El vicepresidente procesado por cohecho ya no quiere ampliar su indagatoria

Boudou prefiere no volver a Tribunales

  • Ayer, el oficialismo guardó silencio sobre el fondo de la cuestión. Y reforzó la disciplina interna para rechazar los vanos intentos de la oposición de promoverle un juicio político.
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Adela Segarra, presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. Foto: Archivo El Litoral

 

De la redacción de El Litoral

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El vicepresidente Amado Boudou desistirá de ampliar la declaración indagatoria en el marco de la Causa Ciccone, prevista para mañana a las 10 ante el juez federal Ariel Lijo, según se informó.

Sus abogados, Diego Pirota y Eduardo Durañona, iban a entregar hoy un escrito al juez anunciándole esa decisión, a la que Boudou tiene derecho.

Mientras, la titular de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Adela Segarra (FPV), anticipó que ese cuerpo rechazará los pedidos de juicio político presentados contra el titular del Senado.

“Es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y la demostración de lo contrario está en sede judicial”, dijo la diputada K que se preparaba para enfrentar, a las 15, 8 pedidos de juicio político.

Sin respuesta

Segarra se vio en aprietos esta mañana, en una entrevista con radio Mitre, cuando el periodista Marcelo Longobardi le preguntó si “tenía idea de a quién se le había expropiado la imprenta que fabrica billetes de curso legal”. “No se le compró a Boudou, a The Old Fund ni a los socios de Boudou”, respondió la diputada en uno de los momentos en que más titubeó. En otro tramo se produjo el siguiente diálogo:

L: —Sabía a quién le estaba comprando la Nación Argentina la compañía Ciccone, a quién se la estatizó...

AS: —Sabíamos... Se decía que estaba bien la estatización.

—Toda estatización implica una compra, tal como YPF se compró a Repsol...

—Claro...

—Le pregunto si usted tenía noción o sabía a quién le estaba comprando la empresa el Estado argentino...

—... Sí, por supuesto.

—¿A quién?

—A Ciccone. Nosotros estábamos estatizando Ciccone Calcográfica...

—Ciccone no era más el dueño...

—Yo acompañé el proceso de estatización. (...) Me pareció que estaba bien estatizar esa empresa.

—De acuerdo a lo que ha probado el juez Lijo, el Congreso le compró la empresa al vicepresidente de la Nación...

—No está comprobado que la empresa fuera del vicepresidente de la Nación...

—Pero si no era de Boudou, ¿de quién era? ¿de los fondos buitre?

—La verdad, Marcelo, yo te estoy hablando con respeto. Yo estuve de acuerdo con la medida porque me parecía que estaba bien que hubiera una empresa del Estado y que no se monopolice en un solo sector o una empresa.

—Si no es a Boudou, ¿a quién se la compramos?

—Se la compramos a una empresa que estaba atravesando una situación crítica económicamente.

—Ciccone había quebrado. Estaba en manos de The Old Fund.

—La decisión política fue privilegiar un sector y una empresa para que pudiera intervenir competitivamente en determinados rubros, que estaban en muchos casos monopolizado por una empresa. Ésa fue la decisión política. No fue comprarle a Boudou, a The Old Fund o a los socios de Boudou. Fue otra la decisión política que yo compartí.

—¿Cuál es su opinión sobre el caso Boudou?

—Es una situación compleja sobre la que está interviniendo la Justicia. Y también hay un hecho político que se ha transformado en un hecho de impacto mediático.

Pichetto admite que “es grave”

El jefe del bloque kirchnerista de Senadores, Miguel Ángel Pichetto, evitó un respaldo contundente a Amado Boudou, en la sesión de ayer, cuando la oposición le reclamó al vicepresidente que se tome licencia para no impedir el funcionamiento de la Cámara.

El rionegrino pidió la palabra al final, cuando el radical Ernesto Sanz había pedido la palabra creyendo que ya no habría voces oficialistas.

Sereno, Pichetto admitió la “gravedad del asunto”, no negó “la importancia” del tema y reconoció “la actitud ponderada y prudente” de la oposición por permitir sesionar normalmente durante la instrucción de la causa de la ex Ciccone.

“No venimos acá a hacer una defensa de carácter jurídica ni corporativa porque entendemos que no corresponde. Lo que sí decimos es que no compartimos algunas reflexiones de que aquí hubo órdenes de obstaculizar la Justicia. Esta Cámara nunca avaló ninguna acción para frenar la marcha del proceso judicial”, recalcó Pichetto.

Afirmó que “seguramente el presidente del Cuerpo (Boudou) analizará y responderá el planteo “de la oposición”, pero opinó que la respuesta es una “decisión personal del vicepresidente”.

Ley k para funcionarios

En soledad, el kirchnerismo consiguió aprobar la ley que exime al Estado de responsabilidad ante “perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos” y que rechaza cualquier sanción económica contra “agentes y funcionarios”.

Desde la oposición se piensa que el oficialismo plantea una norma que tiende a proteger al Estado frente a las corporaciones, grandes bufetes de abogados y jueces débiles frente al poder, pero no se tiene en cuenta la desprotección del ciudadano común ante el poder estatal.

El oficialismo sostuvo que en términos generales no hay grandes cambios, no hay tal desprotección de los ciudadanos y que la norma viene a cubrir un vacío legal, dado que hasta ahora la responsabilidad del Estado se viene rigiendo por los fallos de la Corte Suprema en la materia.

Para la juecista Norma Morandini es "una suerte de autoamnistía de los funcionarios” y el santafesino socialista Rubén Giustiniani apeló al pensador Raúl Scalabrini Ortiz al recordar que “lo que no se legisla explícitamente a favor del débil, se legisla implícitamente a favor de los poderosos” y remarcó que en este caso “poderosos son el Estado y los grupos económicos. El débil es el ciudadano, los trabajadores”.