El pin-ball judicial de la Ley de Medios
La Corte debe decidir sobre la cautelar que beneficia a Clarín
La Cámara debe convalidar o rechazar el fallo del juez Alfonso que declaró la constitucionalidad de la “cláusula de desinversión”. Pero a la vez, concedió el recurso extraordinario para que el Alto Tribunal resuelva si, mientras tanto, ésta no se aplica al grupo. Piden hoy el “per saltum”.
Las dos caras del conflicto: Ricardo Lorenzetti aparece señalado ahora por algunos sectores ultrakirchneristas como enemigo del gobierno, y le siguen atribuyendo intenciones presidencialistas. Martín Sabbatella, el titular de Afsca, empezó la semana con lo que el representante de la oposición en el organismo calificó como “un gesto para la tribuna”: irrumpió en las oficinas de Clarín para notificar que empezaba la desinversión. Fotos: DyN
De la redacción de El Litoral
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolverá sobre la prórroga a la medida cautelar que impide aplicar dos artículos de la Ley de Medios al Grupo Clarín, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal concediera el recurso extraordinario contra esa medida presentado por el Gobierno.
La sala I de ese tribunal de apelaciones habilitó el camino al máximo tribunal del país en una resolución donde aclaró expresamente que será con “efecto devolutivo”, es decir que la extensión de la cautelar sigue vigente, según el escrito firmado por los camaristas Susana Najurieta y Francisco de las Carreras.
El recurso se interpuso contra la decisión de la Cámara que el 6 de diciembre pasado prorrogó la cautelar que vencía el 7 hasta tanto haya sentencia de fondo en la causa por la constitucionalidad de esos artículos. La fecha del 7 de diciembre había sido resuelta por la Corte Suprema como tope para la vigencia de la medida cautelar si no había en la causa sentencia de fondo, dictada el viernes último después de tres años de trámite.
El viernes pasado el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso falló a favor de declarar constitucionales los aspectos cuestionados de la ley y ordenó el levantamiento “inmediato” de toda medida cautelar.
Pero esta decisión fue apelada por el Grupo Clarín y Alfonso concedió la apelación con efecto suspensivo de esa decisión que él había tomado con respecto a la cautelar.
En tal sentido, lo que la Corte debe resolver ahora es estrictamente la vigencia o no de la cautelar. Con respecto a la cuestión de fondo, quien debe hacerlo es la Cámara. No obstante, el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció que el gobierno presentaría hoy un recurso de “per saltum” para que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la constitucionalidad de los dos cuestionados artículos de la ley de medios.
Para el constitucionalista Eduardo Barcesat, luego de que el juez Horacio Alfonso aceptara la apelación del Grupo Clarín, el gobierno puede pedir el recurso ya que “están dadas las condiciones” para hacerlo, dado que aún no hay fallo de segunda instancia. Claro que, en tal caso, también será la Corte la que decida si acepta o no el pedido de “per saltum” o espera que la causa le llegue por la vía habitual de la apelación al fallo de segunda instancia.
Que aportemos la información y que ustedes discutan y opinen es para nosotros fundamental en la sociedad democrática”.
Ricardo Lorenzetti,
en su mensaje a los periodistas.
Imputación penal a consejeros y camaristas
El fiscal federal Gerardo Di Masi imputó a los cinco integrantes opositores del Consejo de la Magistratura de la Nación y a los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal por presunto “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en el marco de la causa por la Ley de Medios.
Lo hizo al impulsar la investigación de la denuncia penal que el gobierno nacional presentó contra los consejeros y los camaristas en la que el juez federal Luis Rodríguez ya cuenta con las primeras medidas de prueba, tras entender que hay elementos que permiten la investigación, informaron fuentes judiciales.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, habían denunciado a mediados de octubre que los consejeros opositores se negaron a tratar el Concurso 258 para cubrir cinco vacantes en los juzgados de primera instancia del fuero Civil y Comercial Federal, entre ellos el juzgado número 1, donde se tramitaba la causa de la Ley de Medios. Se trata del diputado radical Oscar Aguad, el senador de la UCR, Mario Cimadevilla; el juez de la Cámara Civil y Comercial Federal, Ricardo Recondo y los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky, quienes rechazan el concurso por presuntas cercanías de los candidatos con el gobierno. El Poder Ejecutivo también denunció a los jueces de la Cámara por eventuales irregularidades en la designación de magistrados de primera instancia para el juzgado 1, a través de subrogancias rotativas de una semana y de sorteo con “papelitos“ para elegirlos, en lo que definió como violación al régimen de reemplazos.
“La homogeneidad no es buena”
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzettti, defendió la libertad de prensa y sostuvo que el Poder Judicial “necesita” a los periodistas para que la sociedad pueda entender sus fallos.
“La relación de la Corte y de todo el Poder Judicial con el periodismo es una relación institucional, firme y duradera”, sostuvo el presidente del máximo tribunal. También se mostró abierto a las críticas de los fallos siempre que, advirtió, sean “honestas y de buena fe” porque -dijo- “no es buena la homogeneidad de ideas”.
Las palabras de Lorenzetti se enmarcaron en el brindis con la prensa al que convocó la Corte con motivo de las fiestas de fin de año, pero fueron dichas a la luz de las duras críticas vertidas por el gobierno hacia la labor judicial y en medio de un conflicto clave para los medios, como es la causa del Grupo Clarín.
“Esta reunión no es sólo un brindis. Tiene una gran significación y es mostrarles nuestro respeto (a los periodistas) por la labor que ustedes hacen. Todo el Poder Judicial los necesita”, dijo Lorenzetti.
El titular de la Corte encabezó la reunión en el Salón Oval del Palacio de Tribunales junto a sus pares, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda. No estuvieron, en cambio, Carlos Fayt, Enrique Petracchi ni Eugenio Zaffaroni.
En un discurso de poco más de siete minutos, Lorenzetti defendió la creación del Centro de Información Judicial (CIJ), que pertenece al área encargada de la difusión de los fallos y señaló que el portal “está dentro de un marco más general que es la idea de un ‘gobierno abierto’, es decir, dar cuenta de todo lo que hacemos”.
El ministro señaló luego que es importante que “el pueblo pueda entender los argumentos que dan los jueces” y de los magistrados dijo que “tenemos la responsabilidad de explicar por qué tomamos una decisión en un sentido o el otro”.
