editorial

• Por primera vez en la historia argentina, un vicepresidente de la Nación en ejercicio fue citado a prestar declaración indagatoria.

El vice en el banquillo

La situación judicial de Amado Boudou colocó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en una posición sin antecedentes en la historia argentina: por primera vez, un vicepresidente en ejercicio fue citado a prestar declaración indagatoria ante la Justicia.

Lo inédito del caso se potencia, además, por otras dos circunstancias. Una es casi anecdótica, pero fuertemente simbólica: el día fijado para la declaración, el 15 de julio, la presidente estará fuera del país -participando de la reunión del bloque Brics, en Fortaleza-, con lo cual Boudou estará a cargo del Poder Ejecutivo. La otra es más de fondo: la contundencia de los términos con los cuales el juez Ariel Lijo justifica la citación a indagatoria que convierten al procesamiento en la alternativa más factible, dentro del menú de decisiones que el magistrado puede tomar luego de este trámite procesal. El juez no solamente involucra -siempre en grado de hipótesis- al funcionario en la maniobra en condición de beneficiario concreto, sino que alude a otro ilícito cometido directamente en perjuicio del Estado, como es el de (presumiblemente) haber paralizado una modernización de los equipos de la Casa de la Moneda que hubiese dado respuesta a la crisis de la falta de billetes en 2010.

El comportamiento de los integrantes del elenco gubernamental ante esta novedad también resulta sugestivo. Tras un período inicial de defensa cerrada al vice, la evolución de los acontecimientos y la acumulación de elementos en la causa parecía conducir a un paulatino distanciamiento, e incluso hace pocos días algunos encumbrados referentes del kirchnerismo habían deslizado la sugerencia de un pedido de licencia como la estrategia más conveniente.

Sin embargo, en el momento más complejo para Boudou, la orden parece haber sido otra vez la de cerrar filas en torno a él y, en lugar de dejar que afronte solo -y acotando a su persona el perjuicio- las derivaciones de su accionar, se optó por abrazar la tesis de la conspiración mediático-judicial. Acaso porque los términos del pronunciamiento de Lijo hacen temer que la controvertida figura de Boudou, antipática para muchos integrantes del entorno presidencial, no funcione realmente como un cortafuegos, y la causa pueda llegar un poco más lejos.

Al respecto, el propio Boudou -en un desacostumbrado raid mediático- fue quien se encargó de hacer notar que el levantamiento del pedido de quiebra que pendía sobre la imprenta fue producido, en primera instancia, desde la Afip y con Ricardo Echegaray como titular. Pero luego distintas áreas de gobierno participaron en los contratos obtenidos por The Old Found -la compañía que se quedó con Ciccone y en la cual, según entiende a priori el juez, Boudou tiene intereses-, como la impresión de boletas del Frente para la Victoria en 2011; o hicieron la vista gorda ante diversas irregularidades o incumplimientos, como la conformación de la sociedad o la falta de pago de aportes patronales a los empleados.

Por sus dimensiones y alcances, las implicancias de la maniobra difícilmente puedan ser atribuidas a una sola persona, ni haber escapado a la vista de los dos últimos presidentes de la Nación. Desentrañar cuáles son los respectivos niveles de responsabilidad es la difícil tarea que tiene por delante la Justicia; un verdadero desafío institucional que interpela a la República y que difícilmente pueda ser evadido con acusaciones estentóreas, y acaso ni siquiera con chivos expiatorios.

Los términos del pronunciamiento judicial hacen temer que las implicancias del caso no se agoten en la controvertida figura de Amado Boudou.