Diputados dio el primer paso

Legislatura: Observatorio de Derechos para Personas con Discapacidad

Tendrá a su cargo el seguimiento de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre la materia a la cual adhirió el gobierno nacional.

Mario Cáffaro

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Por unanimidad, la Cámara de Diputados votó y giró al Senado el proyecto para conformar, en el seno de la Legislatura, el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad cuyo objetivo central es contribuir a que ejerzan plenamente y sin discriminación alguna “todos los derechos humanos y libertades fundamentales que les conciernen, explicitados en la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, ratificada por Ley Nacional Nº 26.378”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, encabezó las firmas del proyecto junto a Avelino Lago (Producción y Trabajo); Maximiliano Pullaro (UCR); José María Tessa (Nuevo Encuentro); Norberto Nicotra (Unidad Santafesina) y Verónica Benas (Pares). Fue Lago quien al momento de votarse señaló que Santa Fe es el primer Estado argentino que da este paso para cumplir con la Convención internacional no sin destacar que el Censo de población 2001 midió que una de cada cinco personas en la Argentina tiene algún grado de discapacidad.

El Congreso de la Nación sancionó a mediados de 2008, la Ley 26.378 cuyo propósito “es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente”. Esos derechos están largamente explicitados en la resolución 61 de Naciones Unidas aprobada en diciembre de 2006 que son parte del derecho argentino.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.

El Observatorio funcionará en las dependencias legislativas de Santa Fe y Rosario integrado por un director, tres miembros por Cámara, dos representantes del Poder Ejecutivo y por un comité asesor que constituirán las ONGs -sin fines de lucro- de atención al discapacitado; más representantes de municipios y comunas y de organizaciones de la comunidad de reconocida trayectoria en la temática.

La Legislatura se reserva la designación del director y cada cámara aportará el personal administrativo, técnico y profesional. En sus articulados se explayan las funciones y áreas de trabajo del Observatorio.

Más temas de Salud

La Cámara en pleno además acompañó a la justicialista Marcela Aeberhard en el proyecto de ley para crear un registro provincial único de cuidadores de adultos mayores y/o personas que requieren atención especial cuyo objetivo es la sistematización de la base de datos del recurso humano sobre esta materia.

La autora expresó en el recinto la necesidad imperiosa de que el Estado regule la actividad, creando su respectivo registro, con el objetivo de formar recurso humano que brinde, no sólo, los cuidados requeridos sino también que proporcionen seguridad al grupo familiar. “En la provincia se observa el crecimiento de un sistema informal de cuidadores de adultos mayores, sin formación o experiencia suficiente en el cuidado, con un costo social y económico que conlleva una carga de trabajo doméstico, desconociendo el impacto sobre calidad de vida del beneficiario”.

El texto prevé que el Ministerio de Desarrollo Social y la SecretarÍa del Adulto Mayor sean los encargados de organizar y realizar cursos de formación y capacitación para cuidadores, de manera periódica.

En tanto, y con el voto negativo del Frente Progresista, el también justicialista Mario Lacava logró media sanción a un proyecto creando centros de día para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad así como de espacios institucionales de atención integral para la contención y la promoción de esa franja etárea en situación de riesgo social.

“Se apunta a generar espacios de contención para aquellos chicos en situación de calle, en conflictos con la ley penal, víctimas de violencia familiar o maltrato y todas aquellas situaciones que signifiquen la vulneración de los derechos garantizados por la Ley de Promoción y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, explicó Lacava.

El legislador aclaró que en la elaboración de este proyecto participaron profesionales, operadores sociales, voluntarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil que hace tiempo trabajan sobre la problemática infanto-juvenil.

 

Red de laboratorios

• Alicia Gutiérrez (SI) propuso y tuvo el apoyo de la Cámara de Diputados al proyecto de adhesión a la ley nacional 26.688 denominada Ley de Investigación y Producción pública de Medicamentos y Bienes Sociales. La norma declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, las materias primas para su elaboración, como así también de sueros, vacunas y productos médicos.

La legisladora señaló que “la elaboración de especialidades medicinales en laboratorios estatales, a partir de principios activos e insumos disponibles en el mercado nacional y extranjero, constituye una apuesta fuerte en el campo de la salud, para el futuro del país. La idea es generar medicamentos a precios más competitivos que sirvan de referencia a los Estados en un mercado dominado por los privados. No sólo significa emprender un auspicioso proceso de sustitución de importaciones, que va a permitir una mayor independencia económica y política de los centros de producción, sino también garantizar a los efectores públicos la provisión de medicamentos de calidad y a bajo precio, al ser reconocidos como bien social que deber ser sustraído de la lógica de la oferta y la demanda”.

En la actualidad, existen en el país 39 establecimientos estatales de investigación y desarrollo de medicamentos. Santa Fe cuenta con el LEM del municipio rosarino y el LIF provincial.

Gutiérrez destacó que sólo 5 de esos laboratorios públicos, entre los que se encuentra el LIF, han conseguido la certificación nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) requerida para que un remedio tenga circulación federal.