EDITORIAL

Mal servicio de las telefónicas

El Ministerio de Planificación Federal acaba de multar a los grupos Telefónica, Telecom y Claro por un total de 372.190 pesos, debido a un cúmulo de reclamos presentados por los usuarios frente a problemas en la facturación, por averías y deficiente prestación del servicio.

No es la primera vez que una situación similar se plantea. De hecho, desde el mismo Ministerio se informó que en 2012 se impusieron a estas mismas empresas 30 multas por más de 200 millones de pesos, las cuales siguen su proceso administrativo.

Cuando en los 90 el gobierno nacional decidió privatizar a la estatal Entel, la mejora en los servicios prestados por las telefónicas que comenzaron a operar en el país fueron evidentes, más allá de las irregularidades que pudieron haberse cometido en los procesos licitatorios. Atrás quedaban décadas de profundo atraso tecnológico, falta de inversión y una burocracia estatal que mantenía a los argentinos efectivamente incomunicados.

Sin embargo, los años pasaron y entre los usuarios de estos servicios se produjo un retroceso en los niveles de satisfacción. Tanto es así, que las quejas por deficiencias en la telefonía ocupan los primeros lugares en cada una de las listas de reclamos de organismos privados y estatales destinados a velar por un correcto servicio a los consumidores.

El senador nacional por Santa Fe, Rubén Giustiniani, acaba de quejarse públicamente porque no logra que en el Parlamento se trate un proyecto de su autoría, por el cual se declara a la telefonía celular como un servicio público, atado a una serie de controles y obligaciones fijadas por el Estado.

El legislador denunció que en la Argentina rigen algunas de las tarifas más caras del mundo, el minuto cuesta el doble con tarjeta prepagas y, a diferencia de lo que ocurre en otros países, estas tarjetas tienen vencimiento. Otra falencia es la falta de controles adecuados a la hora de vender líneas de celulares, lo que permite a cualquier persona acceder a un número de teléfono bajo una identidad falsa. Pero desde las telefónicas no se hacen responsables de estas irregularidades, que colocan a las víctimas del robo de identidad frente al riesgo de que esos celulares sean utilizados, por ejemplo, para cometer delitos.

El avance de la telefonía celular -existen en el país más de 40 millones de teléfonos móviles- provocó, además, una grave desatención de las empresas sobre el servicio que brindan a través de líneas fijas o domiciliarias.

Un ejemplo en este sentido se observa en estos momentos en la ciudad de Santa Fe y zona de influencia, donde numerosos clientes llevan más de cuarenta días sin teléfono, luego de la tormenta que afectara a toda la región el pasado 16 de diciembre. A pesar de la insistencia de los usuarios en reclamar la reparación de sus líneas, no obtienen respuesta alguna.

En muchos casos, los perjuicios provocados por esta desatención se agravan porque muchos clientes contratan, además de la línea domiciliaria, el servicio de internet hogareño. Por lo tanto, también permanecen desconectados de internet.