editorial

Indiferencia que preocupa

• El fiscal general presentó su nuevo informe de gestión en el Senado provincial donde la mayoría de las bancas estuvieron vacías.

El fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Julio de Olazábal, cumplió días atrás con el deber legal de presentar el informe de gestión ante la Legislatura como “quiere la vida democrática y republicana” ante un Senado con gran parte de sus bancas vacías.

En su informe se encargó de subrayar el origen del nuevo sistema penal santafesino tras la gruesa observación de inconstitucionalidad del sistema anterior que hiciera la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la política seguida a partir del Plan Estratégico del Estado provincial para la Justicia santafesina definido en 2006. Por eso habló de “una verdadera política de Estado, mantenida a través del tiempo y a la que concurren los tres poderes”.

El fiscal general dijo que el nuevo sistema está dando sus primeros pasos y advirtió que requiere un apoyo sostenido. También marcó la necesidad que tiene el instituto de contar con un Organismo de Investigaciones, mayor cantidad de fiscales -ya que apenas fue designado el 50 por ciento de los previstos- y una ley de protección de testigos, porque “la ausencia de tal amparo unida al temor de represalias, lleva en numerosas oportunidades a guardar silencios que obstaculizan las investigaciones”.

Planteó como desafío a la Legislatura la creación del Organismo de Investigaciones, sin dejar de mencionar las desinteligencias entre ese poder y el Ejecutivo que el año pasado terminaron con un veto, e hizo votos para que prosperen los proyectos ya presentados. Para remarcar la importancia de ese cuerpo aclaró que “no puede mantenerse en el tiempo la realidad según la cual aquello que juzga la Justicia Penal es lo que quieren procesar las fuerzas de seguridad” para recordar que el nuevo Código determina que “son los fiscales quienes deben dirigir la investigación, y para hacerlo eficazmente deben contar con un cuerpo propio de investigadores”. Al respecto mencionó que desde febrero vienen trabajando con la Policía tradicional “en una relación que no siempre ha sido sencilla porque, entre otras cosas, esa propia fuerza se halla internamente en trance de modificación”.

No ajeno al debate legislativo en la provincia, De Olazábal dijo que el Ministerio está atento al desarrollo del régimen procesal de menores, el régimen de Faltas y Contravenciones y hasta el llamado “narcomenudeo”, temas todos que caerán bajo la órbita del nuevo sistema penal.

Este nuevo sistema exigió la creación de nuevos institutos como el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal con las designaciones de autoridades, funcionarios y empleados, estructura a la que hay que dotar de la infraestructura y el equipamiento necesarios para cumplir la función encomendada, en una sociedad donde la principal preocupación ciudadana es la inseguridad.

Los nuevos institutos, así como otros creados en los últimos veinte años en el ámbito provincial, establecen la obligación de sus titulares de rendir cuentas ante los cuerpos legislativos, representantes del pueblo. Lo que resulta difícil de digerir es la gran ausencia de legisladores a la hora de escuchar estos balances, legisladores que aparecen mucho más preocupados por las definiciones partidarias para 2015 que en contribuir con la buena marcha de políticas de Estado que los tienen como partícipes.

Es difícil de digerir la ausencia de legisladores a la hora de escuchar los informes sobre la marcha de nuevos institutos creados mediante una ley sancionada por la Legislatura.