La causa avanza despacio

Atentado: el gobernador declarará por escrito

El fiscal Enrique Paz confirmó que como lo prevé el Código Procesal Penal el mandatario declarará en calidad de víctima “en su residencia oficial”. La Justicia Federal envió a los tribunales provinciales unas escuchas entre dos presos que hacen alusión al ataque a Bonfatti.

Germán de los Santos

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Corresponsalía Rosario

El fiscal Enrique Paz aseguró que esta semana se le enviará al gobernador Antonio Bonfatti “un pliego de preguntas” para que responda en calidad de “víctima” sobre el atentado que sufrió en su casa el 11 de octubre pasado, cuando cuatro hombres que se trasladaban en dos motos hicieron 12 disparos contra el frente de su domicilio, ubicado en la zona norte de Rosario.

El viernes pasado a la tarde, según confirmaron fuentes judiciales, declaró en el juzgado de Instrucción Nº 2, a cargo de Alejandra Rodenas, Silvia Tróccoli, la esposa del mandatario provincial y subsecretaria de Inclusión de Personas con Discapacidad, quien también se encontraba en su casa la noche del ataque.

Paz explicó que Bonfatti “no comparecerá a prestar declaración testimonial” en los tribunales porque según prevé el artículo 257 del Código Procesal Penal de Santa Fe el gobernador puede hacerlo de forma escrita y bajo juramento “en su residencia oficial”. Para contestar su declaración testimonial, Bonfatti contará con el asesoramiento jurídico del ex ministro de Justicia Héctor Superti.

El funcionario de la Procuración General explicó que “se va a confeccionar un pliego de preguntas y se lo va enviar al gobernador para que lo responda en el transcurso de la semana. “Este tratamiento especial no sólo está previsto para el gobernador sino también para los legisladores, integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de funcionarios de determinado rango”, aclaró Paz.

Entre las últimas medidas que se tomaron en la causa figura el envío de las copias de imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde vive Bonfatti a la Dirección General de Registro y Ciencia Biométrica de la Policía Federal. La idea, según apuntaron desde el Ministerio Público, es poder contar con imágenes de mejor calidad para poder detectar a los implicados. “El objetivo es que podamos individualizar con la mayor nitidez posible las grabaciones de las cámaras de la vía pública que se hicieron entre las 20.50 y las 21.30”, sostuvo el fiscal, quien aclaró que esas imágenes no son de la casa de Bonfatti, donde no había sistema de videovigilancia sino de las inmediaciones.

Procesados

Esta semana es probable que el Juzgado de Instrucción Nº 2 dé a conocer el procesamiento de dos de los principales imputados en la causa, como son Emanuel Sandoval y Pablo Espíndola, un suboficial que se desempeñaba en la seccional Nº 10, que tiene jurisdicción en la zona de la casa de Bonfatti. Los otros tres imputados Lucas Sandoval, Saúl Sánchez y Germán Ramírez permanecen bajo libertad restringida a la espera de la decisión judicial.

Sandoval está detenido desde noviembre pasado, cuando fue apresado por efectivos de la Policía Motorizada en el shopping Portal Rosario en medio de una pelea con adolescentes. Ema Pimpi está imputado de abuso de armas agravado, portación de arma, daño y amenazas calificadas. Es considerado un eslabón importante en la trama, ya que está sospechado de proveer la logística para realizar el ataque.

El otro detenido es Espíndola, efectivo policial que se desempeñó de la seccional 10a., y fue detenido el 5 de diciembre pasado. Este suboficial empezó a ser investigado luego de que el 25 de octubre pasado llegaran a los tribunales y a los medios de comunicación anónimos que indicaban que en la comisaría 10a. estaba el arma con la que se había atentado contra el gobernador. La TOE hizo un allanamiento en la comisaría y en un patrullero que estaba estacionado en la puerta encontró una pistola 11.25. Pero luego de que se realizaran los peritajes se comprobó que esta arma no era la que se usó la noche del 11 de octubre. Los investigadores empezaron a sospechar que los anónimos fueron una maniobra de despiste. Por orden de la Justicia se incautaron computadoras y celulares de todos los efectivos que cumplían funciones en esa dependencia policial. Y a partir de ese momento empezaron a aparecer vinculaciones de Espíndola con un grupo violento de la zona norte de Rosario, que estaría liderado por Ema Pimpi. Este grupo que se autodenomina Generación 2000 se dedica a “apretar y matar” gente a cambio de dinero.

Escuchas e imágenes

El fiscal Paz confirmó que al expediente en el que se investiga el atentado contra el gobernador se incluyeron una serie de escuchas telefónicas que fueron remitidas por el Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Carlos Vera Barros. En esas escuchas, dos presos hacen referencia puntual al ataque contra la vivienda del mandatario provincial. Son Aarón Treves y Germán Almirón, quienes hablaron desde la cárcel de Coronda y desde el penal de la Alcaidía de la Jefatura de la Unidad Regional II. Este capítulo de escuchas forma parte también de las que se conocieron en mayo pasado, cuando se difundieron transcripciones que referían a que se planeaba un atentado contra el juez Juan Carlos Vienna y el fiscal de Cámara Guillermo Camporini. En el texto de estas intervenciones, que posee el juzgado de Rodenas, según publicó Rosario 12, Treves le dice a Almirón: “Mirá el tema es así: ellos le tenían que pegar al gobernador y no le pegaron, ¿me entendés? Y la gente quiere que cuando salgan, uno de los dos termine el trabajo, así nomás, ojalá que si lo logran se vayan para arriba”.

Almirón le contesta: “No, más vale boludo, ¿pero vos te creés que lo van a hacer, Negro? Olvidate, no se pueden arrimar más al chiquito, está recontra custodiado. Olvidate”.

En otro pasaje Treves empieza a hablar de supuestos aportes de dinero ilegal a la política. “Le sacaban un millón al Esteban y un millón al coso le sacaba, al Luis, después un millón a un tal Francés, que creo que es el de Baigorria si no me equivoco eh... y sé que los Gordos habían puesto una moneda también, no sé si un millón pero habían puesto una moneda eh... con todo este quilombo los desconocen a todos y se abren”. Almirón les dice “cuánta plata, tienen plata ellos loco. ¿Tanta plata tienen?”. Y del otro lado de la línea, Treves responde: “Qué sé yo boludo, y sí, deben tener”.

El dato

A fuego lento

Hasta mediados de febrero la causa del atentado del gobernador deambuló por los tribunales sin juez ni fiscal. La magistrada que estaba al frente de la investigación María Luisa Pérez Vara renunció a su cargo el 22 de noviembre pasado. Esta jueza, muy cuestionada por el procurador de la Corte Suprema de la provincia Jorge Barraguirre, quien pidió su juicio político, tuvo un pobre desempeño en el marco de la pesquisa que se inició el 11 de octubre a las 21, cuando cuatro personas en moto atacaron la casa del gobernador. Esa misma noche la jueza se hizo presente en la casa del mandatario. Pero prácticamente no se tomaron medidas. Pérez Vara también fue muy cuestionada en su actuación del homicidio del empresario narco Luis Medina, el 29 de diciembre pasado. La jueza estaba de turno, pero nunca apareció por el lugar del crimen ni tampoco contestó a su celular oficial.