editorial

Controversia por el Código Penal

• Según el anteproyecto de reforma del Código, bajarían las penas para el homicidio agravado, la violación agravada, la tortura y la corrupción de menores.

Durante las últimas semanas, la discusión sobre el nuevo Código Penal se instaló en la Argentina.

Se trata de un tema de suma importancia. No sólo porque la inseguridad representa una de las principales preocupaciones entre quienes viven en este país, sino porque el Código actual fue sancionado en 1921 y en gran medida resulta arcaico.

Las sociedades han cambiado profundamente en estos 95 años. Y estas transformaciones se reflejan indefectiblemente en el mundo del delito, en los procederes de los delincuentes e, incluso, en las concepciones que hoy se tienen sobre las sanciones y los procesos de reinserción social de quienes infringen las leyes.

Durante estas nueve décadas y media, desde el Congreso de la Nación se produjeron numerosas reformas al viejo Código. Algunas, realizadas a conciencia. Otras, en cambio, por meras respuestas demagógicas al clamor popular. En definitiva, en mayor o menor medida, todos estos cambios se convirtieron en meros “parches” que fueron generando contradicciones y desequilibrios normativos.

Una nueva mirada abarcadora sobre el Código Penal resulta indispensable en la Argentina. Por ese motivo, el debate es bienvenido.

Dicho esto, habrá que advertir que algunos de los aspectos de este anteproyecto que han transcendido públicamente resultan, por lo menos, controvertidos.

Según el texto elaborado por una comisión integrada por juristas, legisladores, hombres del oficialismo y también de la oposición, se eliminaría el concepto de reincidencia como agravante a la hora de establecer penas. Es decir que, por ejemplo, en el momento de penar a un asesino, daría lo mismo que hubiera matado una o diez veces.

Pero eso no es todo. Otro punto polémico es el hecho de que el tráfico y la venta de drogas serían excarcelables. Además, para condenar a quien ingresa drogas al país por el delito de “contrabando de estupefacientes”, a los jueces ya no les resultaría suficiente el hecho de que el sospechoso haya sido encontrado con el cargamento. La Justicia debería probar, además, que el detenido tenía el objetivo de comercializar dicha droga.

De aprobarse este anteproyecto, bajarían las penas para el homicidio agravado, la violación agravada, la tortura, la corrupción de menores, para quienes participen de una asociación ilícita y para el contrabando.

El secuestro seguido de muerte intencional ya no sería penado con prisión o reclusión perpetua. Serían excarcelables el robo con armas y la extorsión. Además, para quienes se dedican a la trata de menores la pena mínima bajaría de 10 a 4 años de prisión. Este anteproyecto deroga la prisión perpetua para los homicidios agravados.

Si bien resulta necesario generar un mayor abanico de sanciones que no representen indefectiblemente la prisión (trabajos comunitarios, multas, detención domiciliaria, etc.), el anteproyecto establece que los delincuentes podrían cumplir condena en su casa en el 86 por ciento de los delitos.

Es cierto que el contenido del nuevo Código Penal no puede estar supeditado a los estados de ánimo de una sociedad abatida por la inseguridad. Sin embargo, es imprescindible un debate amplio, razonable y responsable antes de que el tema sea tratado en el Congreso de la Nación.

En definitiva, lo que está en juego es demasiado importante como para cometer errores en nombre de la urgencia.

Es imprescindible un debate amplio, razonable y responsable antes de que el tema sea tratado en el Congreso de la Nación.