editorial

• Las conductas imputadas al vicepresidente serán ventiladas en el proceso judicial. Las que corresponden al gobierno que lo sostiene irán también por otros cauces.

El juicio de la historia

El procesamiento del actual vicepresidente de la Nación configura un hecho histórico sin antecedentes en el país, y abre la posibilidad de comprobar una serie de supuestos manejos irregulares y hechos delictivos, como parte de un entramado de intereses particulares amparado en la estructura institucional. Pero si el desarrollo del procedimiento judicial otorga la oportunidad y configura el ámbito para esas eventuales comprobaciones, hay otras que ya aparecen con meridiana y contundente claridad en este mismo punto de los acontecimientos.

En las 333 carillas de su pronunciamiento, el juez Lijo da por probada la vinculación comercial entre Boudou y los también acusados Núñez Carmona y Vandenbroele; un vínculo que hasta ahora ha sido negado en forma sistemática por el vicepresidente. También considera un hecho el pedido de salvataje, con la contrapartida de una coima en acciones de la empresa, formulado por los integrantes del clan Ciccone, y establece la participación de un alto funcionario de Afip en la gestión.

Lo que sigue es la descripción del encadenamiento de hechos que configuran las supuestas negociaciones incompatibles por parte de Boudou, en una distribución de tareas con sus socios y/o testaferros privados, cada cual según su incumbencia. Y todo ello sustentado con pruebas documentales: la evolución patrimonial de los involucrados, y el registro de comunicaciones telefónicas, coincidentes con las distintas instancias que atravesó la desactivación de la quiebra de la imprenta y su transferencia a la empresa en la que el vicepresidente tuvo participación. Queda por comprobar de manera fehaciente, en el marco del juicio, la existencia del presunto cohecho y el encuadre de las conductas investigadas en la figura penal establecida por la Justicia.

Como se ve, sin llegar a la etapa de la sentencia, el juez -en una decisión que, llegado el momento, será analizada por instancias superiores- da por probada una serie de extremos que contradicen la versión oficial. Y con ello, la red de protección extendida por Boudou para sí mismo y sus socios desde el privilegiado sitial que la ciudadanía le confirió, y por el propio gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a despecho de las expectativas de la ciudadanía, la independencia de poderes, la transparencia de los actos de gobierno, la fortaleza política de la estructura de gobierno y, en términos generales, el bien común de la población y de la república.

Hasta este momento, y por razones que hoy por hoy sólo pueden ser objeto de hipótesis -o de temores-, la presidente de la Nación optó por sostener la defensa de su compañero de fórmula e ignorar la acumulación y envergadura de las evidencias en su contra, en lugar de tomar una saludable distancia y, remitiéndose al libre desenvolvimiento de los poderes del Estado, preservar su posición política e institucional.

La historia argentina es pródiga en ejemplos de rivalidad entre los dos integrantes del binomio presidencial, conflictos y dimisiones, forzosas u oportunas. En este caso, y hasta el momento, e incluso a despecho de otros sectores de su partido, Cristina eligió sostener a su vice. Dado el cariz de los acontecimientos, una nueva decisión sobre eso es imperiosa. Y será el pueblo argentino en su momento, y la historia finalmente, quienes juzguen lo que haga al respecto.

Hasta este momento, y por razones que hoy por hoy sólo pueden ser objeto de hipótesis -o de temores-, la presidente optó por sostener la defensa de su compañero de fórmula.