editorial
El Ecuador y los derechos humanos
En los últimos tiempos, Correa se ha destacado no sólo por sus manifestaciones verbales contra periodistas y empresas editoriales, sino por la promoción de leyes que coagulan la libertad de expresión.
Se dice que el dato que distingue a un gobierno autoritario de otro democrático es su relación con la libertad de prensa. El ensayista francés Jean Francois Revel decía que cuando un funcionario político empieza a hablar de los excesos de la libertad de prensa, no significa que esté preocupado por los presuntos excesos sino por las libertades que en su accionar dejan a la vista lo que no se quiere mostrar. Valgan estas consideraciones para evaluar el comportamiento del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien en los últimos tiempos se ha destacado no sólo por sus manifestaciones verbales contra periodistas y empresas editoriales, sino por la promoción de leyes que coagulan la libertad de expresión.
Al respecto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha declarado que la nueva ley promovida por Correa para regular a los medios de comunicación constituye el ataque más serio contra la libertad de prensa y expresión en América Latina. Por su parte, organismos internacionales como la Cidh y la Unesco han expresado su desacuerdo con la reciente decisión del Tribunal de Justicia de Ecuador de confirmar una sentencia civil y penal contra tres directores y un periodista del diario El Universo.
Como es de público conocimiento, las mencionadas personas fueron condenadas a tres años de cárcel y a pagar una multa de cuarenta millones de dólares, un monto que no registra antecedentes en los anales del periodismo. ¿Cuál fue el delito cometido en este caso?: haber publicado una columna crítica contra el presidente Correa.
Lo que llama la atención es que mientras en el orden interno se producen estos atropellos, el presidente de Ecuador no vacila en dar asilo a personajes como Julián Assange o Edward Snowden. Como se sabe, Assange es programador, periodista y activista de Internet. Hace un año, el gobierno de Ecuador le dio asilo en nombre de los derechos humanos.
Algo parecido ocurre con Snowden, consultor tecnológico norteamericano y ex agente de la CIA, acusado de filtrar informaciones que comprometerían la seguridad de Estados Unidos. Luego de idas y venidas, y de haber sido rechazado en otros países, Snowden logró ser protegido por Correa, en alianza con Putin, un político cuyas credenciales democráticas dejan mucho que desear. En ambos casos, se trata de personas que con buenas o malas razones mantienen distintos niveles de conflicto con los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados históricos.
La respuesta de Correa al respecto ha sido de un descarado oportunismo, no tanto porque protege a personas que son reclamadas por la Justicia en sus países de origen, como por el hecho obvio de que si Assange o Snowden hicieran en Ecuador algo parecido a lo que hicieron con los Estados Unidos, habrían sido censurados, desposeídos de sus bienes por obra de una Justicia adicta y puestos entre rejas por conspirar contra el país.
La afirmación no es gratuita. En Ecuador existen severas sanciones para quienes revelen secretos de Estado. El canciller de Correa ha justificado sus decisiones en nombre de los derechos humanos y la libertad de expresión, valores sin duda nobles pero que Correa debería empezar por practicar en su país, ya que como bien dice el refrán, “la caridad bien entendida empieza por casa”.
