EDITORIAL

Para silenciar voces críticas

Para la prensa de molde clásico es incómodo hablar de sí misma. Pero a veces no hay más remedio. La obsesión de la presidente con la prensa escrita no disciplinada al poder obliga a volver una y otra vez sobre la crítica relación entre el oficialismo y el periodismo en la Argentina de estos días.

Cristina Kirchner afirma que este es uno de los períodos de mayor libertad que haya experimentado el periodismo en el país, argumento que apuntala con la ausencia de causas penales -fueron derogados los tipos de calumnias e injurias- y no hay periodistas en las cárceles, situación que caracteriza a los regímenes totalitarios.

Sin embargo, estos dos aspectos -que son reales- no alcanzan a disimular la continua guerra de zapa que el gobierno practica contra los medios no sometidos a su arbitrio. La novedad radica en su planteo táctico: permanente descalificación discursiva y utilización de los recursos e instrumentos del Estado para dañar los cimientos de las empresas periodísticas. El objetivo estratégico es su destrucción. Para el gobierno es imperioso apagar esas voces molestas que revelan tramas ocultas del poder, desvíos normativos. prácticas antirrepublicanas, estafas intelectuales e inconfesables propósitos políticos y económicos.

Pero ahora las operaciones se hacen en silencio, con pretendido disimulo, como si no pasara nada. Se trabaja con la pauta publicitaria oficial -en constante incremento- para alinear soldaditos comunicacionales al precio de su sobrevivencia. De paso se interviene en el mercado de medios de comunicación, dándoles a unos y excluyendo a otros del gasto publicitario, discrecional reparto de dineros públicos que ya no atiende a ningún criterio objetivo de eficiencia comunicacional ni utilidad social. Es lisa y llanamente un despilfarro de recursos del pueblo empleados contra el derecho a la información de ese mismo pueblo, un ilegítimo sistema de subsidios encubiertos y un arma contra las empresas a las que se pretende desgastar, ya que se modifican artificialmente las condiciones de mercado en que se desempeñan los medios como vectores de la comunicación social.

Por si esto fuera poco, y en razón de que estas faccionalizadas tácticas de intervención oficial no logran apagar las voces críticas -sostenidas por audiencias mayoritarias-, el último ensayo táctico es tratar de minar sus bases económicas mediante la supresión de los avisos publicitarios de las grandes cadenas comerciales privadas sobre las que Guillermo Moreno ejerce sus depuradas artes de convencimiento.

Desde hace tiempo, en el ámbito de las grandes empresas anunciantes se habla por lo bajo de sugerencias de funcionarios del poder para que recorten sus pautas en los medios críticos. Ahora el hecho se concretó, aunque envuelta con celofán para regalo. Según el gobierno, todo se hace en el marco de un acuerdo no escrito para congelar los precios por dos meses en beneficio del pueblo consumidor. En consecuencia, dicen los funcionarios: ¿para qué se va a publicitar lo que permanece igual? El argumento es simplista, porque aun cuando el congelamiento fuera real, la competencia comercial persiste, tanto como el intento oficial de silenciar a las voces divergentes.