editorial

• En Córdoba, impulsan un proyecto de ley para expulsar a los efectivos que se insubordinen. En Santa Fe, el gobierno busca negociar condiciones laborales.

La situación policial sigue siendo tensa

La relación entre la policía y el poder político atraviesa momentos delicados, sobre todo a partir de los motines generados a finales del año pasado en la mayoría de las provincias argentinas.

Fueron momentos duros y cargados de incertidumbre, durante los cuales miles de uniformados de todo el país -armados y en las calles- reclamaron mejoras salariales, y crearon condiciones como para que se desatara una ola de saqueos en numerosas ciudades. Santa Fe no fue la excepción.

El gobierno provincial radicó las denuncias correspondientes ante la Justicia Federal e inició una serie de acciones administrativas para determinar el grado de responsabilidad de los policías en la huelga y los desmanes.

Si bien Antonio Bonfatti se opuso públicamente a la creación de un sindicato que nuclee a las fuerzas policiales, en las últimas horas el gobierno anunció que se abrirá un registro de postulantes para conformar comisiones de salud y seguridad laboral, que serán integradas por representantes de la policía y de los efectivos del Servicio Penitenciario.

La situación sigue siendo tensa. Sobre todo en algunas provincias donde los gobernadores dieron marcha atrás en sus promesas de mejoras salariales, aduciendo que debieron tomar la decisión bajo un estado de extorsión.

Córdoba fue la provincia donde se inició la crisis. Mientras el gobernador José Manuel de la Sota se encontraba fuera del país y el gobierno nacional se limitaba a observar los acontecimientos, bandas delictivas de apoderaron de las calles de la capital mediterránea. Pronto se produjo un efecto contagio en numerosas provincias.

Ahora, De la Sota acaba de anunciar un proyecto de ley antimotines que, seguramente, generará polémica. En el texto de la norma, se establece la expulsión de las fuerzas policiales y penitenciarias para quienes “promuevan conductas de insubordinación”.

En la Legislatura de su provincia, el gobernador explicó que la ley apunta a evitar futuras protestas policiales con las características que tuvieron los reclamos del año pasado: “Planteará la cesantía o exoneración del personal de las fuerzas de seguridad, cualquiera sea su grado y situación, que tenga conductas de insubordinación, abandono del servicio, o efectúen reclamos de manera hostil o tumultuosa”, adelantó.

De todos modos, también anunció que se implementará un Consejo de Bienestar Policial, en el que se atenderán, analizarán y evaluarán las condiciones de trabajo y remuneraciones de la totalidad de los agentes policiales.

Al igual que lo hiciera Antonio Bonfatti, el gobernador De la Sota aclaró que no se trata de una sindicalización, a la que considera “inviable”.

En definitiva, las relaciones entre las fuerzas policiales y el poder político siguen siendo tensas. Lejos de solucionarse los problemas, a partir de diciembre del año pasado parecen haber ingresado en un compás de espera.

La reciente devaluación del peso y el aceleramiento del proceso inflacionario en la Argentina, probablemente aceleren los tiempos y pronto se reanuden las discusiones por un malestar que está latente.

Si esto sucediera, será fundamental que no se repitan los errores del pasado, que se actúe con firmeza y responsabilidad, pues el país no está en condiciones de soportar una nueva escalada de violencia y descontrol.

Será fundamental que no se repitan los errores del pasado, que se actúe con firmeza y responsabilidad.