Sobre la reforma judicial

Más críticas desde la ONU

La relatora especial Gabriela Knaul consideró “insólita” la reacción del gobierno argentino ante su llamado de atención sobre las cautelares. Y dijo que la politización del Consejo de la Magistratura pone en riesgo la independencia judicial.

De la redacción de El Litoral

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DyN

La relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, la brasileña Gabriela Knaul, advirtió hoy que “la Justicia no es un órgano político”, al renovar sus críticas a la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo.

Con los proyectos del gobierno “hay potencial riesgo de que se rompa la independencia” de la Justicia, remarcó esta mañana, dos días después de exhortar a la Casa Rosada a reconsiderar las iniciativas, lo que generó “malestar” en el kirchnerismo en lo que calificó de “insólita actitud”.

Knaul, en declaraciones a radio Mitre desde Brasil, sostuvo que “la democratización es importante, pero la Justicia no es del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo”, y enfatizó que “la Justicia no es un órgano político, es un órgano técnico que hace a la aplicación de la ley”.

Tras explicar que el informe se elaboró tras “recibir una denuncia sobre la reforma judicial”, la funcionaria de la ONU añadió ante radio Mitre que hasta el momento no recibió “una respuesta oficial del gobierno” ante la “carta enviada la semana pasada”.

“¿Por qué hay necesidad de hacer una vinculación de los miembros (del Consejo de la Magistratura) con los partidos políticos? Entonces no habrá una elección sobre fundamentos técnicos, va a ser una Justicia vinculada a ideas partidarias, y es una preocupación muy grande. La democratización es importante, pero es necesario pensar que la Justicia no es del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo”, subrayó.

Knaul agregó que su mandato “obliga a llamar la atención de los gobiernos cuando hay un potencial riesgo de que se rompa la independencia judicial. En este caso, me quedé muy preocupada y llevé la preocupación al gobierno, porque elegir los consejeros de la Magistratura por votación directa, y hacer que los jueces, abogados y académicos tengan que integrar partidos políticos y canalizar sus candidaturas a través de listas en una elección presidencial, genera una gran posibilidad de que se politice el Consejo”.

“Es el órgano que cuida de la administración de la Justicia, que apunta, remueve, sanciona a los magistrados. ¿Cuál será la garantía del ciudadano argentino de que tendrá acceso a un juez imparcial e independiente para decidir y juzgar su caso si sus derechos fueron violados?”, se preguntó.

También criticó la ley que modificó el régimen de medidas cautelares contra el Estado, de la que dijo que “contraría la posibilidad del ciudadano de tener una tutela judicial efectiva. Va a restringir el acceso a la Justicia”, lamentó.

Cuestionamientos de jueces jubilados

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Jubilados del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe manifestó su preocupación ante el tratamiento y curso que en el Congreso Nacional tienen los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional bajo el rótulo de “Democratización de la Justicia”.

“Los mismos contienen aspectos flagrantemente anticonstitucionales, que de convertirse en leyes, atentarían contra las garantías de los ciudadanos en general, y afectarían singularmente a los sectores sociales más vulnerables”, argumentaron.

Con la firma de Omar Bayón (presidente) y Dora Perna (secretaria), la entidad asume la necesidad de mejorar el servicio de Justicia, pero consideran que “la reforma propuesta, en diversas e inconexas áreas (designación, sanción y expulsión de jueces; multiplicidad de instancias que afectarían la razonable prontitud en las resoluciones; modificaciones esenciales a institutos procesales cautelares; preferencias puestas a favor del Estado como sujeto de derecho; etc.), trastrocarían gravemente garantías vitales como la división de poderes, la independencia de los jueces y el acceso a la tutela judicial efectiva a favor de todos los habitantes sin excepción, en pie de igualdad y sin desnaturalizaciones de ninguna índole”.

“Creemos que, dada la magnífica importancia y gravedad, la cuestión merece una mayor reflexión y aporte de toda la sociedad para realizar las renovaciones que todos merecidamente esperamos, basadas en el sostén del principio de división de poderes, sin injerencias indebidas en órbita alguna del Poder Judicial, todo lo cual hace a la tan ansiada y vapuleada seguridad jurídica, cuyas directas repercusiones padecerá la sociedad en su conjunto”, concluyen.

El dato

Reacción

• El martes, tras conocerse el crítico informe de Knaul -que sobre las cautelares dijo que tiene artículos que se contraponen con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- la Cancillería le reprochó “falta de imparcialidad, mesura y equilibrio”. Los planteos “se apartan no sólo de los estándares de ética profesional e independencia esperados del titular de un mecanismo especial como lo es la Relatoría, sino que por su falta de imparcialidad, mesura y equilibrio representa un desvío del mandato mismo encomendado a la Relatora”, fustigó el Palacio San Martín.