Producir conservando

En San Jorge lo hicieron posible

Federico Aguer

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San Jorge cuenta hoy con unos 25.000 habitantes, los cuales han estado históricamente ligados al campo y su producción. No es en vano que la ciudad ostente el título de ser la “capital de la industria alimenticia”. Allí, durante años florecieron las producciones lácteas (tambos e industrias queseras); cárnicas (el frigorífico Quickfood); la molinería y la agricultura. Con el paso de los años, esta última, al igual que en el resto del país, le fue ganando la pulseada a las tres primeras.

La ciudad, sin embargo, saltó a la notoriedad pública nacional en 2008, cuando una familia denunció problemas de salud por la mala aplicación de productos agroquímicos. A partir de allí, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial dictó un fallo que prohibía las aplicaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad. La medida también ordenó que el gobierno provincial y la UNL demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud.

Ley pareja no es rigor

A Malena Marionsini, secretaria de Medio Ambiente de la municipalidad de San Jorge, le tocó asumir el cargo en diciembre de 2008, en el momento más álgido del conflicto. Lejos de “amilanarse” con el desafío, lo enfrentó con la decisión que éste requería. Con el apoyo político del intendente, acordaron implementar las medidas necesarias. “En aquel entonces regía una ordenanza del año 2000, que estaba desactualizada. Entonces, para aplicar la ley lo mejor posible, empezamos a buscar las recetas adoptadas por otras localidades, donde la ciudad de San Francisco asomaba como la más interesante. Al año siguiente sale el fallo que nos intimaba a tomar medidas, por lo que buscamos juntar a las partes, algo que se hacía muy difícil: tanto los dueños de los campos como las entidades ambientalistas se mostraban muy duros”, recuerda.

En 2010 se sancionó la Ordenanza 1798, la que instaba a crear los mecanismos de control para una aplicación responsable. “Pero el costo no lo debía afrontar la Municipalidad, sino los productores”, aclara.

A partir de ahí, se implementó un mecanismo sencillo y eficaz: la gestión de un expediente donde consta toda la información de cada aplicación. Con la firma del solicitante, se hace el croquis del lote a aplicar, y se especifican los datos como el producto a utilizar (principio activo y nombre comercial), el nombre de la empresa interviniente, la cantidad de hectáreas, la distancia al límite del ejido urbano, y el tipo de cultivo a tratar. Además, se detallan los elementos de seguridad del operario, tales como barbijo, guantes, botas, máscara y mameluco. También se aclaran las condiciones climatológicas y los datos de los cultivos colindantes.

Un dato: la ciudad cuenta con un servicio extra, el canal 17 de “Impulso TV”, que permite observar los datos agro meteorológicos durante todo el día, exhibiendo en tiempo real la temperatura, humedad, presión y velocidad del viento, que además sirve para cotejar como archivo. “Próximamente incorporaremos un anemómetro para mediciones propias y un sistema de cartelería para marcar el límite cero del ejido urbano. Pequeñas acciones que vamos haciendo para avanzar”, dice la funcionaria.

“En un principio se hacía difícil que lo incorporaran, pero hoy podemos decir que el 100 % de los operarios llevan el equipo en la cabina, y de a poco lo están utilizando”, dice José Gandolfo, actual supervisor municipal, encargado de la tarea de control. Cada aplicación se comunica a la Dirección de Tránsito y a la policía.

El expediente, al ingresar por ventanilla obliga a abonar $20 de sellado junto con una solicitud, luego de lo cual se genera un expediente y se abona $120 por la aplicación. “Todos tienen mi teléfono. Me llaman un día antes y acordamos el día y la hora, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Si no es así, no se inicia o directamente se interrumpe la acción. Si yo no estoy presente, no pueden comenzar. Al llegar chequeamos los precintos de los productos, tomamos muestras del mismo y monitoreamos los elementos de control. Si bien la ordenanza no lo especifica, lo sugerimos. De hecho, yo me bajo de la camioneta con barbijo y guantes”, agrega Gandolfo, que en 2012 ya realizó más de 400 operativos, trabajando con una decena de aplicadores inscriptos en el distrito.

Seguir avanzando

Luego de la aplicación, los envases van a un punto de recolección privado llamado “La Clementina”, fuera del ejido urbano, en el marco de una estrategia que motiva una discusión más de fondo. Pero por lo pronto no los reciben más en el vertedero municipal, donde además se prohibió la quema de residuos.

“El envase es un residuo peligroso para la ley nacional. Según la norma deben ser manipulados por personas idóneas, transportados por vehículos habilitados y tratados como corresponde”, dice Marionsini.

“A nivel general podemos decir que hemos logrado una convivencia. La gente está usando la protección y la sociedad está consciente del tema”, aclara.

El registro de los equipos aplicadores en sanidad vegetal permite saber con claridad la cantidad y el estado de los mismos. Si un mosquito se avería, solicita un permiso para entrar al ejido urbano, y si está limpio, se los acompaña en el tránsito hasta su reparación. “Ahora está tranquilo el aplicador, está tranquilo el ciudadano y estamos tranquilos nosotros”, agrega.

A futuro, los desafíos, no son pocos. El crecimiento urbano es uno de ellos. Si bien la ciudad cuenta con un plan rector urbano al año 2020, el mismo no se respeta. Los loteos, al igual que en muchas otras ciudades, constituyen un reto a la línea agronómica y a una frontera que se corre de manera continua e irregular. La forestación, por ahora, asoma como una salida sustentable.

Sustento legal

El Dr. Ariel Jorge es el Fiscal Municipal de San Jorge, que participó en defensa de la municipalidad en el conflicto judicial. En diálogo con Campolitoral, argumentó los avances registrados desde entonces, merced a la sanción de la ordenanza Nº 1798 de 2010, a partir de la cual, los ánimos se calmaron. “Si bien la ordenanza es mejorable, es un sustancial paso adelante”, destaca.

Para Jorge, si bien en un principio la demanda la entablaron contra la Municipalidad, la provincia, los propietarios de los campos y el aplicador, en segunda instancia la Cámara eximió de culpa a la Municipalidad. “En este caso particular, es una actividad regida por una ley que establece que el poder de policía está en manos de la provincia, la que argumentó no tener los recursos para hacerlo”, agregó.

El abogado destacó que la ordenanza sancionada sigue la línea de los criterios que pidió el poder judicial: abrir la cabeza de todos. “En un principio todo era blanco o negro, y en realidad no es así. El proceso nos llevó a analizar el tema, buscando una regulación local que nos permita salvar las distancias entre los intereses de todos los sectores, encontrando una solución intermedia. Aportamos un poco más de claridad al tema, y estamos demostrando que es más rentable invertir en conocimiento, contratar a un agrónomo que asesore, clarifique y permita buscar las formas de hacer las cosas bien”.

Beneficios

Jorge Bocca encabeza una de las empresas de aplicación aérea más importantes de la zona. Piloto aeroaplicador desde 1986, respecto de la situación alcanzada en San Jorge, reconoce que las medidas de control implementadas redundaron en beneficio de todos, ya que son ellos, los pilotos profesionales agrícolas, los principales interesados en demostrar que si no siguen la normativa al pie de la letra, no pueden trabajar.

En el año 1991, luego de hacer las primeras armas en el norte argentino, sumando experiencia y horas de vuelo, decidió volver al terruño y montar una estructura con todas las normativas que impone la ley: pista de 1.000 metros, hangar, oficina y depósito.

A partir de allí, los vaivenes del país y del campo lo fueron formando como profesional, permitiéndole alcanzar uno de los escalones más altos en la actividad, siendo hoy instructor de vuelo privado, comercial y aero aplicador, además de un miembro activo de la Cámara Profesional de Pilotos de la Provincia de Santa Fe.

A vuelo de pájaro, mientras recorremos los hangares, recuerda los hitos que marcaron a la agricultura de la zona: la aparición de la roya en 2000, o la mancha de ojo de rana, cinco años atrás. “Las aplicaciones de fungicidas son siempre preventivas, ya que si te demorás 48 horas, el hongo te liquida el lote”, dice. Por eso, reconoce que la suya es una vocación cotidiana. “Nunca nos tomamos vacaciones en verano, ya que si el productor nos llama debemos responder cuanto antes, de nada sirve aplicar tarde”, admite.

En los últimos años, reconoce las dificultades que enfrenta la profesión, por las restricciones a la importación de los repuestos indispensables para los aviones, los que -aclara- están capacitados para la realización de múltiples actividades, como “combatir incendios o sembrar semillas o peces”.

A nivel productivo, admite un crecimiento de las malezas, las que en la zona se están combatiendo con el método conocido como “doble golpe”.

Con preocupación, admite que están cambiando los tiempos, acortándose los plazos de pago y dificultando el acceso a los insumos. El combustible se ha encarecido como nunca.

Sin embargo, se ilusiona con el futuro al compartir con Campolitoral el entusiasmo de Ignacio, su hijo, quien se crió “arriba de un avión” y con quien se reparte la faena cotidiana. “Nacho”, ya un experimentado hombre del aire pese a su juventud. Desborda de ganas de trabajar, y reconoce lo ingrato de una profesión “ninguneada” desde el desconocimiento y el prejuicio. Pese a esto, reconocen que ahora en San Jorge pueden trabajar tranquilos.

Ya se nota

• El año pasado, el Ministerio de Salud de la provincia presentó un estudio realizado en esta ciudad destinado a valorar la incidencia del llamado “fallo San Jorge” sobre la salud de las personas. El informe concluyó que hubo una disminución de 16 % de consultas médicas en los registros del Samco local, atribuibles a dolencias relacionadas con contaminantes externos en dos períodos. En términos globales se observó una disminución del 34 % en cardiología, 14 en clínica general, 10 en guardia y 37 en pediatría. Sin embargo, para el fiscal Jorge, si bien la metodología legal es auspiciosa en lo referente al ordenamiento, en materia de salud los resultados deben medirse en el largo plazo.

A campo. José Gandolfo es el respnsable de fiscalizar y tomar las muestras de cada aplicación en el distrito.

Fotos:Campolitoral

El rol del Estado. Para Malena Marionsini, al principio hubo que hacer sentir el rol de la Municipalidad, aunque ahora todos agradecen ese aporte.

Aplicadores. Ignacio y Jorge Bocca desarrollan la actividad desde hace años en San Jorge. Bregan desde la Cámara que estos controles se extiendan a toda la provincia.