editorial

• Aún existe aproximadamente un 5% de hogares argentinos donde se detectan distintos niveles de “inseguridad alimentaria severa”.

La pobreza que no cede

El último informe presentado por el Observatorio de la Deuda Social, dependiente de la Universidad Católica Argentina, despertó críticas por parte del gobierno. Sin embargo, se trata de un trabajo que permite detectar con claridad los avances alcanzados por el país en los últimos años, y determinar cuáles son los problemas que todavía golpean a un sector importante de la población.

El relevamiento se sustenta en un trabajo de campo que abarcó 25 aglomerados urbanos de más de 80.000 habitantes en todo el país, con 5.700 encuestas realizadas por profesionales.

Entre los logros reconocidos por el Observatorio, se destacan los avances en los niveles de escolarización que generó la Asignación Universal por Hijo.

Por otro lado, el desempleo se redujo aproximadamente a la mitad en la última década (de 18% en 2004 a 8,7% en 2013), aunque en los últimos tiempos el proceso recesivo que atraviesa la economía viene atentando contra la creación de nuevos puestos de trabajo.

El informe también destaca que se produjo una mejora en las posibilidades de acceso a la jubilación y pensión. De hecho, en 2004 un 30 por ciento de la población no tenía acceso a estos beneficios sociales, pero en 2013 la cobertura se acercó al 89 por ciento de los potenciales beneficiarios.

De todos modos, y a pesar de que al gobierno le incomode, el relevamiento del Observatorio de la UCA ratificó que las políticas implementadas hasta el momento no han logrado reducir los niveles de pobreza por debajo del 25 por ciento de la población.

Aunque hay menos indigentes -aquellos que ni siquiera logran cubrir sus necesidades básicas-, llama la atención que, a pesar de la Asignación Universal por Hijo, aún existe aproximadamente un 5 por ciento de hogares argentinos donde se detectan distintos niveles de “inseguridad alimentaria severa”. Dicho en otras palabras, el hambre es un problema frecuente.

Éste es, quizá, el dato más preocupante, a lo que habría que añadir el fenómeno de los jóvenes que no trabajan, ni estudian: pasaron del 11 por ciento en 2014, a un llamativo 18 por ciento en 2013. Se trata de un problema con profundo impacto social que va más allá del presente y que se extiende en el corto y mediano plazo. Adolescentes o jóvenes que no contarán con las herramientas elementales para poder incorporarse al mercado laboral y que, de no adoptarse medidas urgentes, cargarán con esta imposibilidad a lo largo de sus vidas.

Desde hace algunos años, relevamientos como el que realiza el Observatorio de la Deuda Social han adquirido cada vez mayor relevancia, a raíz de la pérdida de credibilidad en los datos que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Hasta 2007, no existían diferencias sustanciales entre las estadísticas sociales que brindaba el Indec y aquellas elaboradas por sectores privados. Sin embargo, en ese momento el gobierno decidió intervenir el organismo y, desde entonces, las cifras comenzaron a reflejar dos países diferentes.

El oficialismo se jacta de que, gracias a esta decisión de trastrocar las estadísticas, a lo largo de estos años el país ahorró dinero por el pago de bonos ajustados por CER (Coeficiente de Estabilización por Referencia). Sin embargo, no parece tener en cuenta los enormes costos intangibles que esta medida produjo, al generar una fuerte pérdida de credibilidad del país y de la palabra del gobierno tanto dentro, como fuera de la Argentina.

Desde la intervención del Indec, en 2007, las estadísticas oficiales y las elaboradas por organismos privados reflejan dos países diferentes.