Después de la caída del crédito del Banco Mundial

Ahora, la provincia financiará la informatización del fuero penal

• El Poder Ejecutivo rescindió el contrato firmado en 2007 con la empresa Indra, y creó una comisión asesora que podrá comprar equipamiento y tomar personal, al margen del trabajo que pueda hacerse desde el data center provincial. La inversión demandará unos diez millones de pesos.

La informatización avanzó para algunos fueros, como el civil y comercial, pero es una materia pendiente en el sistema penal. Foto: Archivo El Litoral

Ivana Fux

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La caída del crédito del Banco Mundial en marzo de 2011 para financiar la informatización del Poder Judicial, y la necesidad “imperiosa” de comenzar a aplicar plenamente el nuevo Código Procesal Penal, llevaron a la provincia a la toma de dos decisiones: rescindir de común acuerdo el contrato con la empresa Indra, que debía diseñar el soporte informático financiado por la entidad crediticia internacional; y constituir una Comisión de Asesoramiento y Evaluación facultada para proyectar el desarrollo del software, la compra de sistema y equipamiento informático, y para controlar la ejecución de los contratos que se celebren en dicho proceso.

Así quedó plasmado en el Decreto Nº 2.078 -al que accedió El Litoral-, donde se especifica que la comisión funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia, y que tendrá un plazo de “doce meses” para llevar adelante su trabajo. Estará integrada por el subsecretario de Coordinación Técnica Administrativa del Ministerio de Justicia, el subsecretario de Hacienda del Ministerio de Economía, el secretario de Tecnología para la Gestión, la secretaria de Programas de Transformación de los Sistemas Judiciales, y la coordinadora provincial de Unidades de Contratación. Además, se invita a participar al Poder Judicial.

Puntualmente, la Comisión deberá procurar la informatización de las Oficinas de Gestión Judicial, del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa. El proceso se financiará con partidas de Ministerio de Justicia (ver aparte).

La rescisión

La empresa Indra había sido contratada en 2007 para desarrollar un prototipo de juzgado en cada uno de los fueros, siempre con la financiación del Banco Mundial. Cuando debió hacerlo para el penal, el momento coincidió con la sanción de un nuevo Código Procesal -por lo cual ya no resultaba útil un esquema de “juzgado piloto”, sino un sistema de informatización en red para todos los juzgados- y con la caída del financiamiento internacional, que garantizaba los recursos. Conclusión: se acordó con la empresa la rescisión, que fue materializada por la resolución 311 del pasado 19 de junio.

“Este desarrollo de prototipos no se adecua a la necesidad del proyecto de reforma del sistema procesal penal que requiere el desarrollo de una herramienta informática que soporte la operatoria en toda la provincia”, se menciona en los considerandos del decreto. Con ese argumento, y advirtiendo que “la inminente” puesta en marcha del nuevo sistema penal torna “necesario contar con el funcionamiento de un sistema informático adecuado a tamaña implementación”, se resolvió rescindir y crear una nueva comisión conformada por “profesionales con los perfiles y capacidad de trabajo que puedan afrontar el análisis, construcción, despliegue, capacitación y transferencia tecnológica de los sistemas de información requeridos”, y para “gestionar la adquisición de los equipos necesarios, su instalación y análisis de la conectividad requerida entre los diversos intervinientes”.

El decreto plantea la necesidad de confeccionar un software que traduzca informáticamente procesos de trabajo ya instrumentados, y reclama que “de forma urgente” se adquieran los equipos informáticos necesarios. El sistema se montará sobre los servidores que ya posee la provincia a través de su nuevo data center.

Funciones

Según las competencias atribuidas por el decreto, la Comisión podrá seleccionar a los contratantes para las adquisiciones necesarias, proponer la adjudicación y contratación, solicitar la colaboración de los empleados que sean necesarios y contratar a otros profesionales, además de controlar la ejecución de los contratos celebrados. Incluso, y con el fundamento de lograr un “eficaz” cumplimiento de los objetivos y para agilizar plazos, la comisión podrá proponer “contrataciones directas”.

Además, establece que las gestiones de la comisión “quedarán exceptuadas de las disposiciones vigentes en materia de contención del gasto”, y de “toda otra disposición vigente en la materia que dilate o dificulte el logro eficaz de los cometidos asignados a la Comisión de Asesoramiento. La Comisión deberá arbitrar las medidas necesarias para asegurar la razonabilidad de los precios con los que se culminen las gestiones, debiendo utilizar para ello las herramientas que prevé la normativa vigente”, concluye el decreto.

En cifras

10

millones

de pesos es la suma que, aproximadamente, va a demandar la informatización del fuero penal.

El dato

Presupuesto

Las gestiones contempladas en el Decreto 2.078, que se aprueben y adjudiquen serán atendidas con partidas específicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, particularmente de la Secretaría de Programas de Transformación de los Sistemas Judiciales. Además, se autoriza “a la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia y al Ministerio de Economía a transferir los montos que resulten necesarios a los efectos de atender la erogaciones mencionadas”, dice el decreto.

La clave

¿Resarcir?

Fuentes del gobierno consultadas por El Litoral aseguraron que no será necesario indemnizar a la empresa Indra por la rescisión contractual, debido a que la desvinculación se hizo de común acuerdo. El motivo principal de la ruptura del contrato -insistieron- fue la caída del crédito del Banco Mundial, que truncó el financiamiento del proceso.