Media sanción en la Cámara de Senadores

Primer paso para que la Justicia santafesina se ocupe de drogas

El proyecto de ley se aprobó por unanimidad. Cambió la posición mayoritaria de los radicales en el Senado. El objetivo es que el llamado “narcomenudeo” vaya a los tribunales de la provincia.

Luis Rodrigo

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El Senado santafesino decidió ayer aprobar la adhesión a una ley nacional, que de prosperar en Diputados, cambiará de jurisdicción los llamados “delitos menores” vinculados con un asunto mayor: el narcotráfico.

El proyecto de ley de Eduardo Rosconi (PJ- Caseros) -que logró ayer la sanción del Senado y pasó a la Cámara Baja para su discusión- es un nuevo intento del cuerpo que representa a los 19 departamentos, pero esta vez tiene un ingrediente fuerte: la unanimidad.

La iniciativa que durante años empujó el peronismo en Senadores (Danilo Capitani era su principal impulsor), ayer logró el apoyo de los radicales sin medias tintas. En la Comisión de Asuntos Constitucionales se agregó un artículo que impone un plazo especial de 180 días, para la puesta en vigencia de la norma.

Se estima que para entonces (lo que le lleve a Diputados una -hipotética- aprobación más la promulgación de la norma) ya estará en pleno funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal.

En el recinto, Rosconi, como el miembro informante por la mayoría, dijo que de aprobarse la norma habrá “una respuesta concreta” y hasta una “repercusión inmediata” a la demanda de la sociedad por una lucha contra el narcotráfico que dé resultados. De todas formas, también dijo que otras provincias ya pasan por esta experiencia.

Para el tráfico de drogas del menudeo, hay competencia de la Justicia provincial en Entre Ríos, Córdoba, Salta, Neuquén y en Buenos Aires, con su temible cordón metropolitano.

“Una mancha”

“El narcomenudeo cubre como una mancha a las pequeñas localidades del interior santafesino. Antes decíamos, Argentina es un país de paso, luego, que éste era un problema de los grandes centros urbanos, y ahora vemos que las drogas se venden en cada pueblo de Santa Fe. No podemos permitir que se naturalice esta situación”, sostuvo Rosconi.

Afirmó que “es imposible” que los 5 juzgados federales con competencia en drogas (dos de Rosario y dos de Santa Fe, uno en Reconquista) puedan enfrentar las pequeñas causas.

Sostuvo que no se trata de “criminalizar” a los consumidores de drogas, a quienes identificó como “las víctimas del narcotráfico” sino de “identificarlos para enfrentar el fenómeno de las adicciones” que muchas veces terminan en conductas delictivas.

El senador por Caseros dijo que el Estado nacional, a través de la Justicia Federal ha mostrado “ineficacia, tibieza” en su respuesta al fenómeno.

Números

“Vamos a tomar una pequeña ventaja frente al narcotráfico”, planteó el radical Lisandro Enrico, al decir que de 5 juzgados federales, para los pequeños delitos vinculados con drogas se pasará a 48 juzgados de la provincia, y a la actuación de un centenar de nuevos fiscales (del nuevo sistema penal).

Tras volver a tomar distancia de “las posiciones garantistas en extremo” en la aplicación de la justicia, dijo que hubo jueces federales que tuvieron “un papel bochornoso” y recordó que “desde esta banca hemos lidiado contra esos jueces”.

Subrayó que un puñado de juzgados federales “no pueden” ocuparse de lo que ocurre con el narcotráfico de pequeña escala en toda la provincia. “Ese esquema responde a un viejo paradigma, el del país de tránsito: hoy, este país sufre el fenómeno en producción, distribución y consumo de drogas”.

“Prefiero -dijo al mirar el panorama nacional- que haya 1.300 juzgados de las provincias ocupándose de desarmar los kioscos de drogas que 65 jueces federales en todo el país”.

Expresiones

Danilo Capitani (PJ-San Jerónimo) propuso en el recinto que (como en las sanciones anteriores de la ley de adhesión) firmen el despacho todos los senadores justicialistas, además de su autor, como una forma de dar “una fuerte señal” a la sociedad.

En tanto, Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) afirmó que si se da a los jueces penales de la provincia competencia en el tema drogas “se va a legislar como piden los ciudadanos”.

Finalmente, Hugo Marcucci (UCR-La Capital) destacó que es una fuerte apuesta la de cargar sobre las espaldas del nuevo sistema penal el combate a los delitos menores del narcotráfico. Reclamó en su exposición que se permita al Poder Ejecutivo cumplir “con celeridad” los plazos para la puesta en vigencia de la nueva administración de justicia. Y advirtió que hasta aquí no se ha podido antes poner en manos de los jueces penales provinciales estos delitos por la lentitud propia del sistema tradicional (escrito).

Ausencias y casualidades

En el Senado provincial se dice que fue casual la ausencia del único senador socialista, Miguel Lifschitz, mientras se debatía (con la Cámara reunida en comisión) la aprobación de una ley para llevar a los jueces penales provinciales los llamados “delitos menores” del narcotráfico.

También se sostiene (ante la unanimidad que logró el proyecto de Rosconi) que el legislador por Rosario -por simple casualidad- no asistió a una sesión que logró el consenso para tratar el tema.

En cambio, no fue casual el retiro del recinto del vicegobernador Jorge Henn en el momento en que se trataba el proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.052. Jorge Henn se opone a la idea de subdividir la lucha contra el narcotráfico por jurisdicciones.

El radical de Cauce Progresista ha fijado posición públicamente en contra de esa iniciativa que -sostiene- va a “consagrar la impunidad” de los narcotraficantes mayores, de los peces gordos.

"Buscamos en el interior una Justicia cercana frente al ‘narcomenudeo’, no como ahora: lejana y en despachos inaccesibles de las grandes ciudades. Se nos presenta la oportunidad de tener una Justicia próxima a los vecinos y que así, ante denuncias concretas, la fiscalía pueda actuar”.

Eduardo Rosconi,

senador justicialista por Caseros.

El dato

Tentáculos y

largavista

“Los jueces federales, y digo esto con el mayor de los respetos, ven al narcotráfico con largavista”, graficó Raúl Gramajo (PJ-9 de Julio), y recordó que en Tostado “a cuatro cuadras de la plaza había una cocina de cocaína” y que a esa situación “no la podía conocer el juez federal de Reconquista”, sino la Justicia local. Para el norteño, es clave “cortarle los tentáculos” de la venta de drogas en pequeñas cantidades a los grandes traficantes.