Síntomas de anarquía

La puja salarial en medio de un contraste demoledor

La inflación diluyó aumentos de salarios en 2013; los precios hicieron su “colchón”; la presidenta no da señales; hay gobernadores que dan marcha atrás con el aumento a policías y los gremios afrontan el dilema de realimentar los aumentos de precios.

Luis Tarullo

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DyN

Veinte, treinta, cuarenta..., en fin, cualquier porcentaje parece ser válido para la discusión salarial en paritarias que en breve comenzará de manera masiva, según el interlocutor al que se consulte.

Así, en esta ocasión la negociación corre el riesgo de mostrar síntomas de anarquía, situación alimentada encima por la escalada de precios que hubo todo el año pasado, sobre todo en el último tramo, que quedó consagrada en el acuerdo de precios anunciado recientemente por el gobierno.

Indiscutible es que la inflación del ciclo 2013 destrozó los aumentos de sueldo pactados en el turno anterior, de los cuales, vale aclarar, a varias actividades les falta cobrar alguna cuota.

Además, en esta oportunidad también aparece atomizado el rol de “marcar la cancha” de las discusiones, a diferencia de muchas de las anteriores, como por ejemplo la época en que el ritmo lo imponía el entonces presidente Néstor Kirchner con la anuencia de muchos gremios, más allá de lo cuestionable que sea el intento de poner pisos y techos.

Era de esperarse la rutilante aparición de empresarios que, algunos aparentemente transformados en virtuales operadores oficialistas, se atreven a sugerir que los aumentos salariales no tienen que superar el 20 por ciento, muy por debajo del índice de remarcación de una infinita cantidad de productos de consumo masivo que les ha permitido establecer un envidiable colchón de ganancias.

Y como si fuera poco, debe anotarse esta vez la indudable influencia de los espectaculares aumentos prometidos a las policías provinciales después de las rebeliones de los uniformados. Nadie, por lo menos en el sector público, pretende ganar menos que los policías.

Claro que aquí hay que abrir un inquietante paréntesis, porque están empezando a aparecer las provincias que borran con el codo lo que escribieron con la mano y están anunciando que no van a pagar ese aumento a los uniformados o que darán una mejora menor a la anunciada.

Solamente algunos pocos distritos, como Córdoba, donde empezó la protesta, estarían dispuestos a honrar los compromisos. Entonces, a la discusión salarial de los millones de empleados privados y públicos y un eventual escenario de protesta con medidas de acción directa -algunos docentes, como los de Udocba, ya avisaron que no iniciarán las clases si no satisfacen sus demandas- podría agregarse una reactivación del conflicto de los policías, que, de paso, pugnan por tener representación gremial.

El empleo en negro

• El cóctel se completa con el sempiterno dramón del estratosférico nivel de empleo en negro y el índice de desocupación evidentemente mayor al que anuncian las ya increíbles estadísticas oficiales. Pero aún suponiendo que el desempleo se acerque al guarismo gubernamental -que según parámetros internacionales significaría casi un nivel de ocupación óptimo-, el espeluznante trabajo en negro (que convierte al asalariado en un desaparecido social, ya que carece de cualquier protección y beneficio de la legislación laboral) alcanza para desmembrar el autoelogio que brota de los funcionarios a la hora de referirse a estas cuestiones.

Ni hablar de la pobreza y la indigencia, otros rubros que, merced a las erradas políticas de quienes no tienen ningún temor de que la patria se lo demande, van “in crescendo” de manera acelerada y obviamente preocupante. La Argentina sigue haciendo honor a la existencia de dos países: el visible y el invisible. El problema es que en los últimos tiempos ambos están en la superficie, sin posibilidad de ocultamiento. Y el contraste es tremendo y demoledor.

El punto de inflexión

Las negociaciones que vienen

Los trabajadores de la industria aceitera que se concentran en el sur de Córdoba y Santa Fe pidieron aumentos del 29,5 %. Son el mascarón de proa de un año en el que el gremialismo teme por los precios y reclama aumentos que los acelerarían.

Perón dejó el dilema definido en la figura del ascensor y la escalera; los salarios pierden cuanto mayor sea la pretensión. La solución es política para afrontar la inflación, pero la Casa Rosada insiste en un camino que acelera hasta aquí los incrementos de precios.

Los empresarios aceiteros ya rechazaron la demanda gremial; no será el único sector en pugna. La construcción dependerá de la obra pública en un año con cuentas fiscales en rojo y gobernadores pagando una deuda con la Nación que antes se postergaba. Y el Procrear afronta la verdad de los precios: el metro cuadrado se encarece ante un crédito que nominalmente se atrasa con cada día.

La devaluación en Brasil y el aumento de impuestos internos en el mercado interno es un dato decisivo para la evolución de los números récord de la industria automotriz; el aumento de combustibles y el amesetamiento industrial desafía al transporte y agudiza los reclamos de Moyano.

Los docentes -la mayor porción de empleados públicos- ponen a prueba a los gobernadores que ya resienten el mayor gasto en seguridad tras los reclamos policiales y que deberán pagar -en su mayoría- la deuda que antes Cristina les postergaba. Y el comercio, entre cortes de luz y un fin de año difícil, ve comprometida su evolución ante consumidores con bolsillos devaluados.

El dato

Demandas

• Esta instancia tiene otro condimento especial, ya que los empresarios pretenden beneficios cuyo otorgamiento depende del gobierno o de la evolución económica local y regional. Esas expectativas tienen que ver con reducción de cargas impositivas; un sistema más ágil en materia de reintegros y devoluciones por exportaciones; la reactivación de rubros que se amesetaron -como la construcción y las operaciones inmobiliarias-, consecuencia directa de medidas como el cepo cambiario y la mejora de mercados externos, como Brasil, lo cual redundaría en beneficios al sector automotor.

La presidenta Cristina Fernández no da señales, como en muchas otras cuestiones; los funcionarios relacionados con el tema están borrados y sólo atinaron a desempolvar la ya poco creíble cantinela de que las paritarias son libres y no tienen límites.