Corte Suprema

Rechazan resarcimiento para ex asesor de Gelbard

DyN -

La Corte Suprema de Justicia ratificó el rechazo al resarcimiento para un perseguido de la última dictadura, Manuel Werner, ex asesor del ministro de Economía José Ber Gelbard, quien vivía en México desde 1977 y allí murió la semana pasada, un día antes del fallo del máximo tribunal.

Werner sufrió tres reveses sucesivos en su intento de recibir una reparación económica prevista por ley: primero, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; luego, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, y finalmente la Corte Suprema. De este último fallo adverso, fechado el 12 de agosto pasado, no alcanzó a enterarse, pues falleció un día antes.

La Corte Suprema, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, consideró que “el recurso extraordinario, cuya denegación motiva la presente queja, es inadmisible” y, por ello, desestimó la última apelación de Werner, representado en el expediente por los abogados Sebastián Neimark y Daniel Sabsay.

Según el expediente, Werner “manifestó que el 15 de marzo de 1977 había sido informado por amigos que el general Suárez Mason y gente de la Policía de la provincia de Buenos Aires, a cargo del general Camps, querían detenerlo con la intención de hacerlo desaparecer”. Relató que dos días después de salir del país fueron a buscarlo a su domicilio policías que, llevaban detenidos en los automóviles a Jacobo Timerman y Jorge Mazzola”.

Jacobo Timerman era el padre del actual canciller y director del diario La Opinión, en tanto que Ignacio Jorge “George” Mazzola era el sastre y amigo de David Graiver. La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia rechazó el reclamo porque Werner “no aporta pruebas o indicios que permitan siquiera suponer que hubiera sido objeto de detención o de persecución directa contra su persona por las fuerzas de la represión estatal, en forma previa a su decisión de dejar el país”.

El Ministerio, además, evaluó que el economista en México “residió como inmigrante” y en ese contexto, “su estadía en el extranjero no genera, per se, derecho a indemnización ante la inexistencia de norma positiva que prevea el otorgamiento de una reparación especial en estos casos”.

Un fallo de segunda instancia firmado por los jueces Rogelio Vincenti, Jorge Morán y Marcelo Duffy, ratificó el rechazo: “Las pruebas agregadas por el actor, referidas al tratamiento de su patrimonio por parte del gobierno de facto, no resultan idóneas para demostrar el peligro que corría su libertad física o ambulatoria, alegado como fundamento para tomar la voluntaria decisión de irse del país”.

Ahora, la Corte dejó firme esa decisión.