Los desafíos del narcotráfico

Mientras continúa la discusión sobre quiénes deben perseguir a los narcotraficantes, queda claro que organismos provinciales y federales no trabajan coordinadamente.

La discusión se repite. Por un lado, jueces provinciales que avanzan en investigaciones contra bandas criminales vinculadas con el narcotráfico. Por otro, fiscales federales que piden la nulidad de estas actuaciones por considerar que la venta de estupefacientes es un delito federal sobre el que los jueces locales no tienen injerencia.

En medio, una ciudad como Rosario que soporta el peso de haberse convertido en escenario del crimen organizado cuyas bandas cuentan, incluso, con los recursos necesarios como para comprar voluntades dentro de la Policía o para amenazar de muerte a las principales autoridades políticas de la provincia.

El primer pedido de nulidad de las investigaciones provino del fiscal subrogante, Juan Patricio Murray, quien cuestionó un operativo ordenado por el juez provincial Juan Carlos Vienna luego del asesinato de Martín “El Fantasma” Paz, líder de la tristemente célebre banda de Los Monos.

En aquel caso, el juez federal Marcelo Bailaque desestimó el planteo del fiscal y, de esta manera, permitió que continuase adelante la tarea del magistrado provincial.

Posteriormente, el que solicitó la nulidad de otras actuaciones por motivos similares fue el fiscal Mario Gambacorta. Lo hizo porque, el 31 de mayo pasado, el mismo juez Vienna libró una orden de allanamiento en la que se autorizaba a la policía a secuestrar “estupefacientes, elementos para fraccionar droga y balanzas”.

Tal como sucediera con Bailaque, esta vez fue el juez federal Carlos Vera Barros quien desestimó la solicitud de la Fiscalía y avaló la tarea de la Justicia provincial.

Los jueces sostuvieron que, si en el marco de investigaciones relacionadas con delitos como homicidio o asociación ilícita -de competencia provincial- surgen aristas vinculadas con el narcotráfico, no se altera la potestad del juez de la provincia de continuar con el caso.

Las discusiones en este sentido no son exclusivas de la ciudad de Rosario. Recientemente, se produjo en Santa Fe un entredicho entre autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia y el Juzgado Federal Nº 2 por un operativo en el que fue detenido un hombre investigado por delitos de competencia provincial, pero también vinculado con el narcotráfico.

Resulta innegable que, en gran medida, la lucha contra bandas narcocriminales en la provincia se ha visto afectada por la pelea política que excede, incluso, los límites territoriales de Santa Fe, y que alcanza al gobierno nacional. Aun así, también es verdad que se trata de un delito federal y que éste debería ser el ámbito de investigación.

Pero las pesquisas en casos de narcotráfico suelen demandar tiempo. No sólo porque la recolección de pruebas es una tarea difícil, sino porque estos delincuentes tienen a su alcance la posibilidad de contar con las mejores estrategias de defensa.

Mientras este tiempo transcurre, las bandas siguen operando, ganando territorios, comprando voluntades, aterrando a barrios enteros y arruinando las vidas de miles de jóvenes. Por estos motivos, investigarlos por delitos de competencia provincial suele ser el camino más corto para lograr la detención de estos delincuentes.

En definitiva, lo más importante sería que exista un trabajo coordinado entre organismos provinciales y federales.

Lamentablemente, esto no ocurre. Y allí radica la base de gran parte de los problemas.

Investigarlos por delitos de competencia provincial suele ser el camino más corto para lograr la detención de estos delincuentes.