La UIA lleva una contrapropuesta mañana

Fuerte rechazo de industriales al proyecto para controlar empresas

• Los empresarios acusan al gobierno de pretender una regulación que afecta la propiedad privada. Dicen que incidirá negativamente en la inversión y el empleo.

La última reunión de Kicillof y la junta ejecutiva de la UIA fue un almuerzo el 28 de abril. El lunes pasado sólo Augusto Costa recibió a los directivos fabriles, que esperaban ver nuevamente al ministro.

Foto: Archivo El Litoral

De la redacción de El Litoral

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DyN

Los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) rechazaron ayer de plano el proyecto de Ley de Abastecimiento que impulsa el gobierno, en medio de un clima de fuerte malestar y críticas por considerar que “afecta la iniciativa privada”.

Así lo hicieron en el marco del encuentro de junta directiva de la central fabril, es decir, la mesa ampliada de conducción de la que participan cámaras y las uniones industriales del interior del país.

El encuentro estuvo conducido por el presidente de la UIA, Héctor Méndez, quien informó sobre la reunión mantenida el lunes con el secretario de Comercio, Augusto Costa, secundado por el secretario José Ignacio de Mendiguren, a su vez diputado por el Frente Renovador.

El vicepresidente de la entidad, José Urtubey, afirmó a la salida de la reunión que el proyecto oficial que modifica las leyes de Abastecimiento, Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, “no va a ser acompañado por la entidad porque entendemos que afecta a la iniciativa privada y a la inversión”.

Urtubey sostuvo que “la principal objeción es la que le otorga al gobierno la potestad para fijar los márgenes de ganancias de las empresas”. Además informó que los empresarios cuestionan un punto que le permite al gobierno obligar a una compañía a continuar con una línea de producción aún a pérdida, en caso de que la dirección de la empresa hubiera dispuesto la discontinuidad por falta de rentabilidad.

“Esto no lo vamos a acompañar. Es inconsistente con la iniciativa privada”, enfatizó Urtubey. Ni siquiera algunos de los sectores empresarios que acostumbran a acompañar al gobierno en sus iniciativas pudieron abstraerse del clima.

Manfredo Arheit, vinculado a la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Admira), consideró que “vamos a tener que hablar con el gobierno”.

Ayer Héctor Méndez se mostró contrario a la iniciativa oficial para una nueva Ley de Abastecimiento, que consideró “peligrosa” porque, según dijo, “puede afectar muy negativamente la inversión y el empleo”.

Por esa razón, Méndez pidió que el proyecto “se debata profundamente y no en forma rápida, que se dé tiempo para analizarla”.

El titular de la UIA dijo que el proyecto “propone mecanismos de regulación de precios, márgenes, cantidades, que desde nuestra perspectiva pueden ser perjudiciales”.

Una fuente de la entidad fabril informó que el clima de la reunión fue muy tenso, en el cual los industriales calificaron al proyecto de “inconstitucional” y profirieron duras críticas. El gobierno y la UIA se reunirán el próximo jueves para debatir los alcances de la iniciativa oficial.

" No puede ser inconstitucional una ley que busca hacer cumplir un artículo, el 42, de la Constitución Nacional".

Jorge Capitanich

Jefe de Gabinete

En 6 meses, según la central empresaria

La actividad fabril cayó 2,4 %

De la redacción de El Litoral

DyN

La actividad fabril cayó 2,4 por ciento en el primer semestre del año con relación a igual período del año pasado, según informó hoy el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina.

El informe del CEU señaló que “durante junio la producción industrial mostró una contracción de un 1 por ciento interanual” y agregó que “con respecto a mayo se observó un crecimiento de 1,9 por ciento en la medición desestacionalizada.

“De esta forma, la caída acumulada del primer semestre del año alcanzó 2,4 por ciento interanual”, señaló el informe privado. El reporte indicó que “la actividad industrial continúa mostrando caídas en términos interanuales en los últimos cuatro meses”.

El CEU agregó que “el crecimiento puntual de algunos sectores tales como: metales básicos (12,3), sustancias químicas y farmacéuticas (11,1), refinación de petróleo (2,4) y algunos rubros de alimentos y bebidas, no alcanzó a compensar las caídas generalizadas”.

De hecho, en junio el 70 por ciento de los rubros bajo estudio registró una contracción de su actividad. El informe detalló que en junio “se destacó el retroceso en la producción automotriz (19,8), influida tanto por la contracción de las exportaciones (19,2) como por las ventas a concesionarios de vehículos de origen nacional (19,6)”.

“Por su parte, el bloque de minerales no metálicos -que incluye sectores vinculados a la construcción, y que mostró una dinámica positiva durante gran parte de 2013- se contrajo 2,8 por ciento”, explicó el centro de estudios. El reporte señaló que “el sector metalmecánico presentó una caída en línea con la baja de la producción automotriz, la construcción y la inversión”.

" Entendemos que esto es atribuirse una facultad que no le otorga ni siquiera la Constitución".

Ignacio de Mendiguren

UIA/Diputado massista

 

Intervencionismo inédito

Ése es el temor de los empresarios con la nueva Ley de Abastecimiento que Cristina Fernández mandó al Senado con la confianza de que la mayoría justicialista lo apruebe. Los empresarios aseguran que si el texto se aprueba, la Casa Rosada tendrá el poder de establecer precios máximos y niveles de producción.

La UIA no plantea objeciones a la creación del “fuero del consumidor” para atender las demandas por los derechos consagrados en la Constitución. Pero resisten el Observatorio de Precios de Insumos, Bienes y Servicios en el ámbito de la Secretaría de Comercio, al que consideran una intervención estatal a la cadena productiva.

Más aún cuando el tercero de los proyectos del “paquete legislativo” remitido por la presidente al Congreso incluye cambiar la Ley de Abastecimiento por la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo.

El nuevo marco legal propone a favor del gobierno la capacidad de aplicar multas, clausuras y sanciones fiscales cuando considere violada la norma. Un mecanismo que los empresarios sospechan por inconstitucional más allá de la intervención.