Facturas truchas, lavado y la ruta del dinero K

El gobierno admite que ahora investiga a Báez

La investigación judicial en Uruguay sobre el empresario coincide con una declaración sorprendente del titular de la Afip. Ricardo Echegaray busca desvincular a la presidente del multimillonario ex bancario.

De la redacción de El Litoral

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DyN

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, afirmó que “la presidente de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner) no es socia del empresario Lázaro Báez”, durante una conferencia de prensa en la cual se refirió a la emisión de facturas apócrifas y a la investigación que ese organismo realiza (ahora) sobre el empresario kirchnerista (popularmente conocido por obsequiar un mausoleo para los restos del ex presidente Néstor Kirchner).

Eso fue ayer a la tarde. Echegaray volvió a hablar hoy del tema, pero algo cambió: otra vez negó que la jefa del Estado y el empresario bajo sospecha en los tribunales uruguayos “sean socios”, aunque debió admitir con un lacónico “sí” la existencia de algún tipo de relación, ante la interminable lista de negocios comunes entre la familia Kirchner y el empresario.

“No hay sociedad”, dijo Echegaray hoy en diálogo con Radio 10, pero cuando fue consultado sobre si tenían una vinculación comercial, no tuvo más remedio que admitir “sí”, sin agregar más detalles.

Apócrifas

Ayer, Echegaray reconoció que se fiscaliza a la compañía Austral Construcciones como “receptora” de facturas apócrifas. El funcionario confirmó la información que publicó el diario La Nación el sábado 18, en un artículo del periodista Hugo Alconada Mon.

“Tenemos una fiscalización en marcha como receptora”, dijo en conferencia de prensa cuando se lo consultó directamente sobre si el organismo estaba investigando a la empresa Austral Construcciones por presuntas maniobras con facturas apócrifas.

El funcionario incluyó la investigación que involucra a la empresa de Báez dentro del programa de fiscalización general de la Afip, al sostener que al momento hay unas 1.200 empresas y unas 10 mil facturas que están siendo analizadas. A su vez, Echegaray destacó que “los mismos inspectores que iniciaron las denuncias, las terminaron”, descartando que se hubieran producido cambios en la oficina de la Afip en Bahía Blanca, ciudad donde comenzó la denuncia por el uso de facturas apócrifas.

Inmediatamente, el funcionario intentó incluir este estudio dentro de las tareas habituales de la Afip y anunció que será publicada en la web una lista de 1.200 empresas que están siendo fiscalizadas.

Mecanismo

Añadió que este tipo de facturas “nace de necesidades del sector privado y son usufructuadas por el sector privado y terminan en el sector privado”.

Ante la pregunta sobre si “¿es sólo Lázaro Báez o es un mecanismo que aplican planificadores contables en la Argentina?”, el funcionario respondió: “parece ser una mecánica” de elusión empleada por una gran cantidad de empresas, algunas muy reconocidas cuyos nombres serán publicados en la página de la Afip.

Enseguida afirmó que “hay 750 causas de facturas apócrifas y entonces el de Lázaro Báez no sería el único caso a consideración de la Afip” y reveló que “el año pasado la Afip suspendió 358 mil números de Cuit” por este motivo.

Los negocios de Lázaro con la familia Kirchner

Los vínculos entre el empresario Lázaro Báez y la familia Kirchner incluyen varias operaciones comerciales y han sido frecuentemente mencionadas en la prensa nacional. A continuación un resumen.

El Calafate. En la localidad santacruceña, a la que la presidenta ha mencionado como “mi lugar en el Mundo”, Cristina Fernández de Kirchner y Báez comparten como copropietarios, desde hace años, un condominio sobre un terreno de 87.000 metros cuadrados (casi 9 hectáreas).

Río Gallegos I. Son también socios en un complejo de diez departamentos que el empresario construyó en la calle Mitre, de Río Gallegos -a través de un fideicomiso-, junto con Néstor Kirchner, quien consignó esa vinculación en su declaración jurada como presidente.

Río Gallegos II. A ese emprendimiento se sumaron dos grupos de departamentos más. Uno sobre la calle Alvear y otro sobre la calle Mariano Moreno, también en la capital de Santa Cruz.

Río Gallegos III. Este último proyecto se construyó en un terreno de los Kirchner, para luego alquilar esos departamentos y alojar allí a gerentes de sus empresas, con cheques emitidos a nombre del ex presidente.

Viviendas. Las relaciones incluyeron además la compra por parte de Báez de al menos nueve departamentos, casas y terrenos a los Kirchner en sólo un año, que terminaron bajo el dominio de Austral Construcciones, en tanto que la constructora Epelco compró también la casa que Kirchner había adquirido en el centro de Río Gallegos en 2003.

Hoteles. Valle Mitre SA es también de Báez y se encargó de otro rubro: administró Los hoteles de la familia presidencial, a los que alquiló más de 1.100 habitaciones por mes, durante años, sin usar esas reservas, pero generándole ingresos multimillonarios.

Mausoleo. Es público que Lázaro Báez construyó el imponente mausoleo donde se encuentran Los restos del ex presidente Néstor Kirchner. Un regalo del empresario a la familia Kirchner.

Deuda. “En la última declaración jurada que la presidente presentó ante la Oficina Anticorrupción aún figura Báez como uno de sus acreedores. Es por un monto bajo, 12.460 pesos, pero se mantiene así desde hace años, sin sumar intereses ni bajar el monto”, dice en su edición de hoy el diario La Nación, en un informe del periodista Hugo Alconada Mon.

En Montevideo

La diputada del GEN Margarita Stolbizer aseguró hoy que “hay elementos para incriminar no sólo a (Lázaro) Báez y su entorno, sino al propio matrimonio Kirchner”, en las causas que investigan supuesto lavado de dinero del empresario santacruceño.

Stolbizer presentó un escrito ante la jueza en lo Penal especializado en Crimen Organizado de Uruguay, Adriana de los Santos, a cargo de la investigación por el delito de lavado de dinero que involucra a Báez.

Stolbizer incluyó “documentación demostrativa de nuevos vínculos o redes entre éstas y otras radicadas tanto en el extranjero como en nuestro país”.

Se trata de “un informe oficial de la Inspección General de Justicia de la Nación Argentina, dos con la ruta del dinero y las investigaciones que realiza el Ministerio Público Federal de ese país".