A partir del anuncio de la presidenta de la Nación de elevar el piso del impuesto a las Ganancias, en los recibos de los empleados que a partir de ahora dejen de pagar esta carga aparecerá la siguiente notificación: “Un beneficio del Ejecutivo”.

La creatividad aplicada por el gobierno en su intento por tergiversar la realidad sorprende. Luego de la derrota electoral de agosto y frente a los comicios que se avecinan en octubre, las modificaciones en Ganancias fueron presentadas como una suerte de concesión por parte del Estado. Sin embargo, lo que en realidad sucederá es que el gobierno comenzará a devolver a los asalariados lo que les corresponde.

De hecho, desde hace al menos seis años el mínimo imponible de Ganancias no fue actualizado al mismo ritmo de la inflación y de los consecuentes incrementos salariales, por lo cual la presión impositiva por parte del Estado nacional ha ido en aumento progresivamente, en detrimento de los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia.

Paradójicamente, para muchos en la Argentina obtener un aumento de sueldos representa un problema, pues significa menos dinero en sus bolsillos.

El mismo gobierno que ahora presenta esta medida como “Un beneficio del Ejecutivo” es el que viene sosteniendo una política macroeconómica inflacionaria, con fuerte crecimiento del gasto público y emisión monetaria. Una política que, en el corto plazo, termina beneficiando a las arcas oficiales, producto del crecimiento de la recaudación logrado a costa del incremento de los precios.

Esta misma inflación es la que, en el mediano plazo, probablemente se encargará de que las cosas retornen al mismo punto de partida , incrementando la recaudación y recortando nuevamente el poder adquisitivo de los trabajadores.

Desde el oficialismo se insiste en que otros países aplican Ganancias desde sueldos comparativamente más bajos que los de la Argentina. Sin embargo, lo que no se dice es que en esos países no existe un proceso inflacionario que amenaza con transformarse en crónico.

El titular de la Afip, Ricardo Etchegaray, remarcó que la exención del pago del impuesto para la franja beneficiada por la medida significará “un esfuerzo fiscal” de 4.500 millones de pesos, de los cuales 2.581 millones de pesos serán asumidos por las cuentas del Estado.

Lo que el funcionario no explica es por qué el gobierno no ha realizado ningún “esfuerzo” para contener la escalada inflacionaria que niegan las estadísticas oficiales. Tampoco brinda explicación alguna sobre el continuo crecimiento del gasto público a costa de una mayor presión impositiva sobre la población y de la centralización de recursos en detrimento de los Estados provinciales.

Según información recientemente revelada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel), en los últimos años el empleo público en el país creció el 52 %, contra un 22 % en el sector privado. Las empresas estatales, que contaban hace una década con 30 mil empleados, hoy sostienen a más de 100 mil.

Esta situación no sólo perjudica a quienes deben aportar Ganancias. Lo mismo ocurre con millones de monotributistas, pues los montos de las diferentes categorías tampoco fueron actualizados al ritmo inflacionario. La Afip prometió que este tema será analizado próximamente.

Esta misma inflación es la que, en el mediano plazo, probablemente se encargará de que las cosas retornen al mismo punto de partida.