra provincia”. No parece que ninguno de estos supuestos tenga correlato con la situación santafesina donde, de hecho, no solamente los poderes del Estado se hallan funcionando en plenitud de sus facultades, sino que incluso uno de ellos está controlado por una mayoría del mismo partido que gobierna a nivel nacional.

Pero en un marco donde el poder central aprieta o ignora al Poder Judicial, patotea al Congreso para forzar la sanción de leyes, presiona y enfrenta a los medios periodísticos que no se pliegan al relato oficial, menoscaba a los organismos de control, fuerza el alineamiento de las provincias bajo pena de ahogo financiero y prepara el terreno para adaptar la Constitución Nacional a la medida de sus conveniencias, no parece que ajustarse estricta e incondicionalmente a las formas republicanas figure entre sus prioridades. Y la alarma está justificada.