editorial

• Desde diversos ámbitos del Estado se plantea la estrategia de propiciar el desarme de la sociedad apuntando a los circuitos ilegales de distribución.

La huella del dinero

La provincia de Santa Fe culminó el año 2013 estableciendo nuevas marcas en la cantidad de homicidios cometidos en la ciudad capital, que llegó al número de 107, y en Rosario, que con 257 se situó en los parámetros más altos del continente.

Estas cifras parecen corroborar la generalizada percepción del incremento de la violencia por la actuación de organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico. Aunque la discriminación estadística indica que esto no es así -más de tres de cada cuatro homicidios siguen respondiendo a conflictos interpersonales-, es indudable que este factor ha sumado nuevos elementos de riesgo y preocupación para la comunidad. El otro, también estrechamente vinculado al luctuoso resultado de confrontaciones dirimidas de la peor manera posible, es la gran cantidad de armamento ilegal en manos de la población.

No en vano, más allá de las acciones de la política de seguridad propiamente dicha del gobierno santafesino y de las medidas de contención y desarrollo social con que se apuesta a mejorar el cuadro de situación en el mediano y el largo plazo, las autoridades fijaron como una de las prioridades para el año en curso la realización de fuertes acciones de desarme.

Pero a la vez, la cuestión de la tenencia de armas de fuego fue abordada bajo la forma de directiva de trabajo por la Procuración General de la Corte. El instructivo parte de la base de que la violencia como tal no puede ser desactivada desde ese ámbito, pero sí atemperar sus consecuencias propiciando la erradicación de armas.

La estrategia para ello es apuntar al mercado ilegal, tratando de identificar a quienes se benefician económicamente con este comercio para desatar sobre ellos el castigo, y de esta manera golpear a las redes montadas para la provisión y afectar el circuito por el cual las armas llegan a manos de los vecinos. Para eso se prevé el entrecruzamiento de datos y la vinculación de expedientes entre casos de hurtos o extravío de armas por parte de personal policial, y episodios en lo que finalmente son usadas; precisamente a los fines de establecer quién fue el responsable de la circulación.

La iniciativa incluye la habilitación en la órbita del Poder Judicial de un 0800 que reciba denuncias, se requiere la derivación de personal policial a las fiscalías de causas con autores no identificados, y se buscará una acción coordinada con asociaciones, organizaciones no gubernamentales y vecinales.

El seguimiento del “rastro” del dinero produjo avances importantes en la persecución del narcotráfico, ya que muchos delincuentes pudieron ser imputados al detectarse o analizarse diversas operaciones comerciales o de movimiento patrimonial, como la adquisición de inmuebles y vehículos. En el caso de las armas, se trata de un enfoque práctico y concreto para abordar una problemática que excede con mucho la acción policial, y apunta, por otras vías, a prevenir el crimen y disuadir a quienes lucran con él.

El seguimiento del “rastro” del dinero produjo avances importantes en la persecución del narcotráfico, al detectar operaciones inusuales.