Si las provincias ceden...
La petroleras ponen condiciones
Para invertir en YPF Sociedad Anónima, requieren que las provincias con yacimientos limiten sus regalías y extiendan plazos de explotación. Cristina impulsa el “acuerdo federal para el autoabastecimiento de hidrocarburos”.
De la redacción de El Litoral
YPF no es estatal sino una Sociedad Anónima con mayoría accionaria en manos públicas y con dominio gerencial de presidencia. Cualquiera que quiera relatar otra historia, puede consultar los estatutos de la empresa.
Lo saben los gobernadores de provincias petroleras, dueñas por imperio constitucional del recurso y de una minoría accionaria en YPF, donde están cautivas del “gerenciamiento” de la Casa Rosada.
Carlos Zanini, secretario Legal y Técnico de la presidencia, estaría terminando de diseñar una nueva ley por la cual el CEO de YPF Sociedad Anónima podría volver a ofrecer a inversores privados no sólo un contrato “secreto” como el que firmó con Chevrón sobre zonas ya concesionadas, sino nuevos contratos sobre más zonas a explotar sin que los gobernadores puedan ejercer derechos plenos para cobrar impuestos y tasas o para armar sociedades provinciales para industrializar lo que es propiedad de sus provincias.
Así que la “soberanía energética” plantea el dilema: despejar el escenario que reclaman las corporaciones petroleras dueñas de la tecnología y los capitales para sacar el decisivo recurso, o respetar el dominio consagrado en la Constitución a manos de gobernadores que por no relegar derechos legítimos estrangularían la provisión de petróleo.
Señala hoy La Nación que Cristina está convencida en avanzar -Galuccio mediante- con su criterio de soberanía energética a través del proyecto de Zanini.
Julio De Vido sería el encargado de alinear a los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), el lunes a la tarde en Olivos. La Casa Rosada quiere el visto bueno de los mandatarios antes de ir al Congreso.
De paso el titular de Planificación Federal debe convencer a los mandatarios que el pago de los bonos con los que se pagó a Repsol y que hoy están en manos de la JP Morgan, también se financiará con las “regalías” provinciales.
La idea de Zanini a instancias de Galuccio es que las provincias no excedan el 12 % que cobran por regalías, limiten las licitaciones de áreas a favor de empresas en las que participan las provincias y prioricen a YPF -y sus contratos con capitales externos- para adjudicar yacimientos. Los mandatarios provinciales tendrían además que ceder los plazos contractuales hasta 30 años a favor de los capitales privados.
Incluso para el caso de Vaca Muerta se necesitan extensiones de esos plazos.
