entrevista con el presidente del Instituto de Acción Ciudadana, de México

“Santa Fe sufrió un aumento de grupos criminales en su territorio”

Germán de los Santos

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Corresponsalía Rosario

Edgardo Buscaglia es presidente del Instituto de Acción Ciudadana, de México, y uno de los principales especialistas en materia de crimen organizado en América Latina, donde ha colaborado con distintos países en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. En Santa Fe, Buscaglia asesora al Ministerio de Seguridad y al área de Delitos Económicos que dirige Margarita Zabalza. El mexicano no dudó en advertir que “el crimen organizado ve los puntos débiles del sistema y su punta de lanza está en las empresas legales. Ahí, deben incrementarse los controles federales sobre bienes financieros y provinciales sobre los bienes patrimoniales”.

—¿Qué diagnóstico hace del crimen organizado en Santa Fe, fundamentalmente del narcotráfico, que fue lo que más parece haber ganado escala?

—Esta provincia ha sido bendecida por la naturaleza, como por sus recursos naturales, su gente y su espíritu empresarial, pero al mismo tiempo este beneficio conlleva la existencia de una infraestructura de transporte fluvial y terrestre que es muy tentadora para las organizaciones criminales que quieren sacar o traer mercaderías prohibidas a la Argentina. En un marco de delincuencia globalizada, Santa Fe sufrió un aumento de grupos criminales en su territorio, juzgando por la frecuencia de hechos de violencia mafiosa. Los indicios de grandes flujos de dinero que no tienen justificación siguen llegando a ésta como a otras provincias, fundamentalmente Buenos Aires. Los narcotraficantes compran tierras que no pueden justificar. Los controles, en ese marco, de delincuencia globalizada y organizada, no pueden ser débiles. Los países que tienen débiles controles patrimoniales y financieros terminan con corrupción política. Por ejemplo, la ley electoral Argentina hace fácil que el narcotráfico pueda armar una lista.

—¿Usted cree que los controles son débiles en la provincia?

—En Santa Fe, como en todo el país, ocurre que se sufren más estas situaciones porque hay débiles controles a esta delincuencia globalizada. Las empresas criminales son como cualquier compañía legal: establecen su cabeza de playa en los países que les brindan menores costos, y los menores costos de operaciones en la Argentina, para los mafiosos, están dados por la ineficacia de la Justicia y los controles patrimoniales y políticos, que son muy débiles. En Santa Fe, ha habido una reacción de las autoridades, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional. La mayor cantidad de los delitos de la delincuencia organizada internacional es federal. Las provincias deben ayudar pero si el sistema federal no realiza los controles se hace difícil. Si el poder federal no audita a empresas de alto riesgo, o no tiene agentes de inteligencia infiltrados en sitios y organizaciones de alto riesgo, o en los puertos va a ser complicado. La provincia debe ayudar desmantelando los activos no financieros. Lo que hace esta provincia es cumplir con su parte pero la Nación no lo hace. Y para bailar el tango se necesitan dos. La gente va a entender que existe reacción ante el crimen organizado en Santa Fe pero que no ha dado resultados positivos aún debido al ambiente de confrontación política que existe en la Argentina. La confrontación política entre gobiernos y partidos es uno de los principales amigos de la delincuencia organizada. Y estos puntos explican por qué la delincuencia organizada se ha expandido más en Argentina, que en Chile o Uruguay.

—¿Hay despliegue geográfico de los grupos narcos hacia el sur del continente?

—Esto sucede porque hay una aceitada organización de grandes redes empresariales, de empresarios europeos, sudamericanos y africanos. Acá no hay muchos casos de desmantelamiento de estas empresas y redes. Y hay cero sentencia de casos de lavado de dinero. Ya eso es un indicador.

—En Rosario hay 3.800 causas por tenencia de estupefacientes y no hay un solo procesado por lavado de dinero. ¿A quién se persigue? ¿Con los perejiles se puede combatir organizaciones del narcotráfico?

—Es responsabilidad del gobierno federal y de la Justicia federal impulsar esas causas. Lo que sí debe hacer el gobierno de Santa Fe es que una vez que el fiscal federal impulsa una causa por tráfico de droga, los fiscales de la provincia deben desmantelar los bienes no financieros de estas personas ligadas a las mafias. Los jueces y los fiscales no se mueven. Hay mucho miedo. No se quieren meter a investigar los patrimonios porque aparecen “hijos” de políticos involucrados. Los empresarios, los políticos y los pistoleros están vinculados en estos países. Hay corrupción judicial también. Normalmente en todos los casos, hemos examinado 108 países, los políticos, empresarios y narcos están íntimamente relacionados. El gobierno federal tiene que brindar un marco de protección a sus jueces y fiscales en vez de estar hostigando a aquellos que sí investigan. En Argentina, no hay una Justicia independiente, como tampoco la hay en México. Los funcionarios judiciales suelen ser prostituidos por el poder político. El problema de la Argentina pasa por un sistema político fragmentariamente corrompido al más alto nivel. La presidente no explica su patrimonio, funcionarios procesados y los fiscales están presionados.

—¿Qué respuesta debe dar la sociedad, según su visión?

—La sociedad civil argentina ha dado muestras de su activismo en materia de derechos humanos. Ha impulsado a través de presión social el juzgamiento de los militares genocidas. Ahora, tiene que hacer lo mismo para combatir a los políticos mafiosos que se traducen en la muerte y asesinatos de seres queridos. En la medida que eso no ocurra el sistema se come a los jueces honestos.

—¿Qué opinión tiene de las leyes de extinción de dominio? ¿Han funcionado en los países en los que se ha aplicado esta nueva legislación?

—La extinción de dominio ha demostrado su eficacia en el desmantelamiento de los patrimonios de las organizaciones criminales. A partir de lo que se hizo en Colombia se empezó a aplicar en otros países, como en El Salvador y Honduras, y también en México, pero allí fue con otro sentido y no ha funcionado. En Argentina, es un avance importante, como el decomiso ampliado y la extinción de dominio. Pero hay que ver si el diablo también estuvo en los detalles de la ley. Hubo países, como México, que simularon que estaban luchando contra el crimen y estas leyes fueron diseñadas por abogados del cartel de Sinaloa. Esta legislación fue presentada por legisladores corrompidos para su aprobación. Las causales de extinción son muy pocas. Y hacen imposible aplicarla en México. En Colombia, Italia y Estados Unidos ha funcionado bien, donde las causales de extinción son muy amplias. Luego hay que colocar controles a los fiscales para que no abusen de esa ley. El tema es cómo se aplica la normativa. Hubo países que la extinción de dominio se aplicó contra organizaciones no gubernamentales opositoras al gobierno. Colombia extinguió 12 millones de dólares en diez años. Desaparecieron las grandes organizaciones y se armaron cartelitos boutique que no tienen la capacidad de enfrentarse de igual a igual con el Estado. Colombia está lejos de ser el paraíso pero va en el sentido correcto.