editorial

Juego de espejos

• La Corte volvió a ordenar que se respete la equidad en la distribución de la pauta publicitaria oficial. La reacción osciló entre lo alarmante y lo disparatado.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó al gobierno central incluir a Canal 13 en la pauta publicitaria oficial, trajo aparejado un duro cuestionamiento a la política del kirchnerismo en la materia y desató una nueva polémica con la propia presidente de la Nación.

El pronunciamiento del Tribunal ratifica un fallo de segunda instancia, y el criterio sustentado en anteriores oportunidades. Y también sirvió a los magistrados para reprender al gobierno por el incumplimiento de lo dispuesto en el caso “Perfil” y dejar claramente establecida la vinculación que existe entre el manejo de los recursos públicos y el resguardo de la libertad de expresión, que involucra el ejercicio crítico del periodismo y la eliminación de cualquier tipo de censura.

Contra lo que el jefe de Gabinete y la jefa del Estado arguyeron después, al considerarla una violación de la independencia de poderes, la Corte reconoce al gobierno la potestad de decidir si invertirá recursos para hacer publicidad en medios privados, y en qué medida. Pero subraya que, en tal caso, debe sujetarse a dos preceptos constitucionales: no puede manipular la publicidad dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios, y no puede utilizarla como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión. Más aún: el criterio del Alto Tribunal es que la responsabilidad del Estado no se agota en inhibirse de incurrir en tales conductas, sino que se extiende a promover de manera activa los valores protegidos.

La reacción oficial transcurrió por los carriles previsibles, entre lo disparatado y lo alarmante. Jorge Capitanich no solamente acusó a la Corte de violar la independencia de poderes -encuadre que suele aplicar el kirchnerismo a cualquier acción con que la Justicia pretenda cumplir el rol de contralor constitucional que tiene asignado-, sino que demostró una alarmante capacidad de tergiversación de pilares básicos de la institucionalidad republicana. Así, interpretó que la verdadera libertad de expresión no consiste tanto en su respeto por parte de las autoridades, como en la posibilidad que los periodistas tengan de opinar en contra de la línea editorial de los medios en los que trabajan. Y que el principio de la publicidad de los actos de gobierno, más que una obligación para la Administración, constriñe a las empresas periodísticas a otorgar espacio a cada medida oficial, aún las menos significativas.

Independientemente del paulatino descrédito en que, por el curso de los acontecimientos, se ve sumido el jefe de los ministros y cotidiano vocero del Ejecutivo, las mismas aseveraciones fueron retomadas luego por la presidente; valiéndose para ello de la cadena oficial y en el contexto de un discurso que utilizó -una vez más- para descalificar e identificar enemigos a diestra y siniestra.

Como en un juego de espejos desquiciado, el gobierno nacional invierte por completo el significado de los conceptos que inspiran las normas constitucionales y, de esa manera, refleja de manera palmaria por qué los pronunciamientos que tanto le molestan se vuelven imprescindibles y acuciantes.

El gobierno no puede manipular la publicidad dándola y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios, y no puede utilizarla como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión.