Delitos menores del tráfico de drogas

Narcotráfico: por un rol activo de la Justicia santafesina

Senador Lisandro Enrico (*)

El Senado le otorgó media sanción a una ley (del senador Eduardo Rosconi) que le dará a la Justicia provincial la competencia para investigar casos de narcotráfico de pequeñas cantidades, al adherir a una ley nacional que así lo permite.

Con esa medida de la Cámara Alta (resta su paso por Diputados) y con algunas opiniones que van virando de posición, se fortalece la postura de que la gran cantidad de juzgados provinciales que hoy están impedidos de atender las causas de narcotráfico empiecen a asumir un rol activo, para evitar el inocultable marco de impunidad del que goza la venta de drogas en Santa Fe.

Poniéndole números concretos. En la provincia -con más de 3 millones de habitantes repartidos en 360 localidades- hay sólo 4 juzgados federales para hacerse cargo de investigar una extendida red de narcocriminalidad, que va desde “cocinas” donde se producen sustancias, hasta cadetes que se dedican al delivery.

Parece increíble: estamos sumando, mes a mes, decenas de fiscales y defensores que serán parte del nuevo sistema de Justicia Penal santafesina -que cuenta con 60 juzgados penales-, pero que no investigan temas de narcotráfico, porque es una materia federal.

¿Por qué no sincerar la realidad y asumir que el narcotráfico está tan extendido que sólo 4 juzgados federales no alcanzan? ¿Por qué no darle lugar a la Justicia Provincial -que posee una red de decenas de jueces y fiscales en toda la provincia- para que empiece a investigar y juzgar a las personas que viven de la venta de drogas?

De 1989

El 9 de septiembre de 1989 se aprobó la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes (hoy vigente) que tipifica los delitos que van desde la producción y venta, hasta el consumo. Nuestros antecedentes son la Convención Única sobre Estupefacientes, firmada en New York en 1961 (aprobada por ley 16.478) y la Convención Única sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, firmada en Viena e incorporada a nuestro sistema por la ley 21.704.

En esa época no era tan difundida la narcocriminalidad y se pensó que el narcotráfico era un delito que afectaba la salud pública de la Nación y que esa cuestión sanitaria era de interés nacional. Asimismo, al ser en su momento el país una zona de paso de droga y no de producción, se vinculaba a la trasnacionalidad del tráfico de estupefacientes relacionada a las fronteras, por lo que las causas judiciales de narcotráfico debían ser competencia de los jueces federales y no de las Justicias provinciales.

Ya en esa época, hubo voces que se alzaron en contra de que un delito que venía creciendo y que no era investigado por todos los jueces provinciales, que eran y que son muchos más que los federales.

Paradigma

El narcotráfico siguió creciendo y lo que parecía ser una cuestión puntual de algunos círculos y de las grandes ciudades se expandió a todo el país.

En 2005 se aprobó la Ley Nacional 26.052 que le da a las provincias que así lo dispongan a través una ley provincial -como la que hemos aprobado en el Senado-, la potestad de investigar causas de drogas, siempre que sean de pequeñas cantidades, permaneciendo el grueso de la narcocriminalidad en manos de la Justicia Federal.

Es por ello que ya no es razonable seguir sosteniendo este sistema que lleva un cuarto de siglo, que demostró y sigue demostrando su cotidiano fracaso. Los contados juzgados federales no pueden con toda la narcocriminalidad en la Argentina, porque ésta creció tanto que la Justicia Federal no puede con sus pocos juzgados evitar lo que todos los ciudadanos vemos en nuestras ciudades, como lo es la impunidad.

¿Por qué el narcotráfico debe seguir siendo una cuestión federal? El narcotráfico supone un sinnúmero de delitos que deben centrarse no en criminalizar al consumidor sino en las cadenas de fabricación, refinamiento, transporte, distribución, venta y reventa de droga que se da en todas las provincias y que deben ser investigadas y juzgadas con la mayor eficiencia y proximidad posible por una Justicia que tenga más fiscales, jueces y juzgados que la Justicia Federal.

Quizá sea ésta la hora de rediscutir el paradigma de la ley 23.337 de 1989 e incorporar a la Justicia de las provincias (en el país, son 950 juzgados penales provinciales) sumándolos en el juzgamiento de un complejo delictual que -por su ramificación- amerita mayor persecución penal. Invertir el principio y que todos los fiscales penales del país sean los encargados de investigar el narcotráfico y todos los juzgados penales los encargados de juzgarlos.

La Justicia Federal no debe desentenderse del problema y debe ser la encargada de juzgar las causas en las que el narcotráfico se realice a escala internacional o comprometa intereses directos de los organismos nacionales como la Aduana.

Estos cambios son necesarios para minimizar la impunidad. Si más jueces se ocupan, más se dificulta la venta de droga. Pero además de la persecución penal no hay que olvidar la otra parte del problema: que el crecimiento del narcotráfico incrementó los casos de jóvenes adictos que no encuentran en el Estado nacional ni en las provincias lugares y profesionales suficientes para ayudarlos a desprenderse de ese flagelo que es la droga.

(*) Bloque UCR-FPCyS, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.