Contra el trabajo informal
Presunción fiscal para blanqueo de personal
Se focalizará en quienes ganen más de $ 500 mil.
De la redacción de El Litoral
El gobierno dispuso ayer por medio de la resolución general 3.492 que la Afip puede presumir que tienen personal a cargo aquellas personas físicas con ingresos brutos anuales superiores a los $ 500.000 y que tengan un patrimonio mayor a $ 305.000. De está forma, el Organismo les exigirá el pago de aportes por personal doméstico, choferes, y demás empleados en relación de dependencia de particulares.
“La posesión de ciertos bienes tales como aeronaves de uso particular, automóviles de alta gama, embarcaciones deportivas o de recreación, o propiedades, entre otros, hacen presumir que la persona física titular de los mismos requiere de la prestación de servicios personales realizados por quien se desempeña bajo relación de dependencia”, indica la resolución publicada en el Boletín Oficial.
En caso de que no se tenga a un empleado registrado, la Afip podrá declarar una deuda por aportes y contribuciones a la seguridad social. Esta medida regía sólo para las empresas y ahora también se aplicará a las personas físicas y familias.
Se justifica la medida debido a que “el flagelo del empleo no registrado alcanza índices superiores al promedio en determinadas actividades que, por sus características, dificultan la debida verificación y fiscalización por parte de esta Administración Federal”.
La resolución incluye a los particulares en el régimen de indicadores mínimos de trabajadores, sistema por el cual el ente recaudador presume cuál es la cantidad mínima de empleados que debería tenerse y cuál es la efectivamente contratada.
Esos indicadores que funcionaban hasta ahora sólo para sectores empresarios, fueron utilizados por los técnicos de Afip para presumir que determinada empresa tiene que tener una cantidad mínima de trabajadores para funcionar. Si detectaba un caso que funcionara por debajo de esos parámetros, se abría una investigación para detectar empleo no registrado y, en caso de probarlo, se intimaba al empleador a regularizar la situación.
