editorial

Las relaciones con la Nación

  • La autorización del gobierno central para que la provincia tome el crédito kuwaití es una buena noticia también en el plano político-institucional.

La firma de la autorización del gobierno nacional para que la provincia contraiga el préstamo de 100 millones de dólares otorgado por Kuwait, permitirá financiar el acueducto que traerá un significativo alivio al norte de la provincia, a la vez que parece ser la exhibición de una etapa diferente en la relación político-institucional.

El crédito, en condiciones sumamente ventajosas para Santa Fe, fue confirmado al gobernador Antonio Bonfatti y sus funcionarios en el marco de la visita a Kuwait y los Emiratos Árabes, en mayo del año pasado. Pero para acceder al dinero, la provincia necesitaba que el gobierno central firmase la “no objeción”, y el acuerdo de garantía. Luego de muchos meses de espera, y de haber tenido la oportunidad de recordarle en forma personal la gestión al jefe de Gabinete, el mandatario santafesino recibió la llamada del propio Capitanich para comunicarle la buena nueva.

En rigor, no era la única vía de financiación para obras que el gobierno santafesino tenía paralizadas por falta de la venia nacional. Existen, tal como reflejó este diario oportunamente, al menos otras cuatro líneas de crédito en las mismas condiciones: una para un proyecto de reconversión productiva en el norte provincial, un programa de mejoras de gestión municipal, un préstamo del Banco Nación para la EPE y un programa de agua potable.

La agenda de la reunión de Bonfatti con Capitanich el pasado 5 de diciembre, en el marco de la apertura de una ronda de diálogo alentada por el jefe de Gabinete, que otorgó una oportunidad prácticamente sin antecedentes al santafesino, sirvió también para abordar una extensa serie de ítems. Desde el tratamiento de la inseguridad y la vivienda, a la realización de obras de infraestructura para el Puerto santafesino y los puentes Santa Fe-Santo Tomé y Goya-Reconquista-Avellaneda; así como permisos de autorización para generar energías renovables. En aquella oportunidad, el mandatario provincial también planteó una cuestión que actualizó en las últimas horas a partir del otorgamiento de facilidades financieras a distritos endeudados: el reconocimiento a las cuentas saneadas que tiene Santa Fe, pero sobre todo a las acreencias que mantiene para con la Nación. Y, sobre todo, la retracción ilegal del 15 por ciento de la coparticipación federal, que espera resolución de la Corte nacional.

En este contexto y con tales antecedentes, existe consenso en considerar a la actual instancia como “de diálogo”, luego de un largo período de tirantez, menosprecio y presiones de diverso tenor. Los elementos a mano parecen indicar -a priori- que no se trata de mera diplomacia oportunista: los funcionarios santafesinos rescatan que las reuniones en la Casa Rosada ahora incluyen también a los directivos de las áreas técnicas involucradas en las cuestiones que se abordan, y concluyen con instrucciones precisas sobre los pasos a seguir. Y en algunos casos, como se supo en estos días, arrojan resultados concretos.

Esta reformulación de los términos de la relación entre la Nación y las provincias no releva al gobierno central de sus responsabilidades y defecciones, ni neutraliza sanas y necesarias discrepancias políticas. Apenas, pero nada menos, supone encuadrarla en lo que se espera de una sociedad democrática, y en un país que -pese a tanta evidencia en contrario- aún se pretende federal.

Existe consenso en considerar a la actual instancia como “de diálogo”, luego de un largo período de tirantez, menosprecio y presiones de diverso tenor.