De domingo a domingo

Los oscuros nubarrones de “vivir con lo nuestro”

 

 

Un solo elemento de certeza aparece bien visible en el proyecto de ley que el Ejecutivo remitió el Congreso para que los legisladores le extiendan a la presidente Cristina Fernández y a sus funcionarios un cheque de cobertura política que les permita efectuar, sin que tengan que sufrir luego consecuencias legales, el “pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina”: la jugada no brinda solución alguna al problema. Y no la aporta porque el gobierno, con la suerte casi echada, parece estar rumbo a cruzar el Rubicón sin importarle ni la antiética de no cumplir un fallo en una jurisdicción aceptada por el ex presidente Néstor Kirchner, ni las consecuencias jurídicas de la desobediencia, ni que se “aceleren” los pedidos de los bonistas reestructurados de cobrar toda la deuda, ni tampoco el desprecio concreto que hará una parte importante del mundo al negar del todo sus inversiones en el país.

La presidente hoy está aferrada a una sola jugada que, aunque se supone incompatible con la situación nada holgada que se vive en materia económica, forma parte del juego de “presiones políticas” que ella más le gusta ejercer y que ha recomendado profundizar.

Algunos piensan que lo hace para ganar tiempo y llegar a enero, aunque otros creen que quiere ver, encuestas mediante, si el tema le genera algún rédito de corto plazo.

Todo muy, pero muy mal

Es lo único que puede hacer ahora porque plata “no hay”, deslizan los funcionarios. Más bien, el cambio de la sede de pago de los bonos bajo legislación estadounidense y también del banco pagador parece ser apenas una movida táctica para intentar tapar, desde la grandiosidad de una cruzada nacional, la desgracia creciente que viene provocando la descomposición del modelo en términos de nivel de actividad, empleo y exclusión, sobre todo entre la gente menos favorecida.

Ni qué hablar de la inseguridad, que no elige clase social, ni edad, ni color político para manifestarse cada día con mayor violencia desde un mal entendido garantismo, que se ha transformado en permisividad, como fruto del creciente avance de la droga y de la entronización de las mafias, cóctel que desde hace muchos años viene perforando no sólo la profesionalidad de las fuerzas de seguridad, sino la vida diaria de los argentinos.

Si bien aún se discute si el default es causa o consecuencia de todos los males económicos, el empantanamiento de la crisis parece estar encadenado fatalmente a la decisión política tomada por la presidente de frenar todas las negociaciones y de avanzar ahora por el lado del Congreso, pero también de atacar con leyes discrecionales el corazón de la iniciativa privada poniendo al Estado en el centro del Universo, junto a seguir despreciando la inserción del país en el mundo, a partir de un nuevo round del “vivir con lo nuestro”.

El miércoles pasado, en la Bolsa de Comercio, lo explicó de esa forma haciendo una gran defensa del Estado todoterreno y ante una duda del presidente de la entidad sobre lo que puede deparar en materia de inversiones externas no arreglar la deuda, Cristina lo desafió y propuso “formar nuestro propio mercado de capitales con nuestro propio ahorro interno, con una parte también de lo que se ha remitido al exterior porque si no, estamos esperando a que vengan los capitales de afuera... (Eso) nos permitiría estar por afuera de los vaivenes de la política internacional”.

La respuesta del mercado

Un día después, el mercado le contestó con el bolsillo y llevó el dólar blue a 14 pesos. Pero hay más sobre el proyecto de ley, ya que desde la política chica, su utilización de entrecasa está relacionada para muchos con la determinación de poner en un brete a los opositores para que discutan el tema y se decidan a ser o no ser “buitres” y en segundo término, con lo que para el gobierno parece resultar una buena cortina de humo para diluir por un rato los titulares asociados a la corrupción.

Visto todo esto, a la hora de asignar prioridades, ¿solucionar los dramas de los precios que crecen, del parate productivo, de la presión impositiva a los trabajadores y de la pérdida de empleos no debería ir al menos en paralelo con la energía que se gasta en el culebrón de la deuda? ¿No deberían atenderse con la misma enjundia los problemas derivados del déficit fiscal y de la emisión monetaria o de la falta de dólares que padece la Argentina? Seguramente todas las respuestas son “sí”, pero ocurre que el gobierno ha elegido el camino de la épica y no sabe o no le interesa trabajar en otras variables.

Para muestra está el caso de la devaluación del peso que impulsó el Banco Central el mismo día en que el viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis descartaba esa misma posibilidad y fustigaba a los empresarios que piden mayor competitividad, mientras el gobierno dejaba la sensación de que corría por detrás del dólar paralelo.

En materia de manejo económico es todo muy endeble, más allá de la frivolidad que ha elegido sobreactuar el ministro Axel Kicillof, a quien quieren convencer de que puede ser candidato a la sucesión presidencial y al que la televisión pública le da cortes de cámara a cada instante cuando habla la presidente.

Para muchos críticos, de afuera, pero también de adentro del Gobierno, los dramas de hoy en día se mezclan fatalmente con la inmadurez técnica de un equipo económico que combina ideología estatista y testarudez y que parece que se solaza en tener a la ciudadanía presa en su laboratorio, mientras experimenta con ella.

El relato del bla-bla-bla

Cuando todo indicaba que la Argentina iba a tener un año más de aire y que el gobierno se preparaba para dejar dormir la cosa por un tiempo mientras saboreaba los resultados de haber arreglado con el Ciadi, Repsol y el Club de París tomando fondos en los mercados, la sorpresa de la denegatoria de la Corte Suprema de junio de este año fue tal que la Administración pareció paralizarse y comenzaron a elegirse prioridades equivocadas y a gestionar la economía con fundamentos cada vez más políticos. El caso fue que, pese a que se presentó en un par de oportunidades como amicus curiae y varios funcionarios pusieron la cara por la Argentina en los estrados judiciales, el gobierno de Barack Obama fue elegido como blanco del rechazo que hizo la Corte del tema y desde aquí se buscó canalizar la rabia que ello produjo, emparentando la decisión judicial con una pretendida falta de injerencia del Ejecutivo en la Justicia, algo que el respeto a la división de poderes impide. Así, desde la Argentina se fustigó a las autoridades estadounidenses, se hizo una denuncia unilateral en el Tribunal de La Haya y se está esperando que alguna vez Washington se digne a responder oficialmente que no acepta esa jurisdicción.

El gobierno argentino admite en sordina que todo ha sido una jugada para obligar a que el Departamento de Estado “se manifieste políticamente”, aunque también los funcionarios admiten que tienen pocas esperanzas de lograrlo. Entre tanta pérdida de tiempo y vigor sólo para mostrarle a la militancia mayor combatividad, hasta la presidente llegó a decir que “por primera vez” se iba a aplicar la Ley Antiterrorista y que iba a ser sobre una empresa de los EE.UU., la imprenta RR Donnelley Argentina. Luego, hubo un triple salto mortal que en nombre de la “confusión” terminó con el delirio.

Y aunque nadie pudo salvar a Cristina del papelón en el que la metieron sus funcionarios, el gobierno sacó de la galera el proyecto de Ley de cambio de domicilio de pago al que adornó de explicaciones, aunque dejando en claro que no quiere pagar 100%, debido entre otras cosas a la cláusula Rufo, que le daría a todos los bonistas el mismo trato que al acreedor más favorecido, aunque reiteró que “tiene la voluntad de pagar sus deudas, de una manera justa para su pueblo, equitativa entre los acreedores, legal conforme al ordenamiento jurídico aplicable y sustentable para su economía”.

Es tal el modo en que el gobierno acomoda el relato de lo sucedido en materia judicial en los Estados Unidos, que una buena parte de la Exposición de Motivos previa al cuerpo de la futura ley es una precisa y extensa crónica de los sucesivos fallos en contra que tuvo la Argentina, mientras que, de modo insólito, al comienzo se le informa al Congreso que la causa está “en trámite”, cuando nadie duda que la situación ya es cosa juzgada.