Tribuna de opinión

Sobre la niñez santafesina

Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe (1º Circunscripción)

Hace tiempo que un grupo de psicólogos se reúne en un Espacio de Reflexión de la práctica pública en el Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe (1º circunscripción). Es con los testimonios recabados, los diagnósticos desesperados y una larga lista de preocupaciones que este Colegio ratifica la declaración de la “Comisión ad hoc para el monitoreo de Políticas Públicas del Sistema de Alojamiento de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales” y los dichos de las presidentes de los Colegios de Psicólogos y Trabajadores Sociales de la segunda circunscripción de la provincia.

De los tópicos reiterados en las experiencias analizadas, podemos destacar:

1- El transcurso de tiempos cronológicos incompatibles con los requerimientos subjetivos de las situaciones tratadas: abuso, violencia, medidas excepcionales, estado de adoptabilidad y otras resoluciones previstas se ven postergadas mucho más allá de los plazos fijados por la ley, “mientras tanto” los años que transcurren dejan marcas indelebles en las subjetividades intervinientes e “intervenidas”.

2- Los desacoples en las intervenciones de las distintas instancias del Sistema Integral de Protección, superposiciones y yuxtaposiciones de equipos y criterios que dilatan las resoluciones, cuando no operan en franca contradicción.

3- La situación de contratación y remuneración salarial de los trabajadores de la cartera de Desarrollo Social, tema por el que autoridades de este Colegio mantuvieron reunión en marzo de 2012, en la que la ministra se comprometió a resolver las profundas irregularidades y heterogeneidades que complejizan aún más la posibilidad de respuesta de los equipos. Este año a raíz de las discusiones paritarias nuestro Colegio junto al de Psicopedagogos, Trabajadores Sociales y Terapistas Ocupacionales volvió a intervenir a pedido de los colegiados para que se dé una solución a esta situación, en la que los profesionales que trabajan en este Ministerio cobran considerablemente menos que, por ejemplo, los que trabajan en Salud, pidiendo también participar de la discusión acerca de los criterios para decidir a quiénes les correspondería cobrar un suplemento. No sólo se ha dilatado la resolución definitiva, sino que lo logrado es un remiendo y no una solución estructural. Todavía no se sabe cuándo se cobrará el prometido suplemento, a cuánto ascenderá y quiénes tendrán derecho a cobrarlo.

4- No existe a nivel general ni público una política específica y eficaz para el tratamiento de la problemática del abuso sexual infantil.

En nuestra provincia el problema del abuso sexual infantil está invisibilizado en virtud de la naturaleza de las políticas públicas vigentes. Notamos que no representa una prioridad por lo siguiente: no se elaboran registros estadísticos, los últimos datan de 2008 con casi 900 casos de abuso por año en nuestra ciudad. No se coordinan las intervenciones de los distintos actores que abordan parcialmente el problema en cada Ministerio. No se halla instalada como una temática que exige un tratamiento urgente y una voluntad política firme que disponga de los recursos necesarios para proteger a los niños. Se pregona la nueva Ley Nacional de Infancia (26.061) como el paradigma de protección de derechos pero lo que observamos a diario es lo contrario: se tiende a revincular al niño con la familia en nombre del “interés superior” y de los lazos de sangre.

Uno de los problemas destacados es el modo en que es interpretado este “interés superior del niño” consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño -de jerarquía constitucional en el Derecho Positivo Argentino conforme Art.75 inc. 22 de la Constitución Nacional y Ley 23.849- y en la Ley 26.061.

La cifra negra de abusos es alarmante, basta cotejar la cantidad de consultas que llegan por día a los centros de salud, hospitales y escuelas. En nuestro país se esclarecen alrededor de 3 de cada 100 casos denunciados de abuso sexual de menores. Es el delito menos sancionado de todos los que integran el Código Penal. Si se tiene en cuenta que como máximo se denuncia el 10 por ciento de los abusos sexuales infantiles que se cometen, tenemos un total de 3 casos con condena cada 1.000. La razón más importante por la cual no se resuelve en la Justicia la mayoría de los casos de abuso sexual infantil no es la ignorancia de los instrumentos legales disponibles, sino la voluntad de descartarlos, y eso tiene una raíz ideológica y de discriminación hacia las víctimas de abusos, en su mayor parte mujeres y niños.

Se pregona la nueva Ley Nacional de Infancia (26.061) como el paradigma de protección de derechos pero lo que observamos a diario es lo contrario: se tiende a revincular al niño con la familia en nombre del “interés superior” y de los lazos de sangre.