El martes se reunirán las comisiones

Buscan convertir esta semana en ley el proyecto de Abastecimiento

El kirchnerismo tiene mayoría en las comisiones. Las entidades del comercio y la industria recurrirán a la Justicia.

De la Redacción de El Litoral

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Télam

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará convertir en ley el paquete de proyectos relacionados con el consumo, en una sesión especial que se realizará el miércoles, siempre que un día antes consiga emitir dictamen en un plenario de comisiones convocado para tal efecto.

Los diputados del Frente para la Victoria harán valer sus firmas para que los proyectos de reforma a la ley de Abastecimiento, la creación de un observatorio de precios, y de un fuero judicial específico para tratar las denuncias de los consumidores no sufran modificaciones en relación a lo votado hace dos semanas por el Senado.

De acuerdo con el cronograma de trabajo elaborado en los últimos días, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Comercio, Justicia, Defensa del Consumidor y Presupuesto, se reunirá el martes a las 12 en el anexo C de la Cámara. El kirchnerismo tiene la presidencia de cuatro de las cinco y mayoría de integrantes en todas ellas, lo que le da la seguridad de poder firmar un dictamen de mayoría.

De conseguirlo, la Cámara sesionará el miércoles desde el mediodía para analizar los tres proyectos, de acuerdo con un pedido de sesión especial que ya anticiparon desde el bloque que preside Juliana Di Tullio.

Para esa sesión, el Frente para la Victoria aspira a alcanzar y superar el quórum de 129 diputados en base a la presencia de sus propios integrantes (118) y de la colaboración de sus habituales aliados (17).

La votación de la reforma de la ley de Abastecimiento es la que mayores dificultades le depara al oficialismo, aunque fuentes del bloque kirchnerista estiman que para esa instancia tendrán a 135 de los 257 diputados haciéndolo a favor.

La reforma que se pretende introducir a la ley de Abastecimiento establece un marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo, sustentado en la constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor.

Además, autoriza al gobierno a “intervenir” para poder fijar “márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios”, con el fin de evitar que se produzcan aumentos desmedidos o haya abuso de posición dominante.

Esta cláusula no comprenderá a las pequeñas y medianas empresas que no tengan un rol central en el mercado en su rubro de actividad.

El texto sostiene que “quedan exceptuados del régimen los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas, siempre que no detenten posición dominante”.

En cuanto a los allanamientos que se permiten en la ley a las empresas que infrinjan las normas, queda claro que éstos se podrán hacer si existe un aval judicial en tal sentido.

La misma medida se deberá adoptar para una clausura temporal o inhabilitación especial.

El proyecto autoriza también al gobierno a solicitar a una empresa que produzca aunque no genere ganancias, pero en este caso se puede “pedir una compensación justa” y obliga a las firmas a brindar a la Secretaría de Comercio información sobre costos y ganancias.

Con menos reparos opositores que el anterior, aparece el proyecto de creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, iniciativa que sería acompañada por algunas bancadas de centroizquierda.

El observatorio se encargaría del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en la Argentina.

El nuevo ente podrá requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; e informes a organismos públicos o privados.

Por último, el proyecto que dispone la creación de un nuevo fuero específico para proteger a los consumidores recibiría el apoyo de casi todas las bancadas, ya que coinciden en la necesidad de darle al tema un tratamiento diferenciado en la Justicia.