Bajo la lupa de Delitos Complejos

El “padrino” de San Lorenzo

Delfín D.Z., un hombre investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico, cuyo patrimonio creció de forma vertiginosa, había logrado el aval del Concejo para construir un megagimnasio y una mansión frente al río. A cambio pagó nueve cuadras de luminaria pública y apadrinó una plaza.

Germán de los Santos

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Corresponsalía Rosario.

A partir de la investigación que se inició en la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad, contra Delfín D.Z., un hombre de 48 años, oriundo de San Lorenzo, cuyo crecimiento patrimonial generó sospechas de que esos fondos fueran fruto del narcotráfico, se empezaron a conocer algunos pormenores sobre cómo se autorizó la construcción de un megagimnasio y una casa de lujo frente al río, que iba a contramano de cierta regulaciones de planeamiento urbano de San Lorenzo.

Estas dos construcciones (como publicó El Litoral la semana pasada) fueron las que generaron que un ex funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo realizara una denuncia contra este hombre que según la investigación que se llevó adelante en el área de Delitos Complejos adquirió 36 propiedades en menos de un año, y autos de alta gama.

“Me decían que estaba loco por las denuncias pero ahora me dan la razón”, dijo en una radio de San Lorenzo el ex funcionario municipal Marcelo Remondino, que fue el primero que se animó a denunciar el caso en octubre pasado en la Unidad Regional XVII y en el Ministerio de Seguridad.

“Empecé a interesarme en el tema cuando el Concejo Deliberante de San Lorenzo habilitó a un particular para realizar una megaobra en calle Congreso. Se descubrieron muchas irregularidades alrededor de esa compra y muchas cosas deberá responder a la Justicia”, advirtió Remondino.

Excepciones de magnitud

Como dijo el denunciante, esta obra de grandes dimensiones que despertó sospechas en San Lorenzo no sólo por la ubicación de la construcción sino por el inversor fue aprobada por el Concejo Deliberante de esa localidad. Es que ese cuerpo legislativo debía dar algunas excepciones al constructor porque la obra iba a contramano del Código de Planeamiento Urbano local.

Gustavo Oggero, presidente del Concejo Deliberante, señaló a los medios locales que ese cuerpo “dio el visto bueno al pedido de excepción a la ordenanza del uso del suelo antes de que se iniciara la obra”.

“El proyecto que estudiamos contemplaba la creación de un polideportivo y por eso los concejales estudiamos la posibilidad de que se construya. Recorrimos casa por casa y hablamos con los vecinos de la obra, que estuvieron a favor”, advirtió Oggero. Y recordó: “Incluso como contribución de los constructores se les pidió la iluminación de 9 cuadras y el asfaltado de las calles aledañas al predio, así como también que la empresa constructora se encargara del padrinazgo de una plaza de la zona”.

Oggero aclaró que “cuando empezaron a surgir informaciones a través de los medios de que el financiamiento de la obra podría tener orígenes sospechosos hicimos la denuncia pertinente, la cual la hizo oportunamente el concejal Eduardo Ros”. Esa denuncia fue presentada en noviembre pasado, según remarcó el presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, la Fiscalía Nº1 de los tribunales federales de Rosario.

El edil aclaró que “se alertó a la Justicia sobre los dichos que había alrededor de la obra, pero los concejales no son los encargados de investigar y juzgar. De eso deben encargarse la Afip o la Justicia Federal. El origen de los fondos no tiene nada que ver con la obra o con el impacto de la obra en la ciudad. De eso tiene que encargarse la Justicia”, destacó Oggero según publicó el portal SL24.

La investigación

La denuncia que realizó un ex funcionario municipal de San Lorenzo en la Unidad Regional XVII de San Lorenzo y en el Ministerio de Seguridad de la provincia se refería a que dos construcciones de “gran magnitud” ubicadas en Congreso y Vélez Sarsfield y en Pasaje Caviglio y Saavedra y a la compra de terrenos en esa localidad que estaban a nombre de una mujer de 24 años, que “estaría vinculada familiarmente” con un sujeto “afín al narcotráfico en la zona, de aproximadamente 48 años de edad”.

A partir de esta presentación, la Subsecretaría de Delitos Económicos, a cargo de Margarita Zabalza, comenzó a reconstruir el perfil económico de Delfín D. Z., un hombre que ya había penado en Coronda una condena por narcotráfico y ha sido mencionado en varias causas como un alfil importante de ese ambiente, incluso por el propio Jorge Halford.

Se constató, según apuntaron, “la existencia de los inmuebles mencionados en la denuncia, que eran propiedad de la hija del sujeto vinculado al narcotráfico y que uno de los terrenos sería propiedad en partes iguales de esta mujer y de un joven de 28 años, que habría sido empleado de la hija de Delfin D.Z. hasta el mes de junio de 2012, cuando pasó a ser empleado de la firma Top Cranes SRL, que es propiedad de esta joven y su padre. La hija de Delfin D.Z., de 24 años, adquirió ocho propiedades entre mayo y julio de 2009. Después sumó otros cuatro inmuebles, cinco autos y un camión. El muchacho de 28 años que figuró como empleado de la hija de Delfín hasta junio de 2012 posee cuatro inmuebles en condominio con su antigua jefa. Hay un sujeto que es empleado de la esposa de Delfín D.Z. y luego de la firma Frecuencia Urbana que figura como titular de cinco autos y dos inmuebles adquiridos en enero de 2008. Este hombre no tiene actividad declarada en Afip.

Delfín D. Z. posee, según la información relevada por la Secretaría de Delitos Complejos, 68 bienes registrables, de los cuales 40 son inmuebles. 36 propiedades fueron adquiridas en algo menos de un año.

Este hombre posee 24 vehículos en total. Nueve son modelo 2011, y seis de estos autos tienen una particularidad, son Chevrolet Meriva GL 1.8, con los dominios consecutivos, por lo que se deduce que fueron comprados el mismo día.

Lazos de sangre

En la investigación también se puso bajo la lupa a otros actores del entorno familiar, como la hermana de Delfín D.Z., quien no registra actividad declarada en la Afip pero figura como titular de 13 inmuebles (todos cocheras), que fueron adquiridos en bloque el 29 de diciembre de 2008. La pareja de esta mujer que aparece en los registros como empleado en relación de dependencia posee otros doce inmuebles (también cocheras), que fueron adquiridos el mismo día en que lo hizo su esposa.

Delfín D. Z. posee, según la información relevada por la Secretaría de Delitos Complejos, 68 bienes registrables, de los cuales 40 son inmuebles. Cuando los funcionarios del área que encabeza Zabalza empezaron a “peinar” la información referida a este hombre se toparon que 36 propiedades fueron adquiridas en un breve lapso, entre el 29 de diciembre de 2008 y el 23 de ese mismo mes de 2009.

Aparte de los inmuebles, Delfín D. Z. se preocupó por adquirir vehículos, entre ellos algunos de alta gama. Este hombre posee 24 vehículos en total. Nueve son modelo 2011, y seis de estos autos tienen una particularidad, son Chevrolet Meriva GL 1.8, con los dominios consecutivos, por lo que se deduce que fueron comprados el mismo día. Además esta persona figura como titular de dos autos de alta gama, un BMW 2011 y un Audi TT 2012, y dos motocicletas de alto valor, como son las de marca BMW, 2011 y 2012.

Inconsistencias

• Delfín D. Z. no registra actividad económica unipersonal y tampoco tiene alta en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni está activo en el monotributo. Sólo tiene un porcentaje (el 10 por ciento) de la empresa Frecuencia Urbana SRL, creada el 15 de marzo de 2009, que se dedica al rubro de remises y taxis, construcción y servicios de transmisión, sonido e imagen. Esta firma, cuya mayoría accionaria está a nombre de su esposa S.I.M., tiene domicilio y actividad declarada en Granadero Baigorria.

En la Secretaría de Delitos Complejos hacen hincapié en la “existencia de serias inconsistencias económicas que de acreditarse podrían derivar en maniobras tendientes a ocultar el origen de fondos que dieron lugar al incremento patrimonial descripto”. Por ese motivo, esa dependencia del Ministerio de Seguridad estimó necesario hacer la denuncia en el fuero federal para “poner en conocimiento a la Justicia de las maniobras e inconsistencias que ameritaría una investigación judicial”.

En la investigación también se puso bajo la lupa a otros actores del entorno familiar, como la hermana de Delfín D.Z., quien no registra actividad declarada en la Afip pero figura como titular de 13 inmuebles (todos cocheras), que fueron adquiridos en bloque el 29 de diciembre de 2008.