Una instancia pendiente en tribunales entrerrianos
Dos usuarias del viejo balneario son las únicas que reclaman
El barrio privado que se extendió sobre la protección del túnel no generó reclamos judiciales del ente por la invasión a su jurisdicción.
En primer plano la embarcación que hace las batimetrías en el lecho sobre el túnel. El club Náutico -tiene por 100 años sin cargo el dique donde se construyeron los tubos- presta el embarcadero y corta el pasto como única contraprestación.
Benito Geist
Sergio Lifchitz afrontó en 2011 una denuncia del programa CQC por levantar un muro para separar su country de un barrio populoso de la orilla paranaense, que se quedó sin acceso al río. Hoy el muro abrió ventanas enrejadas que por ahora despejan la vista pero no el complejo panorama jurídico.
Hasta aquí el barrio privado que se extiende sobre la manta de protección del túnel sorteó todo cuestionamiento legal entrerriano, en medio de un ruidoso silencio del ente interprovincial que administró el túnel en los últimos años y que nunca defendió en sede judicial lo más elemental de su jurisdicción.
Ricardo Musso, el actual director por Santa Fe del túnel, le mostró a El Litoral cómo está imposibilitado de acceder a los terrenos que deberían estar bajo jurisdicción del ente, y sobre los cuales no puede ni siquiera hacer el seguimiento del resguardo de la protección del enlace vial.
Lifchitz ya vendió varios lotes de su singular emprendimiento, pero no los puede escriturar. Las obras avanzan parcialmente pero no deberían hacerlo porque hay un expediente abierto en la Justicia entrerriana.
Dos particulares paranaenses invocaron el derecho ciudadano como usuarias del balneario municipal Los Arenales que funcionaba en las arenas que protegían al túnel. Irma Barriento y Adriana González plantearon la inconstitucionalidad del decreto de Busti que frenó la reivindicación de la propiedad pública, así como una medida cautelar para suspender los trámites de desistimiento por parte del gobierno provincial entrerriano.
En primera instancia la acción tuvo un fallo desfavorable; pero el juez no entró en la cuestión de fondo; entendió que las actoras no podían legitimar su acción (largamente fundamentada en la presentación) y la causa está ahora en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná.
El expediente judicial no tiene como actor al ente del túnel, aún cuando el country afecta terrenos bajo su jurisdicción.
En Santa Fe removieron parte de la protección
En la orilla santafesina,
los conflictos son menores pero no están ausentes. La provincia está tratando de recuperar terrenos ocupados por Hugo Alberto Teodoro Rodríguez, un ganadero paranaense -y proveedor de relevamientos catastrales del Estado entrerriano- que explota el lugar desde hace años.
En marzo de 2009, a instancias de Erwin Zwiener, por entonces director santafesino en el túnel, Rodríguez fue denunciado penalmente por haber usado canto rodado que era parte de la protección del túnel para consolidar el camino de acceso a los terrenos que mantiene ocupados.
En tiempos de creciente, llegó a levantar un corral ganadero perforando las losetas que están sobre la entrada santafesina del túnel, dentro de la zona de seguridad física del viaducto. En el lugar funcionó un feed-lot que ya fue levantado.
En 2008, la provincia expropió a Rodríguez un total de 83 hectáreas contiguas al túnel sobre la isla Santa Cándida; pero el ex propietario permanece ocupando el edificio que fuera del camping del túnel y explotando los bajos contiguos al río que están bajo dominio legal santafesino, de acuerdo con la nomenclatura catastral de la provincia.
El expediente judicial está virtualmente paralizado desde hace 4 años en el juzgado de instrucción de la sexta nominación de Santa Fe. El juez Sergio Ariel Carraro es el tercer magistrado que tiene el expediente en sus manos.
Rodríguez había llegado a esbozar un proyecto de barrio privado junto al túnel, similar al que Lifchitz lleva adelante en la orilla de Paraná. Ambos son socios en otros emprendimientos.
Una de las obras ya montadas sobre los terrenos del túnel y el acceso a la “caleta” que se ofrece como parte de un emprendimiento privado sobre lo que deberían ser dominios del ente interprovincial”. Foto: Mauricio Garín
El “camino asfaltado” exactamente arriba del túnel. El barrio tendió redes de gas donde no debería haber nada. Al fondo, se ve la estructura sobre el pórtico santafesino del túnel. Fotos: Mauricio Garín
Otro capítulo en una historia de despojos
“Tengo una enorme alegría de estar acá, con un amigo que siempre cuando hay algún problema nos llamamos por teléfono”, dijo Antonio Bonfatti sobre su par Sergio Urribarri en Paraná, el 31 de octubre del año pasado.
Al otro día, el mandatario entrerriano hizo pública la entrega en comodato por 30 años al club Patronato, de unas 4 hectáreas bajo jurisdicción del ente interprovincial del túnel y que fueron dispuestas por decreto del vecino mandatario (1.508/2012), pasando por alto al ente interprovincial.
Si bien los terrenos son originarios de la vecina provincia, fueron por ella afectados al túnel. Santa Fe no podría cuestionar que Entre Ríos tenga un nuevo estadio de sóftbol, o que haya un náutico donde el gobierno de facto desmanteló una fábrica de túneles. Pero se alarga la historia de terrenos bajo jurisdicción interprovincial, que terminan afectados a emprendimientos ajenos que generan recursos, mientras el túnel no tiene plata para el plan de obras.
El radical Hugo Marcucci pidió en la Legislatura santafesina informes sobre la cesión de los terrenos a Patronato; la iniciativa no prosperó, como tampoco un pedido del GEN en la Legislatura entrerriana, que viene postergando desde hace años varios proyectos sobre el socavón a los arenales o su apropiación por un particular.
La historia del despojo sobre los bienes del túnel subfluvial no es novedosa. Empezó con el incomprensible “desguace” de la dársena donde se fabricaron los tubos y la venta de la isla flotante. Pero no terminó allí.
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