De la Cámara de diputados

Videovigilancia en escuelas rurales

El diputado Edgardo Martino presentó un proyecto para colocar cámaras de videovigilancia en los establecimientos educativos rurales, para el control de seguridad de los mismos desde los cascos urbanos.

“En nuestra provincia, existen cientos de escuelas que tienen su sede fuera de los centros urbanos. Estos establecimientos rurales son verdaderos ‘centros de socialización’ en sus áreas de influencia; configurando el espacio en que se reúne la comunidad, el salón en que se celebran las fiestas y un sinnúmero de actividades comunitarias”, explicó Martino.

Estas características generan un vínculo muy particular entre la escuela, la comunidad educativa y los vecinos, que sienten este espacio como propio, y por lo tanto ponen un particular esfuerzo y compromiso en su desarrollo.

Al respecto, el legislador expresó: “Este esfuerzo cooperativo es absolutamente indispensable para garantizar las condiciones de estudio de los alumnos, puesto que, pese a todos los esfuerzos que entendemos se están realizando, al Estado le cuesta mucho más llegar a los profundos rincones del territorio en los que estas escuelas están ubicadas”.

“Causa mucho dolor ver cómo estos edificios, verdaderos monumentos a la participación y la solidaridad son, aprovechando sus condiciones de aislamiento, en muchas ocasiones objeto de robos y diversos actos de vandalismo por parte de manos anónimas que aprovechan el estado de desprotección en que se encuentran producto de su situación geográfica”, indicó el diputado.

 

Para que los policías patrullen seguros

El diputado provincial Héctor Acuña presentó un proyecto de ley (Nº 29.167) que busca brindar a los policías que conducen móviles oficiales una cobertura de la responsabilidad civil que acarrea esta actividad.

“Los responsables de perseguir a los delincuentes en los patrulleros deben abonar de su propio bolsillo tal póliza de seguro, lo cual se trata de una absoluta injusticia para los trabajadores que tienen como función cuidarnos a todos”, expresó Acuña.

En este marco, el legislador dijo que “no se puede seguir permitiendo que el personal deba recurrir a atajos que pueden rozar lo ilegal para hacer frente a la erogación que la reclamada cobertura demanda”, y al mismo tiempo agregó: “Mientras se soluciona esta irregularidad de fondo, a partir de la sanción de esta ley, el gobierno provincial deberá restituir los montos que cada agente gaste en su cobertura de responsabilidad civil, quienes tendrán que acreditar tal gasto con los comprobantes legales pertinentes”.

En el mismo sentido, el diputado concluyó: “Entendemos que la lógica implica que debería ser el gobierno provincial quien se haga cargo de contratar dicha cobertura mediante una licitación pública o algún otro procedimiento que se determine, pero mientras tanto, tal responsabilidad no puede quedar en la órbita personal de cada uniformado”.