Funcionarios del menemismo

Juicio oral por los sobresueldos

DyN

Los ex ministros de Trabajo y de Justicia, Armando Caro Figueroa y Elías Jassan; la ex secretaria de Asuntos Institucionales, Adelina Dalesio de Viola, y el ex asesor del Ministerio de Defensa, Augusto Rodríguez Larreta, quedaron en los umbrales de un juicio oral y público por el presunto delito de “peculado” mediante el cobro de sobresueldos durante la presidencia de Carlos Menem.

La Cámara Federal rechazó un recurso de Casación que habían presentado contra la resolución que los procesó a fines del año pasado, por un delito que contempla penas que llegan hasta los 15 años de prisión.

Entre los acusados figuran también el ex titular de la DGI, Ricardo Cossio; el ex subsecretario de Trabajo, Alejandro Bramer Marcovick; el ex subsecretario de Acción de Gobierno, Félix Juan Borgonovo; el ex secretario de Industria y Comercio, Juan Schiaretti; el ex secretario de Energía Carlos Bastos, y el ex subsecretario de Inversiones del Ministerio de Economía, Guillermo Harteneck.

“Los encausados conocían que los complementos percibidos en forma paralela a su salario provenían de Fondos Reservados. Ello así, porque al poco tiempo de instaurado el sistema de sobresueldos, fue informado por los medios de comunicación y adquirió estado público”, sostiene el fallo, firmado por los jueces María Laura Garrigós de Rébori, Marcelo Lucini y Mauro Divito.

Los ex funcionarios “percibieron dinero proveniente de partidas presupuestarias asignadas a gastos reservados en virtud de la ley secreta número 18.302, en forma paralela a las remuneraciones establecidas legalmente”, a sabiendas de que no debían hacerlo, sostiene la resolución.

La Cámara Federal rechazó abrir el recurso porque la Casación es una instancia reservada a “las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.

Y en este expediente, agregó, “no se advierte que la resolución ocasione a los recurrentes un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior”. Los ex funcionarios aún pueden conseguir que la Casación revise su situación mediante un recurso de “queja”, pero esa instancia no es obstáculo para que la causa se debata en juicio oral y público.