editorial

• El gobierno logró recuperar, después de casi dos años, las 180 viviendas del Plan Santa Rita II.

Recuperación de un barrio usurpado

Fueron casi dos años de tensión e incertidumbre. Cuando el 3 de abril de 2012 decenas de familias usurparon el barrio en construcción Santa Rita II, quedó en claro que no sería sencillo encontrar una pronta salida al problema.

Durante la tarde del último miércoles, el gobierno anunció al fin la recuperación total del predio, luego de que las últimas cinco familias que aún vivían en el lugar aceptaron devolver las viviendas.

Desde la Secretaría de Estado de Hábitat, se resaltó que la salida de estas familias fue “voluntaria”. Sin embargo, ésta es una verdad a medias. En realidad, el acta acuerdo firmada incluye un subsidio de 12.000 pesos para cada grupo familiar, el traslado gratuito de sus pertenencias y la posibilidad de ingresar en el Registro Único de Inscripción Permanente de Vivienda.

Pero eso no fue todo. Además, durante los últimos meses la mayoría de las casas fue literalmente saqueada. Se llevaron las aberturas, los sanitarios y hasta los techos. Lo que en su momento fue un barrio casi terminado, se convirtió en hileras de “esqueletos” de ladrillos apilados, de paredes maltrechas y desnudas.

En definitiva, el conflicto terminó costándole realmente caro al Estado provincial. No sólo por la erogación económica necesaria para “convencer” a las familias de que devolvieran los inmuebles y para reconstruir la mayoría de las casas, sino además por el malestar de tantos otros que desde hace años aguardan pacientemente la posibilidad de acceder a una vivienda propia, respetando las normativas vigentes.

Lo sucedido en Santa Rita II provocó una profunda pérdida de confianza en el sistema e instaló la idea de que el uso de la fuerza puede representar una vía efectiva para obtener a una casa.

Ahora, llegó el momento de analizar los motivos que generaron este conflicto. En primer lugar, resulta imprescindible reconocer la grave crisis habitacional que sufre la provincia de Santa Fe -sobre todo en las grandes ciudades-, ya que desde la última década viene siendo inaceptablemente discriminada por el gobierno nacional a la hora de distribuir recursos para la construcción de viviendas.

Cualquiera que pueda recorrer provincias cuyas administraciones coinciden con el signo político del gobierno central, podrá observar cómo se multiplican los barrios en construcción gracias a los aportes nacionales. En Santa Fe, sucede lo contrario.

Asfixiados por un sistema centralizado de recaudación de recursos, los Estados provinciales no están en condiciones de hacer frente al desafío de paliar la crisis habitacional.

A esto, se debe agregar que existieron algunas desprolijidades de parte del gobierno local en el manejo del conflicto. En primer término, porque las 180 viviendas de Santa Rita II llevaban cinco años sin ser entregadas a sus verdaderos destinatarios, a pesar de que el barrio estaba prácticamente concluido.

La construcción de este barrio se inició en 2006, en el marco del Plan Federal I. El plazo de construcción era de 12 meses, pero en 2007 la obra se paralizó y quedó a medio terminar por falta de fondos.

El 19 de abril de 2010, se supo que los techos de al menos diez viviendas habían sido extraídos por desconocidos. Se dijo que las casas iban a ser terminadas con fondos de la provincia, a más tardar a principios de 2011. Pero nada de esto ocurrió.

En los últimos tiempos, funcionarios nacionales se comprometieron ante el gobierno de Santa Fe a impulsar la construcción de viviendas en el territorio provincial. Por ahora, son sólo promesas, nuevas promesas que reciclan otras incumplidas. La realidad y los antecedentes de los últimos años no dejan demasiado lugar al optimismo.

Funcionarios nacionales se comprometieron a impulsar la construcción de viviendas en territorio provincial.