editorial

Urgencia por politizar a la Magistratura

• Soslayado el debate parlamentario, el escenario para dirimir el destino de la Justicia argentina serán los propios tribunales. Y el kirchnerismo continúa desplegando artimañas para manipularlo en beneficio propio.
 

El proceso por el cual el Gobierno busca llevar a la práctica la reforma judicial, y en particular la politización del Consejo de la Magistratura, estará signado por las mismas características que el trámite que le sirvió para lograr su aprobación en el Congreso, y que lo asimilan a una especie de carrera contra el tiempo, sorteando los obstáculos interpuestos por la oposición política, las organizaciones intermedias, los tribunales y la propia sociedad.

Si la sanción legislativa se obtuvo a alta velocidad, desestimando las críticas y la necesidad de debate y sólo accediendo a retoques menores por razones estratégicas, la actual etapa tiene el imperativo de lograr que el nuevo staff de consejeros K resulte electo en las primarias del 11 de agosto, para obtener lo antes posible el control del órgano encargado de seleccionar y remover a los jueces.

La misma premura se impone en la restricción a las medidas cautelares. Como efecto del vértigo impreso a los acontecimientos por el oficialismo, ésta pasaría a ser la llave para bloquear los amparos que, a su vez, intentarán impedir la partidización de los consejeros.

La paradoja es que la verdadera avalancha de planteos de fuerzas opositoras, agrupaciones de jueces y abogados del país, y entidades intermedias, se topa con el impedimento de la admisibilidad, por cuanto la ley todavía no está promulgada. Y éste es el punto en que la Presidenta cambia el acelerador por el freno, y demora la medida, para ganar tiempo sin que el tema llegue a judicializarse.

Pero además, y como si todo respondiese a un plan cuidadosamente concebido y paulatinamente instrumentado, el Gobierno cuenta ahora, en el caso de que las cautelares comiencen a operar y desbaratar sus cronogramas, con la herramienta del per saltum, para que la Corte resuelva de inmediato la “cuestión de gravedad institucional” que se habrá suscitado.

Así las cosas, a la rampante inconstitucionalidad denunciada a viva voz por cuanto analista abordó la cuestión -incluso desde la ONU-, se suma una especulación con los tiempos más propia de corredores suicidas que de conductores genuinos y responsables, y más cercana al razonamiento y los modos de los tahúres que a los propios de los forjadores de la Patria.

En la misma línea, la pasmosa manera en que se desvirtúa a uno de los órganos más caros a la institucionalidad incorporados por la reforma de 1994 -que, aún con objetivo reeleccionario y Núcleo de Coincidencias Básicas mediante, no escatimó entonces el debate- se completa con un diseño electoralista a la medida de las pretensiones de copamiento exhibidas por el Poder Ejecutivo. Las exigencias formales impuestas a los partidos políticos para presentar candidatos a consejeros, que requieren presencia en un número de distritos mucho mayor que para elegir presidente, apuntan claramente a obturar o al menos entorpecer cuanto sea posible el acceso de los no alineados.

Este tipo de maniobras se suman al indefendible apresuramiento inicial y a la imposición del número por sobre cualquier ensayo de consenso, y bastardean el concepto de “democratización” para mostrar comportamientos y apuntar a objetivos que claramente lo contradicen.

Si la sanción legislativa se produjo a alta velocidad, la actual etapa tiene el imperativo de obtener lo antes posible el control del órgano de selección y remoción de jueces.