Esperando la vigencia del nuevo Código Procesal Penal

Sugieren incorporar nuevas figuras para la obligatoriedad del juicio oral

 

Entre otras, piden sumar el homicidio, abuso de armas, abuso sexual, corrupción de menores, abigeato y asociación ilícita. La iniciativa es del diputado Santiago Mascheroni, quien destacó que se trata de los delitos de mayor impacto en la opinión pública.

De la redacción de El Litoral

[email protected]

La incorporación de nuevas figuras delictivas para el juicio oral en el inicio de la vigencia plena del nuevo instituto es postulada en un proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados por el radical Santiago Mascheroni “con los delitos de mayor impacto en la opinión pública” según resaltó.

La propuesta pasa por incorporar un nuevo artículo a la ley 12.912 que regula la implementación progresiva del nuevo sistema de justicia penal de la provincia. Las figuras a incorporar a la oralidad son homicidio; lesiones; abuso de armas; abuso sexual; corrupción o prostitución de menores, explotación económica de la prostitución o difusión pornográfica; hurto calificado; robo con uso de armas; abigeato; extorsión agravada; asociación ilícita; malversación de caudales públicos así como todo delito cuyo autor o autores fueren sorprendidos o detenidos en flagrancia.

Estas figuras se sumarán a las incluidas en la ley de transición y ampliadas en primer término en noviembre del 2009 con el dictado de la ley 13.038.

Tras el dictado del nuevo Código Procesal Penal en el año 2007 se fueron sucediendo leyes para el funcionamiento de los nuevos institutos y para reglar la transición extendido incluso hasta nuestros días porque todavía es incierta la fecha efectiva de la vigencia.

La norma de transición definió como obligatorio el juicio oral en cinco delitos contenidos en el Código Penal: homicidio calificado; abuso sexual seguido de muerte; tortura seguida de muerte; enriquecimiento ilícito y robo agravado.

Después, la Legislatura incorporó un artículo bis a la ley de transición, incluyendo otros delitos para el juicio oral: homicidio y lesiones gravísimas en riña; abandono de persona calificado por el resultado muerte; abuso sexual calificado; robo calificado por lesiones gravísimas; incendio y otros estragos calificados por el resultado muerte; atentados contra la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave calificados por el resultado muerte; y envenenamiento o adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas calificados por el resultado muerte.

Las razones del proyecto

Mascheroni señaló que la iniciativa “se inscribe en la necesidad de adelantar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal extendiendo el universo de delitos inicialmente establecidos como obligatorios por ley”. Las nuevas figuras completan los tratamientos anteriores y en otros constituyen los delitos de mayor impacto en la opinión pública y la consideración de los niveles vinculados a la seguridad y la administración de justicia.

El legislador señaló que por los delitos contenidos en la original norma de transición existían a diciembre 215 causas correspondiendo 111 a homicidios calificados; 89 a abuso sexual agravado; 2 por robo con resultado de homicidio; 4 a homicidios en riña; 5 por incendio seguido de muerte y 5 causas por lesiones en riña. Con el agregado de los nuevos institutos ya establecidos en la ley no se ha registrado el ingreso de nueva causa.

Aclaró Mascheroni que sumar nuevas figuras al juicio oral “no puede significar colapso alguno” pero pide tener en cuenta “el fuerte reclamo para acelerar la plena aplicación de la nueva legislación procesal penal, y poco ayuda en ello esperar hasta haber logrado la totalidad de los recursos humanos e infraestructura, debiendo prorrogar como ha ocurrido hasta la fecha, o dejar librado a una evaluación futura la entrada en vigencia del nuevo Código. Hoy, esta demanda surge de los sectores afines a la administración de Justicia y de la propia comunidad, como asimismo es también una necesidad política que está por encima de banderías o posiciones de sector”.

En la parte final del proyecto, señala que la propuesta “representa un importante avance en la implementación de los beneficios del juicio oral y de la superación de un método inquisitivo, aún de aplicación en nuestra provincia, por lo menos en los delitos obligatorios ya determinados y de los que hoy se intenta establecer como obligatorios, especialmente el homicidio, el abuso de armas, el robo con uso de arma de fuego, los delitos aberrantes con menores como víctimas, el abigeato y el delito flagrante, entre otras cuestiones”.

Para el funcionamiento del sistema penal de la provincia se necesita el nombramiento de una serie de fiscales y defensores para varios asientos judiciales, proceso que se frustró el año pasado cuando el justicialismo cuestionó concursos realizados en el ministerio de Justicia y amenazó con rechazar todos los pliegos.

A las críticas al sistema de selección de candidatos -no sólo para el sistema penal, sino para toda la justicia- se sumaron algunos colegios de abogados y el Colegio de Magistrados.

Sobre fin de año, el gobernador Antonio Bonfatti dictó un nuevo decreto sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura que todavía no fue analizado por estos colegios ni por legisladores ya que ambos poderes se encuentran en receso veraniego.

No obstante quien adelantó opinión personal sobre el decreto fue el presidente del Colegio de Magistrados, Daniel Rucci. En declaraciones a LT 10, destacó que “en una lectura rápida, les puedo decir que no hay una modificación del diseño como esperábamos nosotros. No logramos la participación deseada que veníamos reclamando. Es más, pareciera que hay más discrecionalidad del gobernador para elegir. Hay que analizar el decreto en profundidad”, tema que se concretará el mes próximo.

Rucci agregó que “ya les puedo anticipar, que a nosotros no nos va a conformar este decreto. Yo no sé cuál será la repercusión que tendrá este decreto en la Legislatura. Ahora, lo que yo estimo es que tampoco va a conformar porque ellos también querían más participación”.

Personal

Uno de los institutos centrales del futuro sistema penal es el Ministerio Público de la Acusación que dictó la resolución 0030 publicada en el Boletín Oficial días atrás. Allí regula el ingreso a planta de empleados administrativos, choferes y personal con oficios para su futura organización. Dicho instrumento fue largamente discutido con la Corte Suprema de Justicia de la provincia y un anexo contiene todas las disposiciones.

Además, el Ministerio, a cargo de Julio de Olazábal, llamó a concurso para la cobertura de cargos jerárquicos de la administración.