Hacinamiento en La Capital

Los alojados en comisarías duplican la capacidad edilicia

La Justicia detectó que actualmente se encuentran alojados 203 internos en seccionales con capacidad para alojar a 93 personas. La semana pasada, los defensores generales presentaron un hábeas corpus colectivo.

De la Redacción de El Litoral

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El juez de Instrucción Sexta, Sergio Carraro, hizo lugar a un hábeas corpus correctivo presentado por los defensores generales penales, ante la alarmante situación de “hacinamiento y sobrepoblación” en comisarías del departamento La Capital.

El magistrado dispuso además “la urgente intervención de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, para que en forma progresiva y sucesiva, procedan a organizar el traslado de los internos alojados en número excedente conforme a las plazas asignadas como cupos de alojamiento en las distintas sedes policiales a la órbita del Servicio Penitenciario Provincial”.

Ocurre que de un relevamiento realizado la semana pasada, la sección Trámites y Libertades de la URI informó que “se encuentran alojados en distintas dependencias policiales un total de 203 internos repartidos en diversas seccionales, y que al presente se cuenta con un cupo total de 93 plazas disponibles”.

El 1º de octubre, los defensores Carlos María Morales, Nilda Ojeda y Pablo Ursini presentaron un hábeas corpus correctivo por la situación de hacinamiento que padecen los presos que están en comisarías en la ciudad de Santa Fe. El escrito planteaba “la necesidad de verificar circunstancias de hacinamiento que padecen los mismos provocadas por la asignación de un número superior de internos a los previstos en cada una de las dependencias policiales, lo que genera un agravamiento en las condiciones de encierro violando con ello garantías constitucionales y solicitando el cese inmediato de las condiciones que generan el agravamiento de detención”.

En base a la demanda, el fiscal Nº 7, Jorge Andrés, solicitó la realización de una inspección judicial en las sedes mencionadas, para verificar lo denunciado.

Asimismo, se incorporó al análisis el pedido del delegado local de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Sebastián Cáceres, quien intercedió “en relación con los alojados en la Seccional Quinta” donde también se detectaron “problemas de hacinamiento, higiene y salubridad que originaran el desmejoramiento en la salud de algunos de los internos allí alojados”.

Problemas edilicios

Entre las medidas de prueba ordenadas, se dispuso “la toma de registros fotográficos y fílmicos” y “un informe detallado de los internos que se encuentran alojados al momento de practicada la inspección”; además la lista “de la cantidad de internos durante julio, agosto y septiembre”.

Según lo establecido por el juez Carraro, “se pudo verificar la existencia de problemas de sobrepoblación representadas por un número mayor y significativo respecto de las plazas disponibles en cada una de las dependencias”.

“A ello, además, se le suman los problemas estructurales y edilicios de las distintas sedes policiales, donde se pudiera verificar en los espacios asignados al alojamiento de internos la existencia de celdas inadecuadas en cuanto a sus dimensiones con respecto al número de ocupantes”, amplió.

Asimismo, “se constata que la situación resulta ser más crítica aún en las seccionales quinta; novena; sexta; décima; undécima; tercera; segunda; Cría. Dto 13 de Laguna Paiva y séptima, en donde se puede apreciar un número sensiblemente mayor de alojados que duplica o hasta triplica la existencia de plazas”, fundamentó el magistrado.

Por tales motivos, el juez dio curso al hábeas corpus, dispuso la intervención del “urgente” del Ministerio de Seguridad y requirió al gobierno provincial, “dispongan de las partidas presupuestarias adecuadas para atender las refacciones edilicias necesarias de los centros de detenciones asignados en el ámbito de la ciudad, impulsando además el desarrollo de programas de atención a la problemática penitenciaria”.