ANTE EL NOTABLE INCREMENTO EN EL NORTE
Abigeato: fiscales prometen ir a fondo “caiga quien caiga”
- Los nuevos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación mostraron su voluntad de poner coto a este flagelo. El Movimiento de Productores Autoconvocados del norte advirtió sobre organizaciones dedicadas al robo de ganado. En el medio, fue relevada la cúpula de Los Pumas.
Los nuevos fiscales quieren que la imagen de cuatreros detenidos se repita y el abigeato deje de ser el común denominador en los campos del norte.
Foto: Gustavo Capeletti
Gustavo Capeletti
Un cálculo privado realizado por productores del norte de la provincia estima que tan sólo en la zona comprendida entre Los Tábanos (Dpto. Vera) y Villa Ocampo (Gral. Obligado) la faltante de animales vacunos por abigeato asciende en el último lustro a las 1.000 cabezas.
Ante esta tamaña y oprobiosa realidad para la ganadería norteña, desde la Fiscalía Regional de Reconquista se promete ir a fondo para poner tras las rejas a autores del robo de ganado, flagelo que azota a la región sin solución de continuidad.
El titular de Ministerio Público de la Acusación con sede en Reconquista, Dr. Eladio García, precisó a El Litoral que el abigeato constituye un “delito económico complejo” de tipo penal porque se asienta en un mercado que requiere un particular modus operandi, donde “el autor y sus partícipes se apoderen de animales, conozcan y tengan intermediarios para su faenamiento y posterior comercialización”.
“Estamos haciendo alusión a que la sustracción de cabezas de ganado produce un beneficio económico, para que a fines de ser comercializadas, deban ser vendidas, a veces en pie para su posterior faenamiento en lugares que puedan ser lejanos”, precisó.
Es entonces, agregó García, “un mercado que se sustenta a sí mismo y que requiere de actores económicos diferentes. En un orden lógico podemos indicar un trabajo de inteligencia previo con la intervención de merodeadores, falsos cazadores, peones o administradores de campos desleales, compradores de hacienda o productores en negro, a veces de dudosa procedencia y la puesta en otro lugar del mercado, con frigoríficos, mataderos o colgaderos, más o menos autorizados que dan una pátina de legalidad a la venta de carnes faenadas mayorista o minorista”, añadió.
Para el funcionario jefe de los fiscales en el norte, tal ilicitud de esta cadena de comercialización, requiere de la “falta de controles municipales y estatales. Los organismos bromatológicos y el Senasa que debe fiscalizar la sanidad, pueden cumplir con esta labor, pero no siempre por razones de su objeto específico están más ubicadas en la búsqueda del control de evasión impositiva y salubridad, descuidando la propiedad de la carne”.
En esa línea, sostuvo que las autoridades policiales -fundamentalmente la guardia rural- deben “comprometerse ante este fenómeno delictivo económico complejo y las autoridades judiciales, fiscales en la investigación, apoyar el trabajo de estas organizaciones policiales”, que si bien están capacitadas y especializadas para conocer el delito rural, por sus propios cuadros, carecen de elementos actualizados, tales como material tecnológico, debiendo ser capacitados en telefonía (intervenciones telefónicas), informática (pericias), etc.
Como todo mercado económico ilícito cuando decimos que “debe caer quien caiga, estamos diciendo que sin la persecución de sus partes más fuertes, como son los frigoríficos ilegales a los cuales hacíamos alusión ut supra no podría resolverse”, aseveró.
Por supuesto que cualquier labor investigativa debe estar apoyada en las víctimas, damnificados, muchas veces aportando datos en sus organizaciones constituidas tales como la Sociedad Rural, asociaciones de productores, productores autoconvocados, etc., “donde se encuentran estadísticas y otros informes como también el compromiso de dichos productores de no caer en la tentación que genera la evasión impositiva o de los controles periódicos y de sanidad para sus animales”, explicó.
Marina Masat, productora agropecuaria y vocera del grupo, Francisco Caminos, ganadero de San Javier y representante de la Sociedad Rural Argentina y el presidente de la Cosago (Comisión de Sanidad Agropecuaria del departamento General Obligado) Juan Carlos Uliana, expresaron a El Litoral cómo viven la situación relacionada con los delitos rurales.
“Desde hace tiempo, un grupo de personas venimos trabajando para lograr una mayor seguridad y persecución penal, principalmente del abigeato. En un primer momento los delitos eran de una o dos cabezas de ganado, pero últimamente la situación se fue agravando, ya que fueron muchísimas cabezas, causando graves perjuicios a los productores. También se observan robos de herramientas en los cascos de los campos. El robo de gran cantidad, 15, 30 ó 40 animales implica una organización, ya no es para el consumo o de venta al menudeo, sino con fines industriales”, señalaron, con preocupación.
—¿Dónde ven la deficiencia o por qué ocurre esto?
—En realidad hay varios factores principalmente no hubo criterios uniformes para la persecución penal de las fuerzas de seguridad. Ya lo dijimos, la DGSR no está haciendo bien las cosas, hay gente capacitada, pero otras no.
La falta de resultados en la Justicia provocó que ni siquiera el productor siga haciendo denuncias de nuevos robos. También hay que reconocer que la DGSR no tiene todos los medios suficientes para desarrollar una tarea eficiente (móviles, combustible, personal capacitado, etc.). No podemos dejar de desconocer, a su vez, y más allá del principio de inocencia que cabe a toda persona, que la detención de algunos integrantes de la DGSR, o la puesta en disponibilidad, crearon más desconfianza al productor.
—¿Por qué afirman que los resultados en la Justicia no fueron los esperados?
—La situación del productor agropecuario desde el punto de vista judicial fue de desamparo. Denunciamos, aportamos pruebas, pero no podíamos tener acceso al expediente, no éramos parte, lo cual provocó incertidumbre. Resulta que el más interesado, el damnificado en definitiva, no podía conocer el curso de la investigación, ni proponer medidas. A su vez, no había coordinación de los jueces en la investigación y persecución penal. Eso trajo como consecuencia la proliferación de las bandas, la continuidad del delito. Si a ello le sumamos la falta del dictado de sentencias en la causas de larga data, los involucrados se sintieron impunes en su accionar. También las fuerzas de seguridad no estuvieron ajenas a estos delitos. Hemos detectado la participación de algunos miembros en casos resonantes.
—¿Hay diferencia entre la situación que describe y la actual desde el punto de vista judicial?
—Hoy notamos cambios positivos en la DGSR en nuestra zona. Se comenzó a realizar una tarea dinámica, los resultados fueron satisfactorios, se debe continuar y profundizarse dicha actuación. En la parte judicial si bien con el sistema anterior últimamente podíamos constituirnos en querellantes, el sistema actual es totalmente distinto y abrigamos esperanzas concretas de que de una vez por todas haya una persecución penal inteligente y que se dicte sentencia en un plazo razonable a los involucrados.
—¿Qué les pareció el discurso del fiscal regional Eladio García en la inauguración de la Unidad Fiscal Las Toscas, donde hizo referencia concreta al tema?
—Queremos decir que con la Fiscalía Regional fuimos recibidos en varias oportunidades. Hemos planteado nuestros problemas y las falencias. El discurso es alentador, evidentemente se conoce el problema y se está actuando en forma eficiente. Esto nos trae esperanzas de que, poco a poco, cambie desde el punto de vista judicial. La Fiscalía en Las Toscas en un avance importante, era una región de casi 63.000 en donde no hay estructura penal. A su vez tenemos la certeza de que los contactos seguirán en forma fluida porque se está creando en Consejo Asesor Regional dentro de la Fiscalía, organismo en donde el ciudadano emite opinión sobre la situación de cada región.
El nuevo sistema penal permite una actuación rápida. Hay audiencias públicas en donde nos enteramos de lo que pasa, el proceso es más transparente. Se acercó la Justicia al ciudadano, el acceso ahora es inmediato. El discurso del Dr. García indica que se conoce la realidad, y que podemos seguir trabajando en conjunto para la búsqueda del bien común y, por sobre todo, lograr una cohesión social donde cada uno conozca sus derechos y obligaciones. Es nuevo para nosotros y saludable para la República que una autoridad judicial en poco tiempo nos haya recibido tantas veces y brindado respuestas concretas a nuestros problemas.
Productores en lucha
A su vez, el Movimiento de Productores Autoconvocados cuyos dirigentes representan a distintas entidades de General Obligado y San Javier, se decidió profundizar la lucha por una mayor seguridad y protección frente a los delitos agropecuarios, principalmente el abigeato.
Unidad de actuación
- Para el fiscal regional Eladio García, “esta política criminal jamás podría haber sido desarrollada por el sistema procesal penal anterior, sencillamente porque ese sistema estaba basado en la solución de cuestiones penales aisladas, surgidas de juzgados que resolvían conforme a su propio criterio, muchas veces disímiles y hasta opuestas”.
“Hoy, en el Ministerio Público de la Acusación, esto se supera con el principio de unidad de actuación, el cual viene a significar: el diagnóstico del mapa del delito, la investigación inteligente, conforme al mismo que llevan a tácticas y estrategias comunes, democratizando el proceso con la víctima que colabora con las modalidades que surgieren de ese diagnóstico”, puntualizó.
Finalizó diciendo que “de Florencia a Rufino se analiza igual el abigeato con el Nuevo Sistema Penal; además, delitos o regiones donde la información científica era débil. Hoy con una apoyatura regional/provincial buscamos se fortalezca”.
Inusual. Secuestro y decomiso de carne en Villa Ocampo, en la zona llamada El Triángulo de las Bermudas, donde la hacienda desaparece, la mayoría de las veces sin dejar rastros.
Foto: Gustavo Capeletti
Relevo
- Con la presencia del secretario de Seguridad, Dr. Matías Drivet; el jefe de la Policía de Santa Fe, director general Omar Odriozola; el director de Seguridad Territorial, Dr. Rolando Galfrascoli, y el coordinador del Nodo I, Dr. Sergio Rojas, en un acto llevado adelante en el cuartel general de la Guardia Rural, con sede en el paraje de Santa Felicia del departamento Vera, asumió como titular de la Dirección de Seguridad Rural Los Pumas, el comisario mayor Ricardo Fabián Aguirre.
Las otras designaciones anunciadas fueron las del inspector Miguel Antonio Camuglia, como subdirector de la Zona Sur y del inspector Ariel Ceferino Pérez, como subdirector de la Zona Centro-Norte.
Aguirre reemplazó a su homónimo José Luis Aguirre. El ahora ex jefe de la Policía Rural fue blanco de críticas por parte de asociaciones de productores que clamaron por su relevo, por entender que durante su gestión se incrementaron los delitos rurales de todo tipo, especialmente el abigeato.
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