Presunto plan para asesinar a funcionarios judiciales y policiales
Escuchas: el fiscal advirtió que la difusión perjudica la investigación
- Aníbal Vescovo aclaró hoy que lo difundido es “una interpretación, que no sé si es todo lo correcto que uno espera”. Hablo de términos “multívocos”, y de que es necesario tener en cuenta el contexto en el que se produjo la conversación.
De la redacción de El Litoral
El fiscal rosarino Aníbal Vescovo, que investiga las escuchas telefónicas realizadas por la Policía Federal y de las que surgió un presunto plan para asesinar a funcionarios policiales y judiciales, advirtió hoy que la difusión pública de dichas conversaciones no favorece el desarrollo de las investigaciones.
“El jueves -contó hoy Vescovo en declaraciones a la emisora rosarina LT3-, el juzgado federal remitió copia de la transcripción de un teléfono que intervinieron ellos por una causa, y de las escuchas surgen datos. (Pero) al darse a conocer el viernes a la prensa (el contenido de las escuchas), hubo que variar la forma en que íbamos a seguir investigando, porque darle difusión no fue lo más conveniente para la investigación”.
El fiscal alertó, incluso, sobre las múltiples interpretaciones a las que lleva el texto surgido de las escuchas, esencialmente por los vocablos y expresiones que se emplean, y que obligan a extremar el grado de cautela.
“Aún hay medidas que están en curso de ejecución, pero además, lo que se siguió haciendo es una tarea de interpretación, porque hay un montón de términos que son multívocos; nos pueden llevar a un lado o a otro, y lo que se difunde es también una interpretación que no sé si es todo lo correcto que uno espera”, manifestó.
El contexto
Los protagonistas de las escuchas telefónicas son Germán Almirón, un suboficial de policía de 32 años, detenido en la Alcaidía Mayor de la Jefatura de Rosario por facilitar la fuga de un sicario de la banda de Los Monos en enero pasado; y Aarón Treves, de 29 años, preso en la cárcel de Coronda por el asesinato de Gustavo Serra en 2012, y por trasladar dos kilos de pasta base de cocaína en un auto en la zona sur rosarina.
Vescovo aludió a la situación de ambos, y al lenguaje que surge del ámbito carcelario. “De todo el contexto, hay que ver bien dónde viene la forma de manifestarse de esta gente; no está tan claro para mí -advirtió-. Además, estamos en el inicio de una investigación, y a nosotros nos cambió la forma de trabajar el tema a partir de la difusión”, sostuvo. Sobre esa base, enfatizó que “hay medidas que es necesario dejar que avancen un poco para llegar a un buen resultado de la investigación”.
Consultado sobre el presunto vínculo de los escuchados con el poder político, Vescovo lanzó otra advertencia: “Es importante saber que muchas veces está ese aducir que se tiene algún contacto, pero no sé si en todos casos es así”, planteó.
Finalmente, dijo que es materia de otra investigación el hecho de que los reclusos hayan podido mantener con tanta facilidad las conversaciones telefónicas investigadas ya que “por normativa interna, los reclusos no pueden tener celulares en su poder”, concluyó.
"Hay gente que indudablemente es corrupta dentro de la institución policial y que permite que un preso tenga celulares. Eso se está investigando absolutamente todo”.
Antonio Bonfatti, esta mañana en Rosario.
“Comprar la historia...”
Enrique Font.
Foto: Archivo El Litoral
El criminólogo y ex funcionario provincial, Enrique Font, evaluó con cierto escepticismo el contenido de las escuchas. En declaraciones que publica el matutino Rosario/12, opinó que lo que se desprende de allí “no es un plan (para asesinar a jueces y fiscales), sino otra cosa, una conversación entre dos presos: uno, policía de la División Judiciales, molesto porque se siente traicionado por su jefe; el otro, Treves, porque dice haber colaborado en la causa (de Los Monos) en la que está imputado y no recibió nada a cambio”.
“Quienes conocen el ámbito carcelario -dijo- saben que ese tipo de conversaciones no son nada infrecuentes entre presos. En este caso, lo que puede resultar preocupante es el contexto en que se da esa conversación. Esto es, las amenazas hipercomunicadas, infrainvestigadas y nunca esclarecidas a funcionarios del Ministerio de Seguridad y judiciales”. Y acotó que “titular como ‘plan’ una conversación entre presos, que es más expresión de su enojo y resentimiento, es sin dudas excesivo. Plan, lo que se dice plan para asesinar a dos funcionarios judiciales, es algo bien distinto”, aseveró.
“Sé que es poco simpático hacer estos comentarios -reconoció-, porque lo más cómodo sería comprar la historia tal como está presentada. Pero si realmente nos preocupa lo que está ocurriendo en la provincia, si vamos a tomar en serio las amenazas, lo que hay que hacer esclarecerlas. Y sobre todo, profundizar la investigación en algo que algunos indicamos desde un primer momento: investigar el vínculo policial y la manera en que la falta de políticas acertadas y la autonomía policial son parte central en esta trama”, concluyó.
Disertación de Barraguirre
En el marco de una serie de conferencias organizadas por la Asociación Civil “Generación para un Proyecto Social” (GPS) junto a la Universidad Nacional de Rosario, Jorge Barraguirre disertará sobre “Lineamientos de Política Criminal de la Procuración de la Corte para la provincia de Santa Fe. Período 2013-2014”. El evento se realizará mañana a las 18 en la sede del espacio cultural de la UNR (San Martín 750). El actual procurador será presentado por el diputado provincial Maximiliano Pullaro y el rector de la UNR, Darío Maiorana.
“GPS” es un espacio de pensamiento y debate que se propone la necesidad de trabajar en la comprensión de los dilemas que plantea cotidianamente la realidad, y su vínculo con las diversas áreas de gestión. Según sus organizadores, “es la construcción de un ámbito participativo y plural, destinado a reflexionar y discutir acerca de las políticas públicas inherentes a las áreas gubernamentales de los gobiernos provincial y los locales”.
Son impulsores del espacio Pullaro, los concejales de Rosario, María Eugenia Schmuck y Sebastián Chale, y el ex ministro de Seguridad, Leandro Corti. Coordinan las conferencias con las universidades y otras instituciones de la provincia.
Convocatoria
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe y el Colegio de Jueces Penales de la 2ª Circunscripción Judicial convocaron a sus integrantes, profesionales del Derecho, miembros de los demás poderes del Estado y a la comunidad toda, a concurrir al acto que se realizará en Defensa del Estado de Derecho, en resguardo de las garantías mínimas para el funcionamiento de la labor jurisdiccional y de investigación frente a la actuación delictiva organizada y en solidaridad con el juez Juan Carlos Vienna y el fiscal Guillermo Camporini.
“El descubrimiento de acciones dirigidas a atentar contra la integridad física de jueces y funcionarios judiciales constituye un hecho de grave trascendencia institucional que tiene como antecedente amenazas que se produjeron el año pasado contra dicho magistrado y fiscales. Esta modalidad criminal viene a sumarse al atentado perpetrado contra el gobernador de la provincia y a las amenazas sufridas por funcionarios del poder Ejecutivo y policiales. Todo conforma un marco de ataques a las instituciones democráticas sin precedentes mereciendo una respuesta cívica madura y contundente de quienes tenemos responsabilidades públicas y de toda la ciudadanía santafesina y nacional”, sostiene el Colegio.
El acto tendrá lugar mañana a las 12.45 en el hall del Palacio de Tribunales de Rosario, con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Rafael Gutiérrez, y el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, Víctor María Vélez.
La FAM, a su vez, expresó su “repudio y preocupación” frente a los hechos y les confirió “una gravedad inusitada, pues al dirigirse contra personas que ostentan y cumplen con una función pública, confiada por sus conciudadanos, afectan a la sociedad y a todas las instituciones republicanas de la provincia, pues es el Estado mismo el destinatario de conductas que lamentablemente se repiten”.
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