Cuando a finales de julio de 2007 se supo que en una escuela de Alto Verde los maestros enseñaban a sus alumnos cómo debían protegerse de las balaceras, la sociedad santafesina quedó estupefacta. Y no era para menos.
Por entonces, las bandas de delincuentes ya asolaban el distrito y los maestros decidieron hacer lo que tenían a su alcance para proteger a sus alumnos. En la escuela Simón de Iriondo, donde por entonces concurrían alrededor de 700 chicos, un cartel pegado en el pizarrón advertía: “Meterse debajo de la cama, no salir de sus casas, ir agachados, llamar a los familiares y esperar a que un mayor les avise que ya no hay peligro para salir”.
La decisión se adoptó luego de que una maestra citara a los padres, preocupada por las continuas tardanzas de sus alumnos. Allí supo, entonces, que las demoras se producían debido a los tiroteos que se producían en las calles en distintos horarios del día.
Pasaron siete años y la situación, lejos de mejorar, empeoró progresivamente. Tanto, que en estos momentos este tipo de noticias ya no resulta tan sorprendente para quienes viven en la ciudad.
En las últimas horas, dos grupos de malvivientes sembraron el terror en barrio Centenario: se enfrentaron a los tiros en Oroño al 300, frente a la escuela Nuestra Señora de Itatí.
Se vivieron escenas de horror. A tal punto, que los docentes y sus alumnos debieron arrojarse al piso para protegerse de los balazos que podían ingresar al establecimiento.
Los maestros contaron poco después a El Litoral cómo los niños, de entre 6 y 12 años, rompieron en llanto mientras se escondían debajo de sus pupitres. Estaban aterrados y, seguramente, jamás olvidarán el momento que debieron vivir.
Las clases debieron ser suspendidas, pues nadie estaba en condiciones de permanecer en la escuela luego de lo que había sucedido. De hecho, la policía debió custodiar el establecimiento hasta las 17.30, cuando el último alumno partió hacia su casa.
Lo más llamativo del caso es que todos saben quiénes se enfrentaron a los tiros en las calles del barrio. Se trata de integrantes de las bandas Los Cronos y Los del Pasillo, que desde hace tiempo dirimen territorio y poder en la zona.
La cantidad de armas en las calles de la ciudad sorprende. A pesar de los decomisos realizados por la Policía y de los programas encarados por el Renar durante los últimos años, el problema fue en aumento.
Sobre fines de 2013, el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, planteó públicamente su preocupación y dijo haber ordenado que se investigue por qué tantos policías denunciaban el extravío de sus armas.
Es que, sin dudas, el mercado ilegal de armamentos se alimenta del delito y de la corrupción.
